En enero de 2017, 7.000 guerrilleros marcharon desde las entrañas de la selva para agruparse en las 26 zonas veredales. El gobierno tenia el cronograma claro y los recursos para cumplir con el compromiso de adecuar a los guerrilleros para albergarlos. Encontraron unos terraplenes enlodados sin techo ni instalación alguna para pernoctar. Tuvieron que buscar de nuevo refugio bajo los árboles y armar sus propias carpas de campaña. En Abril, cuatro meses después, los guerrilleros permanecían debajo de plásticos negros de bolsas de basura.
El 2 de marzo no había nada construido nada en las zonas veredales. En la foto del 2 de marzo, los guerrilleros en desmovilización pasaban los días acomodando sus caletas construidas con sus propias manos - Foto: Juan José Jaramillo
En los escritorios de los burócratas que habitan las oficinas públicas, en ese momento subalternos del Alto Comisionado para la paz, estaban los planos y diseños de algo que nunca fue: unos asentamientos en las 26 zonas donde las Farc habían librado combates y enterrado guerrilleros durante décadas. Se habían firmado contratos por $53 mil millones millones a través del Fondo Paz en cabeza de María Inés Restrepo, quien ocupó la dirección de esta dependencia de la Presidencia desde su creación en 1997 para asumir las tareas logísticas derivadas de la negociación del Caguán en el gobierno de Andrés Pastrana y en cabeza del Alto Comisionado Victor G. Ricardo.
La firma de estos contratos con estas empresas cuyo común denominador era el de no tener experiencia alguna en el trabajo de logística y construcción fue el último acto de María Inés Restrepo, quien se retiro discretamente a comienzos del 2017 después de haber dejado firmados $53 mil millones de manera directa a cinco empresas que llegaron apadrinadas por el círculo de poder que se creo alrededor de los Acuerdos de La Habana.
Estas son las empresas que no tenían experiencia, y que recibieron los contratos, algunas creadas días antes la firma.
Romart del Llano
Contrato por $ 11.982.959 millones
Luket SAS
Contrato por $ 12.016. 283
Distribuidora Remen CMT SAS
Contrato por $ 10.327.650
Sama Distribuidora y Comercializadora SAS
Contrato $ 10.916.915 millones
JT Soluciones Integrales
Contrato: $ 10.679.141
Para coordinar y supervisar la construcción, ese mismo diciembre, fue nombrado gerente Carlos Córdoba, un funcionario que se estrenó en un oficio para el que, como los contratistas, no tenía experiencia ni poder decisión ni mando. Desde el 4 de enero del 2017 todo fue reclamos y vergüenza del gobierno Santos de cara la comunidad internacional comprometida a fondo en el proceso de paz.
El 31 de enero, el día que los últimos guerrilleros entraron marchando a la zona veredal de Caño Indio, en Tibú, Norte de Santander, ninguno de los 26 espacios estuvo listo.
Guerrillera en su cambuche en Caquetá, zona veredal Agua Bonita el 2 de marzo del 2017 - Foto: Juan José Jaramillo
Los entonces todavía comandantes emprendieron una lucha mediática para denunciar las condiciones en las que les tocó llevar a vivir a la tropa guerrillera: imágenes de los lodazales en que se convertían las carreteras cuando el cielo comenzaba a nublarse; videos de los gusanos saliendo de las lechugas; y duras declaraciones en las que señalaban la incompetencia de Carlos Córdoba. Concluyó esta etapa de la implementación del proceso hasta con la dejación de armas el 27 de junio del 2017 sin que muchas zonas estuvieran habitables.
#NCNoticias | Carne d caballo descompuesta y lechuga con caracoles venenosos llegan en abastecimiento d ZVTN la Colina, Retorno - Guaviare pic.twitter.com/PBJdLPZOPq
— NC Noticias (@NCprensa) 19 de febrero de 2017
Después de un año y dos meses, buena parte de las maltrechas construcciones donde se enterraron o se esfumaron los $53 mil millones, han sido abandonadas ante la ausencia de proyectos productivos que permitieran el trabajo colectivo; abandonadas también por problemas de seguridad por las amenazas de las bandas criminales o los disidentes y porque finalmente nunca detuvieron terminadas para ser habitadas.
