El 30 de diciembre de 2013, mientras que todos estaban entretenidos con las fiestas de navidad, un grupo liderado por Jorge Armando Pérez logró lo que se proponía: quedarse con el negocio de las grúas y el manejo de los patios en Bogotá. El negocio —que hoy mueve $26 mil millones— les fue cedido. Estaba manejado por la empresa Ponce de León, propiedad de los hermanos y primos Guido, Manuel y Miguel Nule. Formaba parte del emporio corrupto al que habían logrado hacerse juntos a los negocios del Carrusel de la contratación en Bogotá que terminaron mandándolos a la cárcel y desplomó el entramado de concesiones, construcciones y servicios públicos que manejaban en la capital y en otras ciudades de Colombia.
El afortunado en heredar la mega concesión que desangra a los conductores bogotanos fue la sociedad liderada por Jorge Armando Pérez Vergara, un viejo zorro en licitaciones de movilidad en varias partes del país, que ya había tenido negocios con los Nule, quienes después de 8 años de cárcel y sin devolver la palta que Bogotá perdió, ya están en sus casas.
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Después de que a los corruptos Nule les quitaran la concesión de las grúas y patios, la concesión de las grúas y los patios está en manos de la sociedad que hoy controla el negocio es Grúas y Parqueaderos Bogotá, GyP conformada por dos empresas de la Costa: Mape & Gama Ingeniería y Concimental y de los hermanos bogotanos Mauricio y Javier Duque Corredor, quienes liderados por Jorge Armando Pérez Vergara, no han soltado el negocio que mantiene enfurecida a la gente.
Inicialmente la cesión firmada solo tendría una vigencia de un año. A punta de adiciones prolongaron el contrato hasta el 2017. En ese mismo año el alcalde Enrique Peñalosa abrió nueva licitación para cambiar de operadores y se lo terminaron ganando los mismos que lo tenían desde 2014, con una sola novedad: diferente razón social de la compañía. Pasaron a llamarse Grúas y Parqueaderos Bogotá (GyP Bogotá). Sacaron del camino los demás proponentes y se quedaron de nuevo con la gran torta. El 9 de febrero de 2018 Jorge Armando Pérez como gerente general y representante legal de la concesionaria G & P Bogotá firmó el contrato para manejar el servicio de grúas y los patios hasta 2028.
Los socios de G& P Bogotá se conocen muy bien. Llevan juntos en el negocio de la movilidad de Bogotá desde hace más de ocho años.
La empresa Mape & Gama es de Carlos Alberto Montes Montes, un cordobés de Sahagún, de 34 años, que se ha metido en varios contratos locales en la Costa Atlántica, y quien tiene la mayoría (44%) en la sociedad que hoy manda en las grúas de Bogotá.
La empresa Concimetal, de propiedad de la también cordobesa Maricela Charris Anaya quien también ha estado presente en la contratación pública de Córdoba, con el Sena y el hospital de Montelíbano y otros municipios y tiene el 6% del contrato.
El 50% restante de la sociedad está en poder de los hermanos bogotanos William Mauricio y Javier Andrés Duque Corredor, empresarios muy conocidos en los procesos licitatorios de la Costa Atlántica y de quienes la Procuraduría dijo en 2014 que tenían presuntamente vínculos contractuales con el grupo Nule.
Jorge Armando Pérez, el gerente es sucreño, nacido en Corozal y se las sabe todas del negocio. Ingeniero electrónico de profesión, como representante legal de G & P Bogotá fue quien estructuró la licitación que resultó ganadora. Conoce bien los negocios en las secretarías de movilidad que le han adjudicado otros contratos. Con la empresa Movilidad Futura 2050, integrada por Siemens en unión con la argentina Sutec, de la que Pérez forma parte y representa, se quedaron con el contrato de la semaforización inteligente de Bogotá. Este contrato firmado en 2017 valor de $173 mil millones, le costó el puesto y una inhabilidad por diez años a Juan Pablo Bocarejo, quien era el secretario de movilidad de Enrique Peñalosa, dejando una ola de interrogantes.
Pérez, como representante de la firma argentina Sutec también se quedó con el contrato del cobro de las zonas azules en Manizales, que anualmente recoge unos $6 mil millones. Y también con el de la semaforización en Cúcuta.
G & P Bogotá opera con 123 grúas: 88 para recoger vehículos y quince diseñadas especialmente para alzar motocicletas. El resto las usan para camiones y buses pesados. Ninguna de las grúas es propia. Las vinculan mediante arriendo y las localidades donde más recogen vehículos son Fontibón, Suba y Kennedy. En el patio de Álamos, a donde generalmente llevan los carros inmovilizados, hay espacio para 3223 vehículos.
El negocio de las grúas y los patios se paga por vehículo levantado y guardado y el procedimiento tiene que estar acompañado por la policía de tránsito y transporte, que es la encargada de poner el comparendo y ordenar la inmovilización. Del valor que pague el propietario del vehículo inmovilizado, el 82% es para la concesionaria y el 18% restante para el Distrito.
Por cada carro que las grúas levanten y lleven a los patios la empresa GyP recibe en promedio $500 mil ($150 mil del servicio de la grúa y $350 del valor del parqueadero en los patios). Sumando el valor del comparendo que impone la policía de tránsito, que promedia los $400 mil, cada conductor paga cerca de un millón de pesos cuando su vehículo se lo recoge una de las grúas de GyP.
Es un negocio que mueve en promedio, unos $26 mil millones al año. En Bogotá ruedan cerca de 2.4 millones de carros. Mensualmente las grúas levantan y llevan a los patios unos 8 mil. La mayoría se los llevan sigilosamente cuando los encuentran mal parqueados en las calles.
A esto debe sumarse el tema de los patios, en donde se quedan muchos carros, termina siendo un cementerio. Algunos se quedan porque las deudas que sus dueños tienen con el Estados son difíciles de pagar y otro porque están inmersos en procesos judiciales que duran por años. En este momento hay alrededor de 10 vehículos que llevan más de un año pudriéndose en los patios del Distrito.
Mientras la empresa de los 3 monterianos y dos bogotanos manejada por Jorge Armando Pérez Vergara hace fiesta cada vez que un guarda de transito inmoviliza un vehículo y ordena su traslado a los patios, los más de 2 millones de conductores que se mueven diariamente por la ciudad los maldicen y ven en esta práctica no una actuación policiva pedagógica sino lo que es: un negocio! Y detrás de este una gran ganadora: G & P Bogotá.