El atractivo de Playa Blanca, un balneario ubicado en la zona noroeste de Cartagena, y su potencial es indiscutible. Sin embargo, el abuso a los locales y turistas nacionales y extranjeros por parte de los nativos (y no nativos) ha sido ampliamente documentado. Peor aún, en los últimos meses, se han reportado múltiples casos de accidentes; dos, lamentablemente, con resultados fatales: una joven barranquillera durante el mes de noviembre de 2019 y un desaparecido como resultado del volcamiento de una embarcación durante este mes de enero de 2020). La situación no puede ser peor.
Después de un consejo de seguridad, en donde participaron el alcalde de Cartagena (William Dau), el secretario del Interior (David Múnera), la oficina de Gestión de Riesgos y la Capitanía de Puertos, se tomó la decisión de cerrar Playa Blanca por dos semanas. Luego de dicha decisión, los comentarios en contra no se han hecho esperar. El más común es uno que siempre se ha utilizado: “atenta contra los ingresos de los nativos”. No es que el argumento no sea válido, si no que el interés particular nunca puede estar por encima del general; especialmente, cuando lo que está en riesgo es el medio ambiente (Arts. 58, 79, 80 y 95 de la Constitución Política Colombiana, Ley 23 de 1973 y el Art. 1 del Decreto 2811 de 1974).
Es importante anotar que no se trata solo de los accidentes y continuos abusos que, irónicamente, esos mismos nativos generan por su incapacidad de autorregularse, independientemente de la necesaria intervención/participación de las entidades involucradas (Dimar, Parques Nacionales Naturales de Colombia, Alcaldía de Cartagena, Cardique, Corpoturismo, Capitanía de Puerto, etc.), directa o indirectamente, en este tema de la regulación y planeación. Se trata de que, ambientalmente hablando, el principal aspecto a ser tomado en cuenta debería ser el impacto antrópico en Playa Blanca, ya que, actualmente, (a) la forma de hacer turismo no es ambientalmente sostenible y (b) paradójicamente, los ecosistemas de esa zona y los servicios es parte del atractivo de la zona. Degradar estos ecosistemas sería hacerse el harakiri.
Durante el encargo de Sergio Londoño, luego de un exhaustivo trabajo de varios meses de la alcaldía y otros participantes/actores, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente) expide la Resolución 0774 del 10 de mayo de 2018, por la cual se impone medida preventiva de cierre temporal del sector norte de la unidad de playa denominada Playa Blanca-Isla Barú, Cartagena, y se adoptan otras determinaciones. En la resolución, se estableció (a) el cierre desde el 01 de mayo hasta el 30 de noviembre de 2018 para garantizar el periodo de anidación de la tortuga Carey y (b) las zonas de cierre y anidación de la tortuga Carey (en la Fig 1, el área roja es la zona de cierre y la amarilla es la zona de anidación). La decisión estuvo sustentada en resultados de reportes técnicos realizados en donde se evaluaron, entre otros, capacidad de carga turística y el deterioro de la calidad del ecosistema. Infortunadamente, durante el cambio de administración, Quinto Guerra decide suspender el cierre. ¡Craso error que hoy lamenta Cartagena!
Fig 1. Zonas de cierre y anidación establecidas en Res. 0774 de 2018 (Fuente: adaptado de Google Earth)
Con respecto al cierre durante las dos semanas, Sergio Londoño afirma: (1) cierre temporal es un acierto; (2) debemos estar preparados para que dure más de dos semanas (en tal caso se podría ofrecer capacitaciones en turismo y labores de guardas ambientales a nativos censados); (3) aprovechar el cierre para: (a) valorar el estado de los corales y anidamiento de tortugas, (b) instalar boyas, (c ) revisar condiciones de salubridad pública en los establecimientos y (d) recuperar espacio público invadido.
Lo cierto es que el alcalde William Dau no puede darse el lujo de cometer el mismo error de Quinto Guerra. Ya basta de argumentos falaces y mezquinos por parte de varios sectores de la ciudad para torpedear el proceso. Los servicios ecosistémicos son incalculables y no son perennes, infortunadamente. Debe aprovecharse la coyuntura para hacer uso de la Res. 0774 de 2018 de MinAmbiente como punto de partida para establecer una línea base que permita implementar una temporada de cierre anual (por ejemplo, como se hace en Caño Cristales y el Parque Tayrona), basados en argumentos técnicos, de tal manera que se permita la recuperación del ecosistema.
Este es el momento de una solución de fondo y con responsabilidad. Cerrar Playa Blanca y no lograr nada sería lo peor que pudiese pasar.
