Una serie de acontecimientos que han ocurrido desde que se firmó el acuerdo de paz con las Farc permiten afirmar con seguridad que estamos viviendo una nueva situación política que, poco a poco, va tomando forma y contenido en la perspectiva de la apertura democrática que necesita urgentemente este país.
Podríamos empezar por el plebiscito por la paz que, aunque se perdió por escasos 50 mil votos, desató una movilización ciudadana para que se llegaran a ciertos acuerdos y de esta manera evitar que continuara la confrontación de la guerra.
Después vinieron las elecciones para Congreso, donde una fracción significativa de senadores y representantes de izquierda hicieron su aparición como nunca antes lo habían conseguido.
Seguidamente vinieron las presidenciales, en las cuales la izquierda y los sectores democráticos y progresistas sacaron 8 millones de votos en la segunda vuelta, algo nunca antes visto en la historia reciente de este país.
Y ahora con la consulta anticorrupción la ciudadanía se movilizó a las urnas para sacar 12 millones de votos, en un hecho sin precedentes que anuncia un nuevo espíritu cívico y de protesta contra el estado de corrupción en que se está debatiendo el país.
Esta manifestación ciudadana ha obligado al presidente Duque a tener en cuenta a todos los partidos y corrientes de oposición con el fin de concretar un pacto nacional contra la corrupción, para lo cual se reunieron hace 8 días en la Casa de Nariño con el fin de llegar a una agenda legislativa con un paquete de proyectos consensuados contra este flagelo, reunión que infortunadamente dejó por fuera a la presidenta de la Unión Patriótica y senadora de la República, Aída Avella —este fue un olvido inexplicable por parte de la ministra Nancy Patricia Gutiérrez, que queremos creer involuntaria y esperamos que se corrija en el futuro—.
Esta reunión tuvo como nota sobresaliente y novedosa la presencia del presidente del partido de los comunes, y de su senador Carlos Lozada, quienes debutaron en la casa de gobierno en un hecho simbólico que anuncia el tremendo cambio que empieza a darse en las condiciones políticas de este país, y que está anunciando nuevos desarrollos de la apertura democrática que tímidamente empieza a vislumbrarse en la arena política nacional.
Obviamente esta nueva situación no es gratuita, corresponde a la presión política de los 12 millones de votos de la consulta del 26 de agosto, que obligaron al presidente Duque a proceder en consecuencia, empezando a concretar en la práctica su propuesta de pacto por Colombia para poder superar la crisis nacional.
De la reunión salió como conclusión la conformación de una Comisión Técnica Anticorrupción, que se encargará de organizar la redacción y el contenido de los diferentes proyectos de ley presentados por los partidos y movimientos políticos, con el fin de llevar al Congreso un solo paquete que se pueda concretar con mensaje de urgencia, en una reforma que deberá estar lista, aprobada y sancionada a más tardar para el mes de diciembre.
Parece un milagro que esto pueda ocurrir a un año de la dejación de las armas de las Farac, y en contravía de los designios de las corrientes que estaban esperando llegar al gobierno para “hacer trizas” los acuerdos de paz.
Estamos a la expectativa, con renovada esperanza, de que de la Comisión Técnica salgan los proyectos de ley consensuados sobre la lucha contra la corrupción, aunque bien parados sobre la tierra para llamar a responder con la movilización popular y la convergencia ciudadana en caso de que se quieran robar el mandato de los 12 millones de colombianos que votaron contra la corrupción, como pasó con las recomendaciones de la comisión de expertos en la pasada reforma electoral, que hundieron sin pena ni gloria los senadores de Cambio Radical y del Centro Democrático.
Claro que ya el momento político es distinto como para poder hacer y deshacer con la voluntad popular, de tal manera que al gobierno del presidente Duque le toca por obligación de la nueva correlación de fuerzas,acatar el mandato ciudadano, so pena de meterse en un laberinto político sin perspectivas de solución.
Por eso hay que estar prevenidos y expectantes ante los desarrollos de la Comisión Técnica, porque hay fuerzas poderosas que no quieren las reformas que se están necesitando con urgencia, para lo cual no solamente hay que promover un pacto por Colombia contra la corrupción, sino también un gran pacto nacional democrático contra la reforma tributaria que plantea el gobierno a través del ministro Carrasquilla, con la ampliación de la base tributaria para los de menores ingresos, con la desgravación de los grandes capitales, con la ampliación del IVA a todos los productos de la canasta familiar. Lo anterior además de un gran pacto nacional democrático contra la reforma pensional y contra la acción criminal del paramilitarismo, que está acabando con la vida de los luchadores populares.
Tenemos que ser capaces de generar un movimiento y una opinión pública tan poderosa como la manifestada el 26 agosto, traduciendo el descontento generalizado en movilización social unitaria y coordinada, articulando iniciativas del movimiento agrario, indígena, sindical, de los derechos humanos, educadores, estudiantes... en fin, ampliando la base popular de la indignación hacia las acciones de mayor incidencia y fortaleza política.
Tenemos que concretar un gran pacto nacional democrático para la movilización social, articulada con la acción parlamentaria que allane el camino de las elecciones locales y regionales del 2019, con los sectores alternativos enarbolando las banderas de la convergencia y de la unidad, porque, como lo dijo María Jimena Duzán, “El país al que quiere volver Uribe, ya no existe”.
