Colombia sí es un país muy raro; o por lo menos así debe pensar cualquier extranjero, o incluso cualquier persona que crea que existe una lógica en la forma en que funcionan los países.
Ya era bastante desconcertante que en un certamen plebiscitario donde se debía pronunciar la nación respecto a la búsqueda de la Paz, la mayoría votara en contra.
Después se hace una ‘Consulta Anticorrupcíon’ y ni siquiera una tercera parte de los votantes se pronuncian a favor.
Por supuesto no es que los colombianos estemos en contra de la Paz, ni que defendamos en alguna forma la corrupción.
La explicación posible es que detrás de esas expresiones hay unas mayorías inconformes que rechazan a quienes adelantan esas propuestas o por lo menos la forma en que se las plantean, pretendiendo que la respuesta debe ser demasiado obvia para que no sea respaldada.
Pero no solo estas son características extrañas.
El fiscal anticorrupción detenido por corrupción.
El general de la Policía enjuiciado por montar una empresa criminal.
Un ministro de Hacienda que produce leyes y reformas constitucionales para después resultar siendo el implementador y beneficiario desde el sector privado de las mismas.
Un ministro de Defensa que considera que la protesta social debe reglamentarse y después explica que porque ‘siempre’ detrás de ella está la financiación de las bandas armadas organizadas.
Magistrados de las máximas cortes que venden las sentencias
Extorsiones adelantadas desde las cárceles o intento de ingresar en una sola persona 32 celulares, seguetas, y armas.
¿Quién entiende que sin existir todavía una sentencia
puedan producirse consecuencias derivadas de algo que no existe?
Pero lo que va más allá de ‘aunque usted no lo crea’ y a un ciudadano de cualquier país más puede sorprender es que aparezca un proyecto de reforma Constitucional que obligue que para que una decisión judicial tenga efectos primero tiene que existir la sentencia respectiva firmada por quienes la produjeron. ¿Quién entiende que sin existir todavía una sentencia puedan producirse consecuencias derivadas de algo que no existe?
Ninguna persona pensante puede comprender que existiera la modalidad de trámites judiciales en los cuales un simple ‘comunicado’ pudiera tener carácter vinculante -es decir producir consecuencias jurídicas- sin que existiera texto en el cual quedara el contenido de lo decidido, ni formalmente la firma de los responsables para que le diera vida y vigencia.
Es la versión de una justicia oficial que funciona bajo el ‘fusilen mientras llega la orden’.
El caso más ilustrativo de hasta donde algo así puede desquiciar el orden de un Estado es lo que se está viviendo con lo que llaman el ‘Partido Liberal’ y con su supuesto Director.
Existía una Sentencia en firme desde dos años antes por parte de la máxima autoridad competente -el Consejo de Estado-, ratificada a través de cuatro instancias en sus diferentes etapas y jerarquías; ante esto un Magistrado de la Corte Constitucional, a pesar de estar evidentemente impedido para plantear un ‘recurso de insistencia’ por conflictos de interés en el tema, acude a esa figura; en las manos del mismo Magistrado recae la responsabilidad de concretar lo decidido -a pesar de estar aún más impedido para ser quien define el contenido y el texto del pronunciamiento puesto que fue quien planteó el cuestionamiento al fallo vigente y se vuelve entonces juez y parte-; y ya en su calidad de presidente de la Corte, por medio de un ‘comunicado’ -cuando aún no existe ni siquiera texto en el cual sustentarlo-, deroga las anteriores decisiones judiciales y en la práctica desconoce la institucionalidad jurídica del país; igual o más grave, al desaparecer la vocería legal y legítima del Partido Liberal, quiebra también la estructura política que permite a una Nación considerarse ‘democrática’, ya que para ello su ordenamiento requiere -y por eso garantiza- que las corrientes ideológicas se expresen con modelos y propuestas estructuradas alrededor de unas ‘reglas del juego’ que muestren alternativas verdaderamente representativas de lo que los ciudadanos desean.
Porque Gaviria no defiende una corriente de pensamiento, ni es representante de una parte de la ciudadanía, solo es un ilegitimo e ilegal usurpador de una vocería a la cual no tiene derecho y que solo utiliza para defender sus intereses económicos, de poder político y de asistencia familiar. Esto se manifiesta en que, elección tras elección, los resultados en cabeza del candidato que él designa no llega ni al 4% de la votación; que, en razón de la extorsión que significa la posibilidad de perder el aval, quienes son elegidos en sus listas se ven obligados a someterse a ese espurio poder; y que ha desaparecido del espectro político la representación de centro Izquierda, progresista, socialdemócrata que ocupaba el auténtico e histórico Partido Liberal, y que necesita todo esquema de alternativas democráticas para legitimarse.
Por eso en el país de ‘aunque usted no lo crea’ toca proponer una reforma a la Constitución para que quienes abusan del poder no entren a ejercer una dignidad que no tienen, basándose en el acto ilegal de recurrir a un ‘comunicado’ que da vigencia a una sentencia que no existe.
