Como respuesta a un trino de ONU Derechos Humanos Colombia, el embajador de Alemania en nuestro país, Peter Ptassek, se preguntaba: “Colombia, qué te está pasando! Tame Arauca, 4 muertos, incluidos dos niñ*s, Balboa Cauca, 4 muertos, ya 32 masacres este año. Desmovilizada Yolima Perez, asesinada. Capitán Andrey Rocha, asesinado. Problema de tierras, narcotráfico, grupos armados ilegales, lo que sea, paren ya!”
El trino de la ONU condenaba la masacre de Las Nubes, Tame, Arauca, en donde además de los cuatro muertos se reportaron cinco heridos. La organización clamaba a los actores armados para que dejaran fuera del conflicto a la población civil. Y llamaba al Estado a garantizar medidas de protección. Como se ve, el embajador alemán reclamó por otros hechos y víctimas de la violencia que enfrenta el país en los meses finales del gobierno Duque.
La pregunta es qué se puede esperar del Estado colombiano con esta administración del Centro Democrático, un partido probadamente enemigo de la paz y la reconciliación entre los colombianos. Un partido con reiterada indiferencia frente a la suerte de las comunidades campesinas, indígenas y negras que habitan en gran parte de los territorios violentados. Un partido ligado impunemente a los desplazamientos y despojos forzados.
La actividad de las bandas criminales de todo orden se ha multiplicado descaradamente durante este gobierno. Hoy reportan las noticias el asesinato de Luis Danilo Agudelo Torres, quien había sido alcalde de Briceño, Antioquia, entre los años 2016 y 2019. Vivía en Medellín y fue a Briceño a visitar su familia. Dos sicarios le quitaron la vida enfrente de una barbería. Había denunciado por desplazamiento forzado a Cabuyo, jefe del grupo residual 36.
Briceño, al norte de Antioquia, al igual que Ituango, su vecino, sufren la presencia extorsiva y criminal de quienes absurdamente se proclaman continuadores de las Farc. Es conocido que los reincorporados que cumplían su palabra en el AETCR de Santa Lucía, en este último municipio, se vieron obligados a salir de allí porque ninguna autoridad militar, policiva o civil podía garantizarles su seguridad. La falta de voluntad política de Duque resulta incontrastable.
De manera lenta, durante su presidencia, amplias regiones del país cayeron en las manos de todos esos grupos. En el corregimiento Nutibara, de Frontino, en lo que se conoce como Occidente de Antioquia, las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia emboscaron con explosivos una patrulla militar, matando seis soldados y dejando heridos a cinco, al tiempo que otro más se halla desaparecido. Se trata del mismo clan del golfo que comandaba Otoniel.
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Los obispos del Pacífico han denunciado que desde Nariño a Urabá las bandas delincuenciales ejercen dominio total, en una sospechosa connivencia con las autoridades militares y civiles
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Todo el mundo sabe, incluida la Fiscalía General de la Nación y los altos mandos de la fuerza pública, que Antioquia, Chocó y Córdoba se encuentran en manos de estos actores armados. De hecho los obispos de la región del Pacífico han denunciado públicamente que desde Nariño a Urabá las bandas delincuenciales ejercen dominio total, en una sospechosa connivencia con las autoridades militares y civiles. Eso es el Centro Democrático, monseñores.
Podríamos mencionar la Sierra Nevada de Santa Marta, a la altura de Ciénaga, en el departamento del Magdalena, en donde actualmente huyen centenares de familias para escapar del fuego cruzado entre las bandas los Pachenca y el mismo clan del Golfo, empeñadas entre sí en una guerra por el dominio territorial. Dos jóvenes campesinos fueron asesinados sin que sus cuerpos pudieran ser recogidos o levantados porque a la comunidad le resultaba imposible.
Igual que en la masacre perpetrada por hombres del grupo residual 10 en Arauca. De acuerdo con las noticias del lugar, los cadáveres fueron trasladados en mulas y otros medios por la comunidad, puesto que los investigadores de la Fiscalía no podían llegar al sector. Cuando por fin el Ejército los transportó en un helicóptero solo hallaron el vehículo baleado. Los autores, pese a los testimonios de los sobrevivientes, expidieron un panfleto negando su responsabilidad.
Y atribuyéndosela al ELN, grupo con el que sostienen una guerra a muerte. La situación en Arauca, el Catatumbo, el Caquetá o el Cauca es similar. A los crímenes sigue una guerra de comunicados en los que se atribuye la autoría de los hechos al grupo contrario, al que a su vez se sindica de trabajar en alianza con los paramilitares, la Policía y el Ejército. Unos y otros grupos alegan como prueba de su dicho que ninguna autoridad enfrenta a la banda contraria.
Lo cual no suena extraño con Duque. ¿O alguien cree que el fiscal o la procuradora uribistas hallarán responsables a los jefes militares por la matanza en Puerto Leguízamo? Colombia lo ve tan claro que los castigará de modo implacable con su voto el 29 de mayo. Ellos lo saben, y por eso fincan sus esperanzas en los escándalos que diariamente intentan armar contra Petro y Francia. De nada van a servirles, el país reclama un cambio y lo conseguirá.
