Cuando se planteó en 1986 la necesidad de extender las elecciones a las alcaldías de las capitales de departamentos, los defensores de la nueva vitamina para la democracia electoral ponderaban las maravillas que se nos vendrían con la descentralización política, administrativa y fiscal si, además, a corto plazo, se ampliaba la sugerida conquista a todos los municipios del país y a los departamentos, como en efecto ocurrió al aprobarse la Constitución de 1991.
Pese a que ya cundía la corrupción, con narcotráfico incluido, los panegiristas de la descentralización enriquecían su discurso mencionando cifras de desarrollo regional y local nunca antes soñadas, gracias a las transferencias que la Nación giraría a las entidades territoriales. A Álvaro Gómez Hurtado se le enredaban las palabras en las manos cada vez que hablaba de la iniciativa, pensando en que, de cuajar la fórmula gobierno-oposición adoptada por el presidente Barco, el conservatismo aseguraba con la elección de gobernadores y alcaldes el 40 por ciento de unas y otras, en caso de quedarse sin ministerios en las futuras administraciones liberales.
Impecable la teoría y lícita la fórmula del doctor Gómez por mucho que fuera más partidista que patriótica. El entusiasmo de las comunidades, igual que el de sus propulsores, partía de la base de que nuestra clase política estaba conformada por ángeles que ajustarían sus gestiones administrativas al cumplimiento estricto de la Constitución y la ley, desdeñando las tentaciones que suscitarían los recursos originados en participaciones y regalías.
El cuadro general de la situación, a los treinta años cabales, es patético. Tan decepcionante que hasta los grupos violentos, los de un lado y otro, cooptaron a las autoridades, en departamentos, distritos y municipios, para repartirse los presupuestos y la contratación pública. Al reventarse la pústula más enconada, que fue la Guajira, volvimos a la centralización.
El paso arrasador de Kikos, Oneidas, Fabios y Wílmeres
forzó al gobierno central a manejar directamente
$785 000 millones destinados a educación, salud y agua potable
El paso arrasador de los kikos, las Oneidas, los Fabios y los Wílmeres forzó al gobierno central a manejar directamente los $785 000 millones destinados a educación, salud y agua potable, a través de los ministerios y Planeación Nacional. Y eso que no habían ejecutado las transferencias en doce de quince municipios a lo largo de seis años consecutivos de incuria y lenidad.
Si el país vio asombrado lo que sucedió con el programa de alimentación escolar, ¿qué tal si se hubiera ejecutado su totalidad? ¿A cuántas decenas de niños muertos hubiera ascendido el zarpazo de los concesionarios del servicio?
Más que a la prolongación de los períodos del presidente, los gobernadores y los alcaldes, Gobierno y Congreso deberían meterle mollera a los reajustes institucionales posibles en los territorios, a fin paliar los desastres que se cuecen a diario, pues los fraudes a la voluntad popular no desaparecerán con la sola financiación estatal de las campañas. A un país con sus partes descoyuntadas no le sirve el todo si no se reconectan éste y aquéllas con soluciones permanentes, no con intervenciones de tres años prorrogables.
De haberse fortalecido el poder territorial en los tiempos en que lo propuso por primera vez el general Rafael Uribe, cuando la política era una disciplina y no un tráfico vitando, otro gallo nos estuviera cantando y en un tono más honroso que el utilizado por Otto Bula en la misiva absolutoria. De modo que la decadencia que se adujo de los poderes locales para desconcentrar el poder central con los señuelos de una nueva planeación y más liquidez para invertir, hizo tránsito a la postración con la cual nuestros gobernantes menores dejaron como un trapo a Tocqueville, quien radicó el espíritu de libertad en el vigor democrático de las municipalidades. Y entre nosotros a Jaime Castro, autor y difusor de la literatura mejor facturada sobre el experimento.
Se le abona la confesión de sus remordimientos.
