La locuacidad y la beligerancia le siguen generando problemas al ministro de Transporte, Guillermo Reyes. Primero la alcaldesa de Bogotá Claudia López lo llamó “chantajista” por amenazar a la administración distrital con que si no cambiaba su modelo de metro elevado, la Nación no seguiría cofinanciado proyectos para la ciudad. Ahora el Consejo de Estado lo llama al orden por afirmar que no llevó a ese tribunal una consulta sobre eventuales modificaciones al proyecto de metro porque allí son “muy demorados”.
El lunes 6 de febrero el ministro encontró entre su correspondencia una carta en la que los magistrados de la Sala de Consulta y Civil lo reconvienen por su afirmación y le recuerdan que las once consultas formuladas hasta hoy por el gobierno Petro han sido resueltas en un término no superior a los dos días.
“Quisiéramos, en forma cordial, invitarlo a verificar la información real sobre los conceptos solicitados a esta Sala, en especial a partir del 7 de agosto de 2022 por distintos ministros de este Gobierno”, se lee en uno de los apartes.
“No sobra manifestarle que este Gobierno Nacional, a través del Ministro del Interior y con la participación y con la Participación del Secretario Jurídico de la Presidencia ha formulado dos consultas con mensajes de urgencia que han sido resueltas por esta corporación en los términos de dos días y un día, respectivamente, lo cual muestra la celeridad con que se ha cumplido nuestra función, sin detrimento de la calidad del contenido jurídico del pronunciamiento”.
La molestia de los magistrados fue mayor cuando se enteraron de que el ministro del Transporte prefirió contratar los servicios del exmagistrado Rodrigo Escobar Gil para que emitiera un concepto sobre el caso del metro. Aún no se sabe cuánto pagó por esa consulta privada.
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