Hace unas horas escribía un ensayo sobre restitución de tierras y creación de un programa para tal fin con la idea de dar cumplimiento a un punto del acuerdo final firmado en 2016 en La Habana entre del Estado colombiano y el grupo armado. Se elaboraba con fines netamente académicos con miras al derecho administrativo, pero sin el más remoto pensamiento de que horas después, a nombre de los disidentes de las Farc, Iván Márquez, Romaña, el paisa y Jesús Santrich darían la gran noticia a los colombianos y al mundo de retomar la lucha armada. Como colombiano, me siento con la incertidumbre de lo que se vendrá ahora, aunque muchos dirán que era claro que eso sucedería una vez el uribismo ganó las elecciones presidenciales, pues una de sus banderas de campaña fue la destrucción y la no implementación de los acuerdos de paz.
No se puede olvidar que una vez posesionado Iván Duque Márquez y el Congreso de la República se empezaron a ver las “jugaditas” que tenían preparadas para no dar garantías a los acuerdos. Como se recuerda, cuando se aprobó la ley estatutaria de la JEP y tras su paso por el respectivo control constitucional previo, en cabeza del presidente se objetaron seis artículos. Luego de eso el proyecto volvió al Congreso, donde se movieron fichas para conseguir respaldo a las objeciones del presidente. En tiempo récord, la Cámara de Representantes rechazó las objeciones con una mayoría aplastante. Sin embargo, el Senado, que tenía la “última” palabra, dilató el proceso y los debates con jugadas como la declaración de impedimentos con el fin de darle tiempo al ejecutivo de negociar para conseguir más votos a favor de las objeciones. Finalmente se votaron, pero no se llegó a ningún consenso por un tema de matemáticas básicas. Tras esto nuevamente se exhortó a la Corte Constitucional a definir si existía la mayoría necesaria para darle negativa a las objeciones presidenciales de la ley estatutaria, quien dio la última palabra, dando así paso a la JEP. Tras esas maniobras, que para muchos son obvias y para otros son justas, los acuerdos finales tomaron un rumbo más claro, pero por otro lado, así como ha sucedido a lo largo de la historia colombiana, el Estado colombiano con su arsenal tomó poder sobre la población que busca la paz y reclama derecho.
Nuevamente la historia se repite. Colombia extermina a exguerrilleros y líderes sociales. Y aunque el pasado nos enseña que no debemos caer en los mismos errores, al parecer los colombianos no conocemos la trayectoria del país porque siempre estamos en el círculo vicioso de la guerra, la indiferencia y la sangre. Ahora bien, el rearme de esta facción del grupo armado deja ver que nunca quisieron una paz estable y duradera, que su actuar acostumbrado a la rebelión y la ilicitud tarde o temprano los volvería a conducir a las selvas colombianas, que sencillamente se dieron cuentan de que la paz no es la salida para los colombianos y que las clases que siempre han gobernado el país se derrotan con las armas, algo que a mi parecer tampoco ha funcionado en cincuenta años de guerra interna. No obstante, algo muy importante que hay que destacar es la voluntad de las personas que se encuentran respetando los acuerdos y ahora ocupan un lugar en el Estado colombiano con un mínimo de esperanza, como la que tenemos quienes votamos sí en el plebiscito, queremos un país diferente y deseamos que todos los actores del conflicto armado, tanto guerrillas, ejército, paramilitares e incluso empresarios, respondan ante las víctimas con la verdad.
Ante es panorama, como colombiano, quiero hacer un llamado para seguir adelante en la construcción de país. No olvidemos que la paz y el cambio provienen desde nosotros y no desde quienes nos gobiernan.
