Hoy en Colombia la gobernabilidad, o sea la capacidad de las instituciones para operar de acuerdo con la ley, depende de la Corte Constitucional. Es como el fiel de la balanza en medio de desorden legislativo y las audaces propuestas gubernamentales. Una institución tan respetable que ningún presidente de la República, a pesar de sus inmensos poderes, y ningún Congreso, a pesar de su función natural de cambiar las leyes, se han atrevido a desafiar.
Su prueba de fuego fue la reforma constitucional aprobada por el legislativo por la cual se autorizó la segunda reelección de Álvaro Uribe, presidente en ejercicio que ya llevaba ocho años en el poder. Y eso que había autorizado la primera. Pero la segunda rompía todo el andamiaje institucional y hacia trizas el equilibrio de poderes. La corte en un momento de casi absoluto control político del régimen dijo no. No se rompió una sola vitrina en todo el país y todo el mundo, incluyendo al final el propio presidente Uribe que califico aquello como el mayor error de su carrera, respiró aliviado.
Es una respetabilidad que se ha ganado a pulso. Ha ido construyendo a través de los tres decenios de su existencia luego de su creación en la Constitución de 1991, un sólido cuerpo doctrinal respetado nacional e internacionalmente, siempre de acuerdo con el carácter garantista de la Constitución cuya guarda se le ha confiado.
Ese carácter de última instancia respetabilísima, es lo que lleva al actual gobierno, como ha sido el caso de todos los anteriores, a acatar sus fallos, aunque afecten sus políticas, como en el reciente asunto del reconocimiento de las regalías de las compañías petroleras como deducibles del impuesto de renta, cuya no deducibilidad iba a ser una fuente importante de recursos adicionales para financiar las iniciativas sociales del gobierno. En realidad, las regalías no entran como activo al patrimonio de las petroleras, sino que son del gobierno como parte del contrato de exploración, así que no tendría mucho sentido pagar impuestos sobre ellas.
Ese carácter de última instancia respetabilísima, es lo que lleva al actual gobierno, como ha sido el caso de todos los anteriores, a acatar sus fallos, aunque afecten sus políticas
El gobierno aceptó el fallo adverso que lo obliga a reajustar en materia grave las nóminas oficiales, pero su aceptación del fallo representa un valor mucho mayor en el mercado de la inversión extranjera porque da seguridad jurídica a los contratos, sin la cual estos no existirían. En el gobierno pasado la Corte declaró inconstitucional la contribución extraordinaria que se impuso a los altos salarios oficiales y a las altas pensiones, para ayudar a financiar los gastos de la pandemia, que era en el fondo un impuesto creado por el gobierno, que no tiene facultades para ello. Un ejemplo que se trae a cuento para decir que el rigor jurídico va para todo le mudo.
Y acaba de decir la Corte, al declarar la constitucionalidad de una norma tan compleja como es la de la Paz Total, que el gobierno tiene el derecho a buscarla y a establecer los mecanismos para ello, pero que en cuanto a las personas privadas de la libertad debe haber una ley del Congreso que las habilite a participar en el proceso. Es decir que el ejecutivo no puede invadir la órbita de los jueces que son los que condenan, absuelven o liberan.
Lo que está garantizando la Corte Constitucional en los casos mencionados, que son solo ejemplos de un trabajo jurídico de la mayor importancia, es el equilibrio de poderes, la esencia del sistema democrático. Las propuestas de cambio del actual gobierno, que han tenido un trámite tan accidentado desde el punto de vista político, pueden ser aprobadas por el Congreso, si el Gobierno se allana a hacer los ajustes que otras fuerzas políticas, que en su conjunto constituyen la mayoría parlamentaria, están pidiendo. Si no salen es el fracaso de la política del cambio. Si salen, es un triunfo político cuyo mayor reto es que se enfrentan al muro de contención de la Corte Constitucional, cuyo fallo es inapelable, como lo han sabido y respetado todos los presidentes de la República desde 1991, para bien de la democracia.
