Desde que el presidente Reagan de los Estados Unidos y la primera ministra Thatcher de Inglaterra se convirtieron en apóstoles del neoliberalismo y gracias a la dictadura de Pinochet usaron la economía chilena como laboratorio, la política de feriar todas las empresas y servicios del Estado para entregárselas a particulares, especialmente al gran capital industrial y financiero nacional e internacional, venía fraguándose normalmente y aplicada sin anestesia gracias a sus fichas claves en el FMI, el BID, el Banco Mundial y grandes bancos internacionales y nacionales que las volvían programas de gobierno en toda Latinoamérica y el mundo.
Para eso formaron en sus escuelas de negocios a ministros como Carrasquilla, que han vivido en la puerta giratoria de alternar altos cargos entre el sector privado y el público, para hacerles multimillonarios mandados a patrones como el grupo Aval y al PG Morgan, y de paso montar rentables ‘negocitos’ particulares, como los famosos “bonos de agua”, que Carrasquilla cocinó cuando fue ministro de Hacienda durante el primer gobierno de Uribe, y al dejar el cargo, le sirvió para llenar sus cuentas personales, a costa del ‘gota a gota’ de los usureros préstamos a los que su empresa recién creada, sometió a paupérrimos municipios que continúan pagando intereses sin contar el servicio de agua potable para los que se endeudaron.
Cuando en los años 80, el neoliberalismo se volvió religión fundamentalista, desde la Argentina hasta México, todos los bancos, empresas de energía, sus hidroeléctricas y redes de transmisión, al igual que las de telecomunicaciones, las de servicios públicos de acueducto y alcantarillado, de recolección y tratamiento de basuras, de construcción de obras públicas, los hospitales y centros de atención en salud, progresivamente la educación pública, etc., pasaron a manos del sector privado, sin exceptuar la apetitosa tajada que significó el administrar el multimillonario manejo de los recursos de las pensiones, que en Colombia, Porvenir, Futura, el grupo Sura, etc., lo quieren todo para ellos y por eso se proponían acabar silenciosamente a Colpensiones.
Hasta que las revueltas en Ecuador y Chile, de millones de ciudadanos en las calles hastiados de las asfixiantes políticas económicas con las que sus gobiernos someten a la clase media y a los sectores populares, nos hicieron despertar, y entender, que en Colombia, también sufrimos las mismas políticas impuestas por el BM, el FMI, el BID y ahora la OCDE, para que el 1% de la población mundial se quede con más del 50% de las riquezas de este exprimido y contaminado planeta hastiado de los abusos de la plaga de ogros humanos, por el estilo de Mr Trompeta y los Bolsones del aro y demás títeres que los mal gobiernan.
Por eso no es de extrañar la oleada de protestas en innumerables países y más en Colombia, donde además de sufrir las asfixiantes políticas económicas de un gobierno abiertamente neoliberal, sufrimos la política guerrerista y represiva de los sectores ultraconservadores que no han deslindado su alianza con los paramilitares y parapolíticos reciclados, que ayudaron a elegir a Uribe en el 2000, y continúan aliados con sectores enemigos del proceso de paz, incrustados en los altos mandos militares, quienes boicotean el proceso de paz con las Farc, la Reforma Agraria Integral y la Restitución de tierras, e impunemente intentan acabar con los movimientos populares del campo y la ciudad, promoviendo el asesinato selectivo de los líderes, aprovechando el río revuelto de la violencia que les conviene mantener para poder actuar. Eso explica que se demoraran en ocupar los territorios que dejó libre la guerrilla, para en medio de la confusión tirar la piedra y esconder la mano.
Lo cierto es que el derecho a la protesta y al paro lo habían anunciado desde antes las confederaciones unidas, al igual que maestros, estudiantes, campesinos, indígenas y organizaciones políticas que no se sienten representadas por este gobierno y no aguantan que les sigan apretando la soga hasta ahorcarlos.
A pesar de la intensa propaganda del gobierno para desacreditar la jornada de protesta, aliado con los medios de comunicación de poderosos grupos económicos, este jueves 21 la movilización se concretará multitudinariamente en todo el país y principalmente en las grandes ciudades.
Son señas de que la mayoría de la población cada vez se une más para construir una sociedad más justa, equitativa y democrática, donde la economía y el Estado estén al servicio de sus habitantes y no de minorías avarientas que cada vez quieren menos impuestos para aplicárselos al pueblo. El movimiento contra el neoliberalismo. No solo es en Colombia. Chile, Ecuador, Haití y Francia son apenas algunos ejemplos.
