En julio de 2021, un episodio tiñó de sangre a Haití. Un escuadrón de mercenarios colombianos entró en la mitad de la noche a la casa presidencial y asesinó a Jovenel Moise, mandatario de ese país.
Más de dos años después, el capitán retirado del ejército colombiano, Germán Rivera, quien oficiaba como uno de los líderes del comando de mercenarios, se declaró culpable. La justicia de los Estados Unidos lo señaló de ser el cerebro de una operación que integró a 28 hombres para irrumpir en la casa presidencial haitiana.
Del total de mercenarios reclutados, 26 eran colombianos. A Moise lo mataron con sevicia. Le dispararon 12 veces. Según una investigación del New York Times, el asesinato se habría perpetrado por la decisión del Presidente de extraditar a Estados Unidos a una lista de personas vinculadas al narcotráfico.
La participación de 24 colombianos en este magnicidio abrió la polémica. En su momento, en una entrevista con la W Radio, la esposa de Francisco Eladio Uribe, uno de los mercenarios colombianos contó cómo su esposo había sido reclutado.
Según su versión, un hombre del que sólo se sabía su apellido, Capador, lo había contratado en Chiquinquirá. “A ellos no les dijeron para dónde se los iban a llevar exactamente, que para donde los necesitaran y que era una oportunidad laboral con una agencia para cuidar familias de jeques en el Medio Oriente”.
El sueldo que le ofrecieron a Francisco Eladio Uribe, quien se había retirado del Ejército desde 2019, era de 2.600 dólares mensuales y la esposa mencionó solo las siglas de la empresa CTU.
Desde que ocurrió el magnicidio, muchos nacionales han afirmado que los mercenarios se han convertido en un “producto de exportación” de Colombia en las últimas décadas. Legalmente, el entrenamiento de este tipo de personas no es un delito y el Estado tampoco ha suscrito la Convención de Naciones Unidas contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios.
En consecuencia, la Fiscalía General de la Nación, al parecer, no tiene competencia para investigar esta actividad que históricamente ha sido vista por militares retirados como una ventana de oportunidad económica y formar comandos de combate se ha convertido en una opción para muchos de ellos.
Al respecto, cabe recordar la eficacia de los equipos de mercenarios colombianos reclutados para trabajar por la firma privada estadounidense Blackwater en Irak durante 2006. Su fama se extendió por todo el Medio Oriente. Hubo participación de militares en la invasión iraquí, en Siria y Afganistán y decenas de colombianos han luchado por años contra la expansión de Al Qaeda, los Talibanes o el Estado Islámico.
Ser parte de un batallón en Dubái o prestar la seguridad a un Jeque o un millonario en Emiratos Árabes fue el sueño de miles de colombianos y todavía existen muchas vías para hacerlo.
En redes sociales, son varias las plataformas en las que se comparten las convocatorias para incorporación de colombianos en las fuerzas comando de mercenarios alrededor del mundo. Una firma que se hace llamar Thor, se enfoca en el reclutamiento de soldados, suboficiales y oficiales de las Fuerzas Militares, entre 25 y 45 años de edad, que quieran prestar servicios de seguridad en el exterior con salarios en dólares y euros.
Desde febrero de 2022, cuando estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, los mercenarios colombianos han encontrado una nueva fuente de trabajo. Se afirma que son cerca de 300 militares retirados nacionales los que están combatiendo. Algunos han afirmado, a través de videos, el maltrato que viven en manos de los oficiales ucranianos. Sin embargo, para otros, es más peligroso vivir en Colombia, un país con una guerra interna de sesenta años, en donde le pueden pegar una puñalada a un transeúnte por quitarle, que en una confrontación internacional.
