La Resolución 078 de la flamante Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) de junio de 2021 trae más de una sorpresa. La primera es que “aprueba las variables necesarias para calcular los ingresos y cargos asociados con la actividad de distribución de energía eléctrica para el mercado de comercialización atendido por la empresa Air-e SAS ESPD”, con lo cual le abre el paso a la nueva alza de tarifas en el servicio eléctrico de esta empresa, con radio de acción en Atlántico, Magdalena y La Guajira. La 078 desarrolla la 010 de 2020, “por la cual se establece el régimen transitorio especial en materia tarifaria para la Región Caribe”, aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, artículo 318 de la Ley 1955 de 2019.
Es curioso que en la exposición de motivos de esta ley se diga que “en la Costa Caribe las tasas de energía son las más bajas en comparación con las demás regiones del país. Por lo anterior, la solidaridad funciona de mejor manera si uno se ayuda a uno mismo, lo que quiere decir que las tasas deben subir para que esta región también se ayude”. Y fue así como se aprobó el nuevo régimen tarifario para la Costa Atlántica, exprofeso, para incrementar las tarifas eléctricas en estos departamentos por encima de las del resto del país, lo cual fue aprobado por las mayorías del Congreso, con los votos negativos de parlamentarios alternativos.
La Resolución 078 señala en su artículo segundo que “la base regulatoria de activos eléctricos al inicio del periodo tarifario es de $2.44 billones de pesos”. Es el valor de los activos de Electricaribe que recibió de la Superservicios en marzo de 2020 y una de las bases para establecer las tarifas que les cobra a los usuarios. Hay otras dos variables, el plan de inversiones futuras, que cobrara anticipadamente, y las pérdidas eléctricas, que aumentará su porcentaje actual del 13% incorporado al costo unitario del kilovatio hora.
Pero la gran sorpresa es que, en marzo de 2020, según el portal especializado en temas económicos valoraanalitik.com, la empresa Air-e SAS ESPD habría comprado los activos de Electricaribe en Atlántico, Magdalena y La Guajira en $285.000 millones de pesos a la Superservicios, y ahora la Resolución 078 admite que el valor de los activos es de $2,44 billones de pesos. En buen romance, los compró por el 11% de su valor: ¡el negocio del siglo! Y ese valor inflado es la base para el aumento tarifario que lesionará gravemente las condiciones de vida de cinco millones de costeños, por lo que el nuevo embuchado amerita una investigación de los organismos de control.
La paradoja es que en los debates de control político que hicieron el año pasado en la Comisión V del Senado los congresistas Jorge Robledo y José David Name, le preguntaron a la ministra de Minas y Energía del momento, María Fernanda Suárez, en cuánto había vendido el gobierno nacional los activos de Electricaribe a Caribesol (hoy Air-e) y a Caribemar (hoy Afinia-EPM de Medellín). La alta funcionaria respondió que por una ley de la República, la del Plan Nacional de Desarrollo, ya comentada: “el negocio de Electricaribe era un secreto comercial y no se podía dar a conocer”. De ese tamaño es lo que pudo ocurrir tras bambalinas, porque lo cierto es que, con recursos de todos los colombianos, el Estado le ha inyectado a esa empresa más de ocho billones de pesos a fondo perdido desde la intervención de la misma en noviembre de 2016.
Con el cambio de operador eléctrico en la Costa, muchos sectores ciudadanos y expertos en materia energética comentan que de pronto va a resultar peor el remedio que la enfermedad. Parece increíble, pero no se puede descartar. Porque miremos lo que falta de incrementos tarifarios: son como cinco, incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo. El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, expidió el decreto 1231 del 11 de septiembre de 2020 para “asegurar la sostenibilidad de la prestación eficiente del servicio de energía en la Costa Caribe”, con el cual se incrementa el ítem de comercialización y la prima de cartera en el año 2021, según el ministro en “un 4% en el costo unitario del kilovatio hora”, es decir, más del doble de la inflación de 2020, que fue de 1,61%.
La nueva calamidad se suma a otras dos: una, querer imponer el sistema de medición AMI, que no está vigente y que modifica ilegalmente la Ley 142 de 1994, y otra, pretender cobrar la cartera de Electricaribe que supuestamente le deben los usuarios, cuando ni siquiera la han notificado personalmente a nadie y menos han presentado la cesión de cartera, como lo ordena el Código Civil en estos casos. Además, en la resolución de liquidación de Electricaribe, la Superservicios había aclarado que sus deudores no le pueden pagar a nadie distinto a esa empresa, so pena de perder dicho pago.
Ante tantos atropellos, uno encima del otro, crece la indignación de millones de usuarios de la Región Caribe que exigen replantear toda esta política, perjudicial para la ciudadanía pero de contubernio con los nuevos dueños del negocio eléctrico de la Costa.
