"¡El pueblo reclama derechos humanos!", gritó con un megáfono en mano un niño de tan solo 10 años en pleno 2011, cuando el viento estaba a favor de la Primavera árabe. Era Murtaja Qureiris, una de las víctimas más jóvenes hoy día en Arabia Saudí. Este joven, ya hoy con su mayoría de edad, vivió una de las tantas torturas que viven a cada momento jóvenes que han salido a enunciar palabra en nombre de sus derechos: le fue negado el uso de abogados, y le prometieron que si confesaba era puesto en libertad, cosa que nunca se dio. A los 13 años fue capturado, por su grito en defensa, y hasta ahora que cumplió su mayoría de edad, está a portas de cumplir una pena capital: crucifixión y desmembramiento. A diferencia de lo que muchos piensan, la crucifixión en este país significa exponer el cuerpo decapitado para escrutinio público.
Maya Foa, directora de la ONG británica Reprieve afirmó que "Hay otros muchos jóvenes en el corredor de la muerte saudí, con un riesgo inminente de ejecución por ejercitar su derecho a la libertad de expresión. Los socios occidentales del reino deberían exigir justicia para todos ellos". Desafiar a la monarquía saudí, del príncipe heredero Mohamed Bin Salman, desencadena la tortura y asesinato de niños, lo que tiene puesta una alarma internacional por la vulneración grave de la legislación internacional. Ya han sido 6 niños los asesinados en el mes de abril, y casi 37 presos ejecutados en 6 ciudades distintas.
Murtaja creció en una familia de activistas pertenecientes a la minoría Chií, una de las ramas del Islam, quienes han denunciado décadas de marginación; su hermano, al luchar por ello, fue asesinado. Ahora Murtaja está siendo acusado por protestas antigubernamentales, asistir al funeral de su hermano como hereje, posesión de armas de fuego, enredarse en una organización terrorista y arrojar cócteles molotov contra una comisaría. Acusaciones comunes que esta minoría Chií vive a diario; además, también ellos son acusados por espionaje, violencia, terrorirsmo y participación en manifestaciones.
Lynn Maalouf, la directora de investigación de Amnistía Internacional en Oriente Próximo, afirma que la pena de muerte se ha convertido en un arma para aplastar la disidencia política, y ha sido una herramienta como castigo a las manifestaciones antigubernamentales, incluidos los menores. No hay una distinción en las edades para la violación de los derechos fundamentales.
