El municipio de El Cantón de San Pablo, Chocó, está ubicado a 71 kilómetros de la capital, Quibdó. Un viaje por carretera desde allí hasta el municipio dura cerca de dos horas. Es el pacífico colombiano, rodeado de espesa vegetación, entre la humedad y las lluvias y un paisaje natural único, pareció encontrar el camino en 1994.
En ese año, se separó de Istmina, el municipio vecino, gracias a que sus habitantes se unieron inconformes por su pobreza extrema y necesidades sin respuesta del departamento y el gobierno nacional.
Con una población de 6.116 habitantes y una superficie de 386 kilómetros cuadrados carece de todo. Agua potable, eficaz cobertura y prestación de servicios de salud, educación, energía eléctrica, vías y desarrollo. Pero tendrá Palacio Municipal. Más de 3.322 millones de pesos se gastarán en una obra que deberá estar lista el próximo año.
Una iniciativa promovida por su alcalde Óscar Antonio Palacios, faltando siete días para finalizar el 2021. En esa fecha, la alcaldía publicó el aviso de convocatoria con un cronograma meteórico pues este 2 de febrero se adjudicará el contrato y al día siguiente se firmará.
La justificación de la administración local es que la mayoría de instituciones que brindan servicio a la población, “cumplieron su vida útil, por lo que la población resulta afectada al no poder contar con los servicios adecuadamente”.
Óscar Antonio Palacios, alcalde de San Pablo, Chocó.
También advirtieron que la estructura actual no permite la atención adecuada y que esta es la causa de ineficiencia, atraso y “falta de desarrollo social y cultural de la ciudad”. En otras palabras, según la administración de San Pablo, las carencias del municipio se solucionaran construyendo un nuevo Palacio Municipal.
El interesado en construir el nuevo palacio del alcalde deberá acreditar un equipo de trabajo con cualidades específicas, un pliego, según los expertos, a la medida.
Por ejemplo, el director y el residente de obra deberán ser ingenieros civiles con una experiencia profesional no menor de doce años y haber ejecutado no mínimo si no máximo dos contratos con entidades públicas.
También se contempló que dentro del equipo deberá haber un arquitecto con una experiencia mínima de cuatro años y con dos diseños de obras civiles, un ingeniero civil con experiencia en por lo menos dos proyectos de mejoramiento, ampliación y construcción de obras civiles, un ingeniero sanitario con especialización o magister en hidrología y con una experiencia de ocho años y deberá acreditar tres contratos como contratista principal o asesor.
Además requiere un asesor eléctrico con tres años de experiencia quien deberá a demostrar que fue asesor o contratista principal en un máximo de dos contratos en los últimos cuatro años, un requisito que no se impuso a los demás.
Facsímil de la primera página de la convocatoria para construir el palacio municipal
La obra también exige un trabajador social con dos años de experiencia que la acredite en dos contratos de interventora, construcción o remodelación o adecuación en obra civiles. El proceso de convocatoria está a cargo de William Ferney Hurtado Hurtado, secretario de Planeación de San Pablo.
Con los requisitos impuestos y sin que no fuera una sorpresa para nadie sólo un proponente se presentó la firma Constructores & Asesores MYD SAS, representado legalmente por Maribel Urrutia Martínez quien se desempeñó como secretaria de planeación municipal del municipio Vigía del Fuerte.
Como gerente suplente se designó a Dixon Cetre Mosquera otrora aspirante a Juez Laboral de Pequeñas Causas en Pereira.
Esta empresa está ubicada en Istmina, Chocó fue constituida el 21 de agosto de 2018 mediante documento privado para hacer prácticamente de todo. Desde obras civiles, viviendas de interés social, asesorías jurídicas, hasta alcantarillados, piscinas, logística para eventos, reciclaje entre otras actividades.
Con un capital autorizado de mil millones de pesos y uno suscrito y pagado de $10 millones, esta empresa, en apenas tres años, ya es catalogada como mediana y ha registrado ingresos por $6.042 millones, principalmente por actividades de ingeniería.
Certificado de la Cámara de Comercio de la única empresa que se presentó al proceso
El Cantón de San Pablo pasó de ser un apéndice de Istmina a declarar su independencia en julio de 1994 mediante ordenanza 004 pasó a ser el municipio 21 del departamento.
Con un presupuesto de 200 millones de pesos y una alcaldesa nombrada por el gobernador de turno, la población anclada sobre la Carretera Panamericana que pretendía comunicar el centro del país con el Pacífico y el Puerto de Tribugá inició un sueño hace tres décadas atrás, resolver sus múltiples problemas.
Sin embargo, el avance no ha sido significativo. El Índice de Pobreza Multidimensional que permite medir la carencia que enfrenta una persona al mismo tiempo en cinco dimensiones vivienda, servicios básicos, estándar de vida, educación y empleo y protección social es contundente en este municipio.
Según cifras oficiales de Planeación Nacional, Dane y el propio Plan de Desarrollo del alcalde que prefirió estrenar Palacio Municipal y que curiosamente se denomina “Prosperidad Pa' mi gente”, la pobreza multidimensional alcanza el 97.2%, doce puntos por encima del departamento y 48 puntos del indicador nacional.
El diagnóstico en temas de salud tampoco es el mejor, la tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años en su última estadística en 2017 fue del 36,36%, de esta una de las causas es la enfermedad diarréica aguda con el 97,17% lo que infiere una mala calidad del agua, entre otras causas.
Facsímil de la primera página del informe de evaluación del palacio municipal
La inversión de recursos en salud pública es aún incipiente. $180 millones en 2018 y $161 millones en 2019. Es un pueblo que no está está certificado o en el sistema de salud, la cobertura en el régimen subsidiado la realizan las EPS Barrios Unidos y Comfachocó, ambas bajo la lupa de la Superintendencia de Salud.
Solo 132 habitantes están afiliados al régimen contributivo, el 16% están desafiliados.
En educación las cifras aún son insuficientes. La cobertura neta en educación primaria pasó del 78,5% en 2015 al 62,7 en el 2028. En secundaria la medición del 2018 fue del 38,2 y en educación media apenas es del 19,3.
La cobertura del acueducto en el área urbana decreció, según datos oficiales, del 97,32% en el 2015 al 75,63 en 2018. El servicio es deficiente y con una muy baja potencia esto a pesar de contar con cinco cuencas. En la zona rural el servicio es inexistente al igual que los planes de saneamiento básico.
Una población que durante décadas vivió del polvillo de oro arrastrado por el río, luego en el 2013 los barequeros fueron arrinconados por las dragas y hoy continúan sumidos en la pobreza mientras su alcalde priorizó un palacio en Managru, su cabecera principal de más de 3.000 millones.
*Este artículo fue publicado originalmente el 31 de enero de 2022 con el título "El palacio que se construirá en uno de los pueblos más pobres del país"
