En la actualidad, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), en la opinión de muchos, es sinónimo de corrupción y pésima administración. Sin embargo, esto no es lo único que se le puede reprochar, pues el PAE evidencia la inexistente voluntad política con la que Santos y ahora Duque enfrentan el hambre y el futuro de nuestros niños y niñas.
Ya en 2014, además de un informe de 700 páginas de la Contraloría, alcaldías y departamentos le advertían a Santos que el PAE estaba desfinanciado. En ese año este programa contaba con un presupuesto promedio por ración de $1.011 pesos (¡!) para un total de 4,3 millones de raciones diarias. En 2019, Iván Duque y su ministra de educación, María Victoria Angulo, con bombos y platillos celebran la cifra histórica de más de $2 billones de pesos para este programa, y una adición de 300.000 beneficiarios, para un total de 5,6 millones.
Con el nuevo presupuesto y número de raciones, $1.900 pesos por ración es el nuevo promedio: un aumento de $300 pesos con respecto al 2018. Sobre esto, el presidente Duque afirma “ojalá podamos cumplir esa meta necesaria, de cruzar el umbral de los 7 millones de niños para el final de nuestro gobierno”. Si para 2022 se mantiene igual el presupuesto fijado para el 2019 y se llega a cruzar ese umbral de 7 millones de raciones, se volverá, a precios de 2014, a los $1.000 pesos por ración, tan duramente criticados (y con justa razón) en el gobierno Santos. Esto no nos permitirá superar hechos como que nueve de cada diez estudiantes escolares en Colombia no cumplen con la frecuencia de consumo frutas y verduras y que ocho de cada diez estudiantes no consumen los lácteos recomendados según las Encuestas Nacionales de Salud Escolar (ENSE).
No obstante, el gobierno Duque no pone el dedo en la llaga de la corrupción. Y es que no ha hecho nada de fondo para mejorar o blindar el sistema de contratación, en el que ocho de cada diez contratos son de contratación directa y, dentro de los pocos contratos de licitación pública, seis de cada siete son con único oferente: negocios para los amigotes, votos para los caciques y “gobernabilidad” para el Palacio de Nariño.
De ahí que el pasado 11 de abril de 2019 fuera condenado a tres años de prisión Germán Trujillo Manrique, el “zar de la comida escolar”, luego de ser hallado culpable de apropiarse de $35.767 millones de pesos, desembolso para alimentar 124.892 estudiantes de 82 municipios de Santander. Además, el 27 de marzo, la Procuraduría abrió investigaciones disciplinarias a Eduardo Ignacio Verano (gobernador de Atlántico) y Edgar Enrique Martínez Romero (gobernador de Sucre) por demoras en la entrega de raciones del PAE, lo que pudo afectar a 122.226 niños y adolescentes beneficiarios. Y, por si no fuera poco, El Espectador documentó allá en 2016 la masiva intoxicación de 300 niños y niñas en 5 instituciones oficiales en Arauca.
Ante esto, desde el equipo de trabajo de la Organización Colombiana de Estudiantes (OCE) hacemos un llamado de alerta frente a este y recientes sucesos como Odebrecht y el carrusel de la construcción de colegios, escándalo que pone en riesgo $2,5 billones de pesos y 30.000 aulas de colegios públicos. Hechos como estos nos llaman a organizarnos y movilizarnos en contra de Duque y su política de atraso. La crisis y el mal gobierno de los mismos con las mismas no deben ser pagadas con el hambre y el futuro de nuestros niños y niñas.
Adenda: los sistemas de alimentación escolar integral y equilibrada como políticas de Estado en países como Japón y Francia deberían ser tenidas en cuenta de cara a resolver estos asuntos. La transparencia, la universalidad y la calidad deben ser ejes cruciales de un nuevo sistema de alimentación escolar colombiano.
