El pasado 19 de enero de 2023, la Corte Suprema de Justicia sacó de los anaqueles del olvido el nombre de Jack Housni Jaller y le imprimió una nueva dinámica, un proceso penal que lo vincula con los delitos de tráfico de influencias de servidor público, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y concierto para delinquir.
Housni, su hermano Ronald, actualmente preso, y su familia impusieron su cacicazgo político en el archipiélago de San Andrés y Providencia después de que Julio Gallardo Archibold les entregó las banderas del liberalismo tras fracasar varias veces en su esfuerzo por volver al Congreso.
Jack Housni ha jugado un papel clave en la formación de Diana Marcela Osorio, cuya habilidad política supera para muchos la de su esposo Daniel Quintero, alcalde de Medellín. Fue Housni quien la llevó en 2015 a los recintos parlamentarios cuando ella tenía apenas 27 años y la convirtió en asesora principal dentro de su unidad legislativa como representante a la Cámara. También fue invitada de honor a su boda el 9 de mayo de 2015, celebrada allí en San Andrés, cuando se casó con Quintero, su primer novio en la época de adolescentes en el barrio Tricentenario de
Medellín.
La reapertura del proceso le viene mal a Jack Housni que intentaba reinventarse políticamente después de que Diana Marcela, en un gesto de lealtad, le abrió el espacio para que el presidente Gustavo Petro aceptara su adhesión en tiempos de campaña. De acuerdo con un auto certificado con la firma de su secretaria Adriana Hernández Aguilar, la Sala de Instrucción de la Corte comenzó por analizar el informe de policía judicial 00022-8324-2022 del primero de noviembre de 2022 que contiene evidencias sobre las conductas en la que presuntamente incurrió el hoy exparlamentario.
Esos vínculos del pasado parecen haberles dado munición a aquellos críticos con los que la primera dama de Medellín se pelea en redes o en la palestra. Con frecuencia comparan el modelo de contratos interadministrativos mediante el cual los Hausni habrían saqueado el Erario sanandresano con el utilizado por su esposo en Medellín para que políticos y particulares privilegiados administren por delegación millones del presupuesto público.
Su beligerancia parece contradecir a integrantes de su equipo de trabajo cuando afirman que a Diana Osorio ese tipo de ataques, que considera de mala fe, le resbalan. Lo que sí es cierto es que los enfrenta con estoicismo y que siempre tiene una explicación para todo.
Invoca su condición de particular cuando le reprochan que en tiempos de campaña se hubiera paseado con Verónica Alcocer, esposa del hoy presidente Gustavo Petro, por sectores de Medellín mientras eran entregados computadores para estudiantes de bajos recursos en sectores marginales. Computadores que eran comprados con recursos oficiales
asignados a programas sociales que ella maneja.
La vuelve a invocar cuando le reprochan como participación indebida en política que hubiera invitado a respaldar a Petro en las urnas, en tiempos en que no ocultaba su intención de aspirar a que su nombre figurara en el tarjetón como fórmula vicepresidencial. Su plan se dañó por causa de los pobres resultados obtenidos por el Pacto Histórico en su consulta interna en la capital antioqueña, pero no destruyó las fibras que ella ayudó a tejer para que su esposo y Petro mantuvieran su famosa alianza de “cambio en primera”.
La única pregunta de fondo que parece haber ignorado es por qué razón, si es particular, tiene a cargo un nutrido equipo de trabajo pagado por el fisco. La pregunta está remarcada en un amplio memorial con el que la Veeduría Todos por Medellín denunció en su momento al alcalde de participación en política.
Eludida hasta el sol de hoy, la pregunta estaba basada en un antecedente jurisprudencial generado por la Corte Constitucional al examinar las atribuciones y limitaciones de una primera dama. En el caso de las esposas de los jefes de Estado el alto tribunal ha dicho que resulta extraño que los empleados públicos de una dependencia adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República tengan como función la de ejercer el apoyo administrativo y la asistencia en las actividades que la primera dama "estime conveniente emprender", ya que sus tareas se circunscriben a algunos asuntos de protocolo y representación.
La Alcaldía paga los equipos de trabajo de la gestora social o primera dama en programas que están bajo su égida: Hecho en Medellín, reducción de embarazos en adolescentes, moda al barrio, Música por la Vida y otros realizados a través de la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín. El desplieguen que le dan a su agenda los medios oficiales de la alcaldía y aquellos que reciben pauta publicitaria del gobierno nacional la perfilan como una mujer con ángel y vocación filantrópica.
No solo incide en la nómina de los funcionarios asignados a sus programas, sino que es considerada el primer filtro de los nombramientos hechos por su esposo. No en vano tiene una lectura impecable del entorno político y sabe bien quién tiene la calidad de alfil y quienes son apenas peones de brega.
Sin que el nepotismo parezca una talanquera, en esa nómina hay personas de su círculo familiar. Entre ellas figura su prima Laura Upegui Vanegas, cuyo cargo está descrito en los registros de contratación pública como Directora Técnica del Municipio de Medellín. Su también primo Juan Carlos Upegui Valencia fue secretario de la No Violencia, despacho creado por ella.
Formación tiene y vena política también. Aparte de haber estudiado en Gran Bretaña y haber sido pasante en la OEA en Washington demostró durante su experiencia como asesora en el Congreso que era capaz de generar acuerdos entre bancadas para promover proyectos de alta filigrana como la reforma al régimen de conflicto de intereses presentado por su entonces jefe Jack Housni. También para dar vitrina a temas que, aunque de antemano se sabía que no prosperarían, podrían calar en el electorado, como el proyecto de acto legislativo con el que el mismo Housni que buscaba el establecimiento de la cadena perpetua en Colombia.
No es extraño que ella haya sido la ingeniera que tendió los puentes para acercar a su esposo a Petro cuando advirtió que el candidato antiuribista tenía futuro. Movió varias fichas, más allá de su amistad con Verónica Alcocer con quien comenzó compartiendo el gusto por el trabajo de los modistas reconocidos como agujas de oro.
Esa vena no es heredada de su padre el coronel (r.) Germán Osorio, ex edecán de Ernesto Samper en la Casa de Nariño y candidato efímero al Congreso por el Movimiento Patria Nueva en 2018. Ella no acepta que sea así, porque se define a sí misma como la orgullosa hija de una madre soltera, Beatriz Elena Vanegas Gallego, que se abrió paso en la vida con el comercio de telas.
A su padre, con quien vivió temporalmente mientras hizo su pasantía en la OEA, no lo menciona en su hoja de vida. Quizá no porque el exoficial se haya visto envuelto en el torbellino del proceso 8.000, sino porque fue una figura ausente a la que alguna vez su madre demandó por inasistencia alimentaria.
Como bien lo dijo alguna vez el propio alcalde, ella no es la mujer que está detrás de él, sino que está a su lado. Pero no pocos dicen que lo objetivo sería afirmar que está adelante. Y que sea ella la que está labrando el futuro político de ambos.
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