Fernando Castro Caballero fue el primero en sorprenderse cuando fue elegido para reemplazar al magistrado Yesid Reyes Bastidas en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el 2010. Obtuvo una inesperada votación que le permitió derrotar a candidatos con reconocida trayectoria en la rama como Luis González, ex coordinador de la Unidad de justicia y paz de la Fiscalía, Ángela María Buitrago, ex fiscal delegada ante la Corte, quien llevó casos tan complejos como el de los desaparecidos del Palacio de Justicia, y a Iván Velásquez, el magistrado auxiliar que fue uno de los blancos principales de las chuzadas por el Das en cabeza de Maria del Pilar Hurtado en el gobierno de Alvaro Uribe. Un fallo que ahora está en manos de este Magistrado considerado de tendencia Uribista y buen amigo del procurador Alejandro Ordóñez a quien ha tratado desde sus tiempos universitarios en Bucaramanga.
Cuando aspiró a la Corte este abogado santandereano con formación en la Escuela de guerra tenía en su haber una estrecha relación con las fuerzas militares de las que había recibido varias condecoraciones. Dictaba cátedra de derecho penal con énfasis en el fuero militar en la Universidad Militar Nueva Granada, actividad a la que se dedicó una vez terminó la defensa del zar de las esmeraldas Víctor Carranza que tuvo como culminación el haber logrado la libertad del esmeraldero mayor en mayo de 2002. .
Antes de septiembre de 1998 cuando la Fiscalía ordenó la captura de Víctor Carranza, acusado de promover la creación de grupos de autodefensa en los Llanos Orientales y en el Magdalena Medio, el Zar de las esmeraldas parecía uno de los intocables por la justicia. Las múltiples evidencias que lo relacionaban con éstos grupos ilegales, sus relaciones con los hermanos Castaño y su vinculación al secuestro y asesinato en 1997 de dos empleados de su rival Leonidas Vargas, unido a otros delitos soportados en informes de inteligencia de Estados Unidos no bastaron para que la justicia condenara a Carranza y después de cuatro años detenido éste lograra su libertad, de la que gozó hasta el día de su fallecimiento en abril de 2013.
Una tranquilidad judicial que no le llegó gratis. Además de su entramado de relaciones sociales y políticas con dirigentes de alto nivel y de todos los orígenes, Carranza mantuvo siempre un equipo de abogados de muchos quilates. Logró articular para su defensa a ex magistrados de la Corte como Jorge Enrique Valencia y Juan Manuel Torres y a distintos abogados: José Hilario Caicedo, Sandra Ivonne Ramírez, Giovanni Moreno, Jorge Alirio Roa y Fernando Castro Caballero, quien apoyó su defensa entre el 1999 y el 2004. Fue el único proceso que el magistrado Castro Caballero llevó como litigante ante la justicia especializada. Una justicia que aprendió a conocer como la palma de su mano cuando ofició como juez sin rostro entre 1996 y 1999, rol al que renunció para asumir la defensa de Carranza en el momento judicial más crítico de su vida.
Contrario a las versiones del magistrado en las que afirma no haber sido cercano a Carranza, sino simplemente uno más de sus defensores, existe un documento en el que el esmeraldero incluye a Fernando Castro Caballero junto a sus familiares y amigos cercanos en la lista de las personas de confianza que podían visitarlo en su lugar de prisión en Aquimindia, un centro de entrenamiento para los agentes del DAS ubicado sobre la vía a Cota al que entro en agosto de 1999. Allí estaba el hoy magistrado como defensor de primera línea.
Meses antes de la elección de Castro Caballero en la Corte, similares circunstancias frente a Carranza fueron suficiente argumento para que se hundiera la aspiración del ex ministro de defensa Camilo Ospina a ser Fiscal General.
Durante los cuatro años como magistrado, Fernando Castro no ha estado ajeno a los cuestionamientos en los que su pasado cercano a Carranza siempre ha estado presente, así como el relacionamiento con los militares y su controvertida intervención en la solicitud de rebaja de pena al General Jaime Uscateguí por la masacre de Mapiripan, proceso en el que negó una tutela que pedía que se llegara a la verdad de este caso en el que también se pedía investigar a su antiguo cliente Víctor Carranza y por el que el Estado fue condenado en el 2005 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un proceso en que la mano del magistrado Castro Caballero siempre estuvo presente pese a que las víctimas de la masacre alzaron su voz ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pidieron sin éxito su renuncia.
También tuvo a cargo el proceso contra el exsenador Iván Moreno y el carrusel de la contratación de Bogotá, caso en el que sus hermanos Olga Lucia Castro y Orlando Castro, fueron señalados por posibles vinculados a través de relaciones comerciales con Emilio Tapia y los primos Manuel y Guido Nule. Denuncias que en su momento no fueron motivo suficiente para que el magistrado Castro Caballero se declarara impedido.
Lo único cierto, a pesar de todo, es que el magistrado Castro Caballero es el ponente del fallo condenatorio de uno de los casos con mayor impacto político de los últimos tiempos: la responsabilidad de la ex directora del Das María del Pilar Hurtado y del ex secretario de la Presidencia Bernardo Moreno en el espionaje a través de interceptaciones ilegales a magistrados de la Corte, periodistas y dirigentes de la oposición durante el gobierno de Álvaro Uribe. El dictamen final de la Sala Penal cuya voz cantante en este episodio será también el magistrado Castro Caballero que por su condición de presidente de la Sala Penal. Una vez se haya pronunciado la Corte en cualquier sentido entra a jugar la Fiscalía que acusó duramente a la exdirectora del Das, logró ponerla tras las rejas y ahora busca un principio de oportunidad de cuya colaboración depende la situación jurídica de Álvaro Uribe.
