Esta es una historia doblemente triste para Bogotá. El Museo Nacional de la Memoria es un producto de La Ley 1448 del 2011, más conocida como la Ley de Víctimas. Esta ley le otorgó al Centro Nacional de Memoria Histórica (también creado por la misma Ley) la función de “diseñar, crear y administrar un Museo de la Memoria”, destinado nada menos que a lograr el fortalecimiento de la memoria colectiva acerca de los hechos desarrollados en la historia reciente de la violencia en Colombia. Este museo, según la ley, “debe realizar las acciones tendientes a restablecer la dignidad de las víctimas y difundir la verdad sobre lo sucedido”.
En un país plagado de víctimas y de dolor, un museo destinado a reparar la verdad que merecen las víctimas y la sociedad en su conjunto suena atinado. Por eso, el Centro de Memoria emprendió desde el 2012 las gestiones para su construcción física e inmaterial. Luego de un amplio debate sobre cuál debería ser la localización de este importante espacio para la memoria nacional, se decidió que su sede se construiría en la ciudad de Bogotá, y durante la administración de Gustavo Petro, se le hizo entrega al Centro de Memoria del lote del Ala Solar, un lote de privilegio, pero profundamente descuidado, producto de la desafortunada troncal de TransMilenio por la 26 en el que se encuentra la desvalijada escultura Ala Solar.
Adicionalmente, para apalancar este proyecto, se expidió el Decreto 632 de 2014 que adoptó el Proyecto de Diseño Urbano Eje de la Paz y la Memoria. Ese proyecto pretendía integrar y potenciar varios conjuntos monumentales sobre la Calle 26 entre Monserrate y la Avenida Ciudad de Quito. Era un decreto de talante más simbólico, pero igualmente le daba sustento jurídico a la implantación del museo y formulaba la interesante idea de eventualmente consolidar la 26 como un eje (tal vez un parque) de la memoria, promoviendo así una renovación urbana de calidad en este mal desarrollado espacio del centro geográfico de la ciudad.
Con el lote definido, el Centro de Memoria inició el proceso de diseño y gestión de los recursos para el Museo de la Memoria. Se realizó un concurso de arquitectura internacional al que se presentaron 72 proponentes, y al estudio ganador se le adjudicó un contrato de diseño por 3.200 millones de pesos. Simultáneamente, en el 2016 se realizó la gestión financiera para obtener los recursos para la obra. Durante el 2017, mediante el Conpes 3909 Planeación Nacional se comprometía con la financiación de la obra, y a nivel distrital se adoptaba el plan para la localización del museo de acuerdo a los diseños definitivos. Mejor dicho, el Museo Nacional de la Memoria avanzaba inexorablemente gracias a una insospechada armonía administrativa entre los gobiernos de la Bogotá Humana, la Bogotá Mejor para Todos y el gobierno nacional.
Sin embargo, en el 2018, con el ascenso del presidente Duque, el tren del Museo de la Memoria se descarriló. El nombramiento del director del Centro de Memoria contó con resistencia por parte de distintos actores y colectivos de víctimas por su postura revisionista y de negación del conflicto en Colombia. Eso ya era un indicador del manejo desbalanceado de una entidad que debe estudiar la evolución del conflicto colombiano, darle voz a sus víctimas, custodiar la memoria nacional, y para el caso que nos ocupa, liderar incansablemente la construcción del Museo de la Memoria, casi nada.
Como reza el adagio popular, desde el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo. Los bandazos en el nombramiento del director del Centro de Memoria evidenciaban la postura despreocupada del gobierno con respecto a los temas de víctimas y memoria. Con el regreso del uribismo más recalcitrante al poder, los proyectos consagrados a la construcción de una memoria de la guerra y a la reivindicación de las víctimas iban a sucumbir ante la hegemonía de un gobierno y un bloque político escéptico a estos temas. Una evidencia de este fenómeno es que el Museo Nacional de la Memoria parece haber desaparecido del radar. Las vallas instaladas en el lote del Ala Solar, en las que se leía que la construcción comenzaría en 2017, fueron sigilosamente desinstaladas y en la portal web del CNMH no se registra ningún avance en el capítulo del “Día a día de la obra” desde diciembre de 2017.
El diseñador del proyecto, el arquitecto Felipe González-Pacheco dijo en su momento que el futuro del Museo Nacional estaría fatalmente ligado a la voluntad de quien ganara las presidenciales del 2018. Entonces, no es descabellado pensar que la postura ideológica del actual gobierno nacional está bloqueando la continuidad del Museo Nacional de la Memoria. Claramente, un museo cuyo objetivo consiste en restablecer la dignidad de las víctimas y difundir la verdad sobre lo sucedido se presenta como un disparo en el pie para un gobierno que se resiste a reconocer que en Colombia existió un conflicto, que rechaza el proceso de paz firmado, que insiste en la política de la guerra y que exalta a ultranza a las Fuerzas Militares, las cuales como en el caso de los Falsos Positivos, han contribuido desafortunadamente en la configuración de la violencia y a la victimización de muchos colombianos. Lógicamente, el museo se convertiría en un monumento que señalaría permanentemente las verdades del conflicto, de las víctimas y de la nefasta participación de los gobiernos, de los políticos y de los militares en su perpetuación. Algo demasiado incómodo, particularmente para el gobierno actual. Por tal razón, discretamente las gestiones para la promoción y construcción del museo han cesado de una manera casi indolente.
Esta interrupción claramente nos afecta a todos los colombianos, porque primero se desechan años de gestión y de promoción del museo, que se han financiado con recursos públicos, por ejemplo, solo en los diseños que ya no se utilizarían se realizó una inversión que excede los cuatro mil millones de pesos. Plata que perderíamos todos los colombianos si no se logra el objetivo mínimo de dar inicio a las obras. Además, la ciudad desaprovecha la oportunidad de generar un proyecto de renovación urbana que desarrolle y potencie este abandonado polígono del centro de la ciudad. El país en general se ve enfrentado a resignar, a perder un espacio planeado para la cultura y la promoción de la paz. Un perjuicio que los bogotanos no debemos aceptar.
En la convulsionada y mediatizada agenda política de la ciudad que se ensaña con los mismos tres temas de siempre, la pérdida del Museo de la Memoria ha pasado de agache. Una verdadera lástima, porque un hito arquitectónico, un enclave cultural, una oportunidad de renovación urbana, un monumento a la memoria, la reivindicación oportuna de las víctimas, todo ha sido desechado y olvidado. Lo preocupante es que todos los actores políticos apostados en Bogotá, concejales, representantes, senadores, y candidatos a la alcaldía, inmersos en los mismos tres temas de siempre, son ajenos a este detrimento y hasta el momento no se ha elevado una voz para reclamar la continuidad y la defensa de este proyecto que al día de hoy, costosa y silenciosamente nos ha sido arrebatado.
