Aunque se produjo el pasado 29 de diciembre, cuando ya el foco de la opinión no estaba puesto sobre el Congreso de la República, la renuncia de Yamil Arana Padaui, representante a la Cámara por Bolívar, no dejó de despertar suspicacias
Algunos de sus amigos sostienen que el joven congresista decidió irse pronto del Capitolio para no inhabilitarse en su aspiración de llegar a la gobernación de su departamento y para iniciar pronto una campaña proselitista que pinta intensa y reñida.
Sin embargo, otros consideran que esa opción parece improbable a juzgar por la realidad política que se vive en su partido, el conservador. A menos que decidiera lanzarse por firmas o por vía de coaliciones, corriendo el riesgo de caer en dobles militancias, Arana enfrenta de entrada un escollo grande. Antes de su dimisión ya estaba cocinado un acuerdo político favorable al nombre de Emeterio Montes, sobrino del cacique William Montes.
Si bien en política no existen acuerdos políticos escritos sobre piedra, el nombre de Montes cuenta con el respaldo de dos de las vertientes conservadores más poderosas de la costa: la que encabeza el propio Montes y la que dirige el excongresista Vicente Blel.
Por eso hay quienes creen que las razones de la renuncia de Arana deben ser buscadas en un expediente de la Corte Suprema de Justicia donde su nombre figura como denunciado por su presunta participación en la desviación de recursos destinados a proyectos aprobados por el OCAD paz.
Si los términos judiciales son estrictos, una de las primeras tareas que deberá cumplir la Sala Instrucción de la Corte sería la de resolver su situación jurídica, ya sea mediante la apertura de un proceso formal, que podría implicar su detención preventiva, o el archivo del sumario por ausencia de méritos.
Según fuentes de la corporación, la primera opción es por ahora la menos descartable por el tipo de evidencias recaudadas hasta hoy. Por eso, en una práctica que ha hecho carrera en los círculos legislativos, Arana preferiría despojarse de su fuero parlamentario para ponerse fuera del alcance de la Corte Suprema y quedar en la órbita de la Fiscalía, donde creería encontrar un margen de maniobra mayor para su defensa.
La indagación abierta sobre su posible injerencia en el arreglo amañado de proyectos que deberían ser ejecutados con recursos destinados al cumplimiento del proceso de paz con las Farc data de julio del año pasado, aunque los trámites procesales han sido poco publicitados.
En calidad de indagados de manera preliminar figuran también otros dirigentes que han hecho carrera en el ámbito parlamentario como Alfredo Ape Cuello, Wadith Manzur y Juan Samy Merheg.
La denuncia que activó la actuación llegó a mediados del año pasado en un correo electrónico firmado por el ciudadano Emiliano Leguizamón, que según abogados de la defensa sería un anónimo. Pero lo cierto es que la Corte ya ha logrado recaudar nuevas propias y ha recibido otras provenientes de los órganos de control.
Las diligencias han implicado hasta ahora la revisión selectiva de varios de los 801 proyectos que estaban aprobados por el OCAD paz cuando las primeras denuncias llegaron a la Corte. Algunos de los alcaldes que están en capacidad de confirmar la indebida intervención de congresistas en la ejecución de millonarios recursos del Fondo para la Paz han vencido su renuencia y temor y han comenzado a entregar información clave a las autoridades judiciales.
Yamil Arana Padaui, de 32 años, es oriundo de Magangué y estuvo desde los 28 en el Congreso. Antes de llegar a la Cámara en 2018 se desempeñaba como contratista en el sector público.
Por hechos relacionados con el que se le investiga hay 26 procesos disciplinarios la Procuraduría, en los cuales figuran como vinculados algunos alcaldes de municipios que en el pasado reciente estuvieron afectados por la influencia de las Farc.
Este año promete ser el de las decisiones de fondo en los campos penal, disciplinario y fiscal.
Le podría interesar: Vicente Blel, un cacique hecho al filo de la ley
