Los hijos de las víctimas del Estado y de la oligarquía colombiana, en general, deben estar sintiendo lo mismo que mi familia y yo, descendientes de Jorge Eliécer Gaitán, con el desafiante y provocador nombramiento de Jorge Rodrigo Tovar, ni más ni menos hijo de Jorge 40, como nuevo coordinador de víctimas del Ministerio del Interior.
La señora Alicia Arango, jefa de esta cartera, ha dicho —a sabiendas de que falta a la verdad— que “los delitos de sangre no se heredan”. ¡Falso! Sí se heredan, cuando el “delito” —según el “establecimiento” — es haber atentado contra la permanencia monopólica de la oligarquía colombiana en el poder, para lo cual han aplicado la política de “sangre y fuego”, para impedir que el “país nacional” les arrebate el gobierno absoluto que han detentado desde que somos república.
Cuando el paramilitar Jorge 40 ejercía el exterminio masivo contra los líderes sociales, las Autodefensas, a las cuales pertenecía, me envió un panfleto amenazante en apoyo del hoy prófugo de la justicia —el psiquiatra Luis Carlos Restrepo— por un escrito que tituló La sangre de Gaitán, donde llamaba a los colombianos a sepultar la memoria de mi padre, porque —según él— mientras el pueblo lo recordara no se acabaría la guerra en Colombia.
Las Autodefensas, que en ese momento incluían a Jorge 40, en dicho panfleto me amenazaban si no renunciaba a la dirección de la Casa-Museo Jorge Eliécer Gaitán, señalando que, de no retirarme de aquel lugar que preserva la memoria de mi padre, asesinarían a mis hijas y mis nietas y nieto, volando ese sitio de memoria histórica.
No necesitaron cumplir su amenaza, porque Alvaro Uribe Vélez, asesorado por Restrepo, a quien nombró Alto Comisionado de Paz, cinco días después de haberse posesionado como presidente de Colombia, me sacó violentamente de la dirección de la Casa-Museo, violando todas las normas administrativas que consagran las leyes colombianas. Como justificación me interpuso 44 demandas penales, fiscales y administrativas, de las cuales fui absuelta en su totalidad. Pero perdí 10 años de mi vida dedicada a demostrar mi inocencia para, finalmente, comprobar judicialmente que todas esas imputaciones eran falsas. Me confiscaron mis archivos personales y los de mi madre —que ya había fallecido—, me incautaron mi biblioteca privada, fotografías, documentos personales y profesionales y todos los elementos de decoración de mi propiedad, que yo había prestado para darle un aspecto estético al Centro Jorge Eliécer Gaitán y a la Casa-Museo y que aún hoy, pasados 18 años, no me han querido restituir.
No contentos con ello, después de ser exonerada de todos los infundios que, a manera de lawfares utilizaron, recientemente optaron por saquear la Casa-Museo, delito contra el cual íbamos a interponer un proceso judicial, político y administrativo, que obligadamente se detuvo cuando comenzó la cuarentena del coronavirus.
Se repetía una vez más, en la historia de Colombia, de manera dramáticamente exacta, lo que determinaron los virreyes españoles contra la memoria de José Antonio Galán, el Comunero, en cuya sentencia a muerte se lee que será “…declarada por infame su descendencia, ocupados todos sus bienes y aplicados al Real Fisco, asolada su casa y sembrada de sal para que de esta manera se dé al olvido su infame nombre y acabe con tan vil persona y su detestable memoria”.
No solo nuestra demanda fue frenada por la pandemia, sino que —¡oh ironía!— una de las instancias a las cuales íbamos a apelar era a la Oficina de Víctimas del Ministerio del Interior, que ahora vemos a cargo del hijo de uno de nuestros victimarios, Jorge 40, de quien su hijo dice que es una víctima política y no un criminal. ¿Qué podemos esperar los descendientes directos de Jorge Eliécer Gaitán y, como tal, víctimas del Estado, si al origen de nuestra victimización están los paramilitares de los cuales hacía parte el padre del jefe de esa oficina?
Le digo a voz en cuello a la ministra Arango: el nombramiento de Jorge Rodrigo Tovar es una revictimización de los descendientes directos de Jorge Eliécer Gaitán.
