Como si descubrieran el agua tibia, los opositores al acto legislativo sobre Jurisdicción Especial para la Paz que se adelante en estos momentos en el Congreso de la República, se rasgan las vestiduras porque contiene previsiones de carácter extraordinario, nunca antes contempladas por la legislación colombiana.
El acto legislativo que se cumple de acuerdo con el procedimiento abreviado del fast track, es presentado por sus contradictores como una especie de truculencia con la que el gobierno nacional, coligado con las Farc, pretende burlar al poder judicial y al ministerio público, pilares institucionales del régimen democrático y la justicia que imperan en el país.
Cabe recordarles, por si su memoria es tan fugaz, o su ceguera tan manifiesta, que de lo que se trata es simplemente de elevar a normas jurídicas de orden constitucional y legal lo que las Farc-EP y el gobierno nacional acordaron en materia de víctimas y justicia tras varios años de difíciles discusiones en La Habana, asunto conocido sobradamente por el país y el mundo.
Es como si algunos funcionarios oficiales de alto rango o los congresistas de la ultraderecha jamás se hubieran enterado de los debates en la Mesa de Conversaciones. Tras haber llegado a acuerdos en los temas de Reforma Rural Integral, Participación Democrática y Solución al problema de las drogas ilícitas, las partes se encontraron enfrascadas en el complejo dilema sobre víctimas.
Al tiempo que estas eran oídas en La Habana, toda la nación pontificó de uno y otro modo, sin que las partes en la Mesa pudieran hallar solución a las posiciones enfrentadas. Hasta cuando surgió la idea de la subcomisión jurídica. Cada parte designó tres juristas reconocidos con la misión de elaborar una fórmula viable que permitiera seguir adelante el proceso.
Para ello se requería tomar como base las normas constitucionales colombianas, los principios de la jurisprudencia nacional e internacional, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional. Así se hizo. El resultado al que se llegó al fin, despertó el respeto y aplauso de los especialistas más avezados.
Una vez presentado dicho acuerdo a la Mesa, el gobierno nacional hizo todavía cuanto le fue posible por hacerlo más drástico. Nadie olvida que tras la firma pública del acuerdo en el Palacio de Convenciones de La Habana, el 23 de septiembre de 2015, ante personalidades y presidentes de todo el mundo, el gobierno se retractó y hubo que volver a discutir el tema.
Que solamente se selló en diciembre del mismo año, cuando por fin se dio la posibilidad de abordar con toda seriedad y seguridad el punto del fin del conflicto. Pese a ello, después de la firma del Acuerdo Final de Cartagena y solucionado el entuerto del fallido plebiscito, tras llegar a un nuevo Acuerdo en La Habana, el gobierno insistió en reformarlo nuevamente.
Y solo a unas horas de la firma del Acuerdo Definitivo en el Teatro Colón de Bogotá, se consiguió cerrar para siempre el debate. Lo firmado por Timoleón Jiménez y el Presidente Santos fue la última palabra al respecto. El compromiso oficial del presidente de la República como jefe de gobierno y de Estado, fue convertir lo pactado en normas jurídicas e implementarlo fielmente.
Es lo que ahora se busca en el poder legislativo. Resulta lastimoso que algunos congresistas y funcionarios salgan ahora con teorías absurdas que únicamente revelan su enorme ignorancia no solo con relación al proceso de paz y los acuerdos, sino en cuestiones todavía más sorprendentes como las realidades históricas del conflicto colombiano de más de medio siglo.
Tesis como la de que la JEP es una justicia paralela,
de carácter soberano y ajena por completo a la influencia
de las cortes, tribunales, fiscales y jueces tradicionales, se caen por su propio peso
Tesis como la de que la Jurisdicción Especial para la Paz es una justicia paralela, de carácter soberano y ajena por completo a la influencia de las cortes, tribunales, fiscales y jueces tradicionales, con la cual se pretende elevarla a la condición de herejía inadmisible, se caen por su propio peso. El fin del conflicto colombiano así lo exigía y no podía ser de otro modo.
La jurisdicción que se ocupe de los hechos punibles cometidos por todos los involucrados en el conflicto armado colombiano tiene que ser absolutamente imparcial, cuestión que no sería garantizada de ningún modo si la justicia tradicional del Estado que inició la guerra y se ocupó de perseguir con saña la insurgencia, fuera la misma que se encargara ahora del asunto.
Más cuando esa justicia es calificada como politizada y corrupta por la misma ultraderecha. ¿Qué garantías reales confirió la intervención de la Procuraduría General de la Nación en todos los procesos en los que las víctimas de los crímenes de Estado fueron burladas por los fallos judiciales una y otra vez? Los índices de impunidad de esa justicia son asombrosos. ¿Lo olvidaron acaso?
¿Y acaso no fueron la falta de democracia y la negación de justicia las causas del conflicto?
