Como en una persecución digna de un capo de la mafia más de diez policías arribaron a la casa del niño dueño de Takeshi para incautar su mascota y conducirla a la muerte. La sociedad civil ha viralizado el proceso en redes sociales, evidenciando mala praxis y evitando la muerte del perro que sigue incautado.
Las causas
El 29 de agosto, hace cerca de un mes, en Portachuelo, conjunto residencial al norte de Popayán, un niño sufrió lesiones por un canino de raza akita inu llamado Takeshi.
Al día siguiente se desplegó el operativo para la captura del animal con una orden de matarlo, mal llamada “orden eutanásica”, pues no se hace para evitarle un sufrimiento al perro ni bajo su voluntad.
El niño y sus padres, los cuidadores de Takeshi, estaban devastados. Sin conocimiento legal aceptaron por miedo a las consecuencias jurídicas que su perro fuera incautado y sometido a la muerte.
La mala praxis
La raza akita inu no está contenida en el Código de Policía como potencialmente peligrosa.
El perro no tiene un problema de agresividad, lo cual demanda al menos tres denuncias por parte de diferentes personas como para ser “eutanizado”, conforme al Código de Policía. No debe confundirse un episodio de agresividad con un problema de agresividad.
La Secretaría de Salud municipal de Popayán entregó a sus dueños el oficio de decomiso dos días después de incautarlo. Es decir, primero se decomisó al animal y luego se procedió a expedir las formalidades para su incautación. Error craso.
En dicha formalidad la Secretaría de Salud citó normas del año 2002, derogadas por la Ley de Protección animal, Ley 1774 del 6 de enero de 2016.
El perro fue sometido a un trato cruel e innecesario: castrado y confinado a una jaula tan pequeña, al punto que no podía incorporarse en pie según confirman los videos viralizados en redes sociales:
Posted by Oriaj Serdna Ybarra on Saturday, September 15, 2018
Su postoperatorio duró 12 días en los cuales era visitado por su pequeño dueño de la mano de sus padres bajo restricciones extremas.
Terminado este periodo, Takeshi fue trasladado a las instalaciones de Zoonosis Popayán, centro para animales enfermos, y 19 días después, no ha sido evaluado por un etólogo profesional como lo exige la Ley de Protección Animal, ni ha empezado su entrenamiento en modificación conductual, en el caso eventual donde realmente fuera un problema de conducta y no un episodio de agresividad.
Según declaraciones de la Secretaría de Salud Municipal de Popayán, Sra. Iris Santiago, a través de Radio Súper, “el perro no será devuelto a sus dueños”.
El 7 de septiembre, la Fundación Amores de 4 Patas solicitó la entrega del perro para un programa de modificación de conducta. La Secretaría Municipal ha guardado silencio frente a dicha solicitud.
Fundaciones animalistas y representantes de las veedurías ciudadanas para el cuidado de los animales realizaron una visita encontrando al canino sin bozal, amarrado en una ventana, con una frágil cabuya dentro de una vivienda donde hay un menor de edad. Denunciaron “Tenencia irresponsable” ante las mismas autoridades que lo incautaron de forma ilegal.
La sociedad civil promueve la causa: liberen a Takeshi, un perro sometido a muerte sin el debido proceso.
Los colombianos reclaman la aplicación de la Ley 1774 del 6 de Enero de 2016, en cuyo primer artículo reza: “Los animales como seres sintientes no son cosas, recibirán especial protección contra el sufrimiento”.
Las acciones legales esperadas
La familia del menor dueño de Takeshi estudia la posibilidad de una demanda contra la administración municipal por mala praxis y crueldad. Exigen la inmediata entrega de Takeshi a su dueño y que no se repita contra otros animales.
