Después del comunicado de prensa que menciona “Supersalud ordena liquidación de la EPS Coomeva”, vale la pena preguntarse qué hay detrás.
Con la decisión, los 1,2 millones de afiliados serán trasladados por el Ministerio de Salud a EPS receptoras, ¿y cuáles son las receptoras?, otras EPS que se van a quebrar en uno, o dos, o por mucho tres años.
Pero lo grave es todos los atropellos a los derechos fundamentales que esto trae, porque si se revisa más a fondo, durante su funcionamiento en los últimos tres años la EPS Coomeva se radicaron 30.000 tutelas y 193.100 quejas y reclamos por la deficiente prestación de los servicios de salud, con las cuales, como todo en este país, no pasa nada.
Pero el negocio es redondo porque sí pasaron tres años en los cuales terminaron con 1,2 millones de afiliados, de los cuales pagaron para ser afiliados, porque como lo menciona el documento Aseguramiento al sistema general de salud:
“Las personas que tienen capacidad de pago, es decir aquellas vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados, jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de pago, entre los cuales están incluidos, madre comunitaria o sustituta, aprendices en etapa electiva, aprendices en etapa productiva. Por regla general las personas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud a través del Régimen Contributivo tienen la obligación de cotizar igualmente al Régimen de Pensiones y sobre el salario o ingresos por prestación de servicios que devenguen. Estas personas deben hacer un aporte mensual (cotización) a una Entidad Promotora de Salud, para que ésta les garantice la atención en salud a través de las instituciones prestadoras de servicios de salud, conocidas como IPS”.
Por lo tanto, lo que tienen con las EPS es un sitio de recaudo de dinero, el cual nunca se traduce en que los afiliados reciban los servicios adecuados, ya que como también expone el comunicado de prensa: “La EPS ponía en riesgo la atención a población gestante, menores de edad y pacientes con enfermedades de alto costo como cáncer e insuficiencia renal”.
Pero para colmo, como cualquier persona que desee tener empleo legal, tiene que pagar esto; cada vez tienen más afiliados, pero esto no es salud ni se acerca, y para colmo el Gobierno nacional no los llama afilados, sino se inventó la palabra cobertura, porque entre más afilados más cobertura. Son unos cínicos que están matando al pueblo colombiano.
El negocio de recibir ingresos y negar salud es redondito, aunque no solo se queda allí, porque el segundo derecho fundamental que estas empresas niegan es el derecho a un trabajo digno, pues como lo mencione en “Colombia, en esclavitud perpetua”, cuatro características permiten determinar que los trabajos son precarios:
1) Se rigen por contratos por tiempo definido;
2) Generan ingresos insuficientes para la reproducción social;
3) Carecen de una adecuada protección social; y
4) No permiten que el trabajador tenga un adecuado control de los salarios.
¿Y no es acaso esta la manera de contratar a médicas/cos, fisioterapeutas, enfermeras/ros, camilleros/ras, bacteriólogas/os, secretarias/os, terapeutas ocupacionales, recepcionistas y todas las personas que trabaja en estas instituciones? Pero lo peor es que ni estando en estas condiciones los gremios de la salud ni las facultades universitarias hablan de esto, y lo peor es que las mismas investigaciones que hablan de las falencias del sistema están reposando en los anaqueles de las bibliotecas universitarias.
Para colmo, a pesar de estos robos de los derechos fundamentales de los colombianos, el presidente Iván Duque es el gran salvador, porque como termina el comunicado:
“Con Coomeva son ya 12 EPS liquidadas o revocadas totalmente en el periodo del presidente Iván Duque y se cumple así el compromiso de depurar del sistema de salud aquellas aseguradoras que no les prestan a los usuarios servicios con calidad y oportunidad”.
Por lo tanto, el negocio es claro: repartir afiliados, llenar EPS, recaudar y subcontratar y quebrar.
“Te conozco bacalao”, el negocio redondo y a costa de los derechos fundamentales de las personas y, para colmo, convertido en merito presidencial.
