Sin duda alguna, Emilio Tapia se ha convertido de nuevo en la piedra en el zapato no solo para la justicia colombiana sino para los recursos públicos de toda Colombia que provienen claramente de los impuestos de sus habitantes.
Este sujeto no solo evadió la justicia con leguleyadas para evitar cumplir la totalidad de su pena cuando se desató el escándalo del carrusel de la contratación (pues solo pagó 7 años de casa por cárcel basándose y acogiéndose a subrogados penales y vacíos jurídicos existentes para la época, cuando se supone debía pagar 17 años de cárcel), sino que, ahora pretende —con el escándalo de Centros Poblados— que le rebajen su condena y que no sea enviado a la cárcel Modelo de Bogotá, toda vez que peligra su vida por lo que puedan a llegar a hacerle en esta prisión y que, según dice, estará muy lejos de su familia.
El señor Tapia no solo se mofa de la información que posee para dizque colaborar con la justicia, sino que se burla de la misma al solicitar algo que para una persona sin el poder y el dinero no puede acceder.
El solo hecho de que se le permita otra vez una jugadita así confirma que el valor de justicia se perdió y esta seguirá perdiendo su norte por más que los jueces de la república apliquen la ley, puesto que tanta garantía y tantas gabelas ha hecho que se desmorone poco a poco el Estado Social de Derecho que la Constitución en su esencia misma resalta, a 30 años de su creación y promulgación.
Para nadie es un secreto que la corrupción ha desatado un claro caso de desproporcionalidad, puesto que ha tocado esferas que antes se creían intocables. En campaña Iván Duque dijo: "el que la hace, la paga" pero hasta el momento no ha habido alguno que pague por sus errores; todo lo contrario, ha habido constantes reestructuraciones y nombramientos en otros cargos.
Otro pequeño ejemplo es cuando se han anunciado las mociones de censura en el Congreso de la República, pero ninguna de estas ha llegado a buen puerto, es decir, a lograrse e imponerse a cabalidad como una verdadera sanción impuesta que debería ser por parte de la mayoría de los congresistas que se supone representan al pueblo, y no al Gobierno de turno.
Un último ejemplo es el de Tapia por el carrusel de la contratación: se le impuso 17 años de cárcel y terminó pagando 7 dizque por colaborar con la justicia, ¡que injusticia!
