La senadora guajira Martha Peralta ha venido moviendo la defensa en favor de un polémico proyecto de ley que busca la creación del Instituto de Aguas de La Guajira, iniciativa con la que pretende resolver el problema perenne del agua que afecta a los guajiros más vulnerables, el mismo que llegó a tal estado catastrófico que la Corte Constitucional debió declarar el estado inconstitucional de las cosas en el departamento.
La Corte Constitucional rechazó la creación de ese instituto dentro de un manojo de decretos que les presentó el presidente; sin embargo, recomendó en los rechazos legislar en el Senado respecto al tema.
Justamente la sentencia T302/17, que obliga al Estado colombiano a solucionar necesidades básicas aún insatisfechas ha sido el caballito de batalla para solucionar el problema, pero los recursos se esfuman como agua en la ardiente arena. El presidente Petro mostró voluntad para saldar esta abultada deuda histórica, pero ha chocado de frente con la corrupción de sus propias huestes.
La trama de la UNGRD, el hecho de corrupción más grande en lo que va del actual gobierno, tuvo lugar en Bogotá y justamente en La Guajira, donde nombres como el exdirector de esa entidad Olmedo López y su segundo, Sneyder Pinillla, ya están detenidos en guarniciones militares y entregando pruebas a la Fiscalía en pos de un principio de oportunidad de lo que ocurrió exactamente.
Entretanto, la senadora Peralta, jefa natural del MAIS, parte del gobernante Pacto Histórico, ha salido a sacar pecho por el polémico proyecto.
Peralta, que como política sabe que el sol se pone ya a la espalda de Petro, aparentemente pretende conservar algo de ese poder para una eventual época de vacas flacas y su posible candidatura al Senado.
Este lunes apuntó fuertemente los mensajes de sus redes sociales ante una proposición para archivar su proyecto. “Qué interés hay detrás de esto? ¿A quién no le conviene que haya una solución a la problemática de agua en el departamento de La Guajira? ¿Por qué quieren archivar el proyecto de ley?”, preguntó con vehemencia, para con lista en mano sacar en cara que 105 de los 108 senadores en ejercicio sacaron votos en el departamento.
Luego, de nuevo, el caballito de batalla: “Lo que queremos decir a esos sectores políticos [que se oponen a la iniciativa] es que no sean egoístas con La Guajira, aquí lo que nosotros estamos buscando es que el agua llegue a todos los rincones del departamento, que los niños no se nos sigan muriendo por falta de agua, que las comunidades tengan agua para poder cosechar y tener una sostenibilidad económica, pero también seguridad alimentaria”, exclamó.
“Hoy lo que es más preocupante para nosotros es que se nos están muriendo son nuestros niños, los wayuu, van a desaparecer como pueblo…”, agregó.
Los dardos tenían nombre propio, el senador de La U, también guajiro, Alfredo Deluque, un fuerte opositor del gobierno y quien se ha opuesto manifestando que el proyecto es abiertamente inconstitucional, duplica funciones y le quita competencias a los alcaldes, apropiándose de los recursos para el agua provenientes del Sistema General de Participación. Costaría en burocracia, según el legislador, 750.000 millones.
Finalmente, el martes, ambas facciones legislativas dialogaron junto con el ministro de Vivienda para que se “redacte un texto nuevo que respete la constitucionalidad y priorice el beneficio del pueblo guajiro”, dijo Deluque en sus redes sociales.
Sin embargo, sus argumentos fueron de carácter técnico y que de ninguna manera se podría dar en ese contexto, argumentando el descache de la UNGRD hay varias iniciativas en marcha que harían innecesaria más burocracia.
La principal es el propio Plan de aguas que ejecuta MinVivienda de la mano de los organismos locales, seguido de iniciativas privadas de la mano del gobierno nacional, como es Misión Guajira, del Grupo Prisa (La W), Grupo Aval y Promigás que tiene como objetivo y beneficiar a 73 comunidades y 25.000 personas tras una inversión inicial de unos 100.000 millones de pesos.
Por su lado, en Washington (EE. UU.)., la Organización de los Estados Americanos (OEA), junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), acordaron la asistencia técnica con la Gobernación de La Guajira para la creación del Fondo de Agua del departamento, tal como se ha hecho en otras partes del mundo.
La iniciativa tiene como objetivo proteger las cuencas hídricas, cuidar el ciclo del agua y buscar el acceso a este recurso para las poblaciones que más lo necesitan. En el marco de esta estrategia, se desarrollarán proyectos concretos como la construcción de una línea de conducción de agua desde Río Ancho, en Dibulla, hasta Riohacha, según informó el gobernador Jairo Aguilar, bajo cuya responsabilidad está la política de agua.
Toda esta discusión se da en medio de una declaración del presidente de la Corte Constitucional en la que acusa serios avances en materia de agua y alimentación por parte de la gobernación de La Guajira y sus aliados privados. Hoy fue aprobado en segundo debate, lo que promete ser otro tonel sin fondo que el Gobierno, de manera poco clara, pretende poner en marcha muy a pesar de la mirada celosa de la Corte Constitucional.
