El pasado lunes 24, cuando madrugó como de costumbre a llegar a su despacho, Jaime Alberto Leal Afanador se encontró con una orden proveniente del Ministerio de Educación Nacional: debía suspender de inmediato el proceso de elección de rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), cargo en el que él esperaba quedarse cuatro años más.
La orden estaba contenida en una resolución de nueve páginas firmada por Claudia Jineth Jiménez Álvarez Benítez, subdirectora de Inspección y Vigilancia, pero se originó en dos de los más altos despachos del gobierno. Personalmente el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, estuvo atento a la evolución de una serie de quejas y denuncias que llegaron primero al despacho del consejero presidencial para la Transparencia, Roberto Andrés Idárraga, quien fue el primero en encender las alarmas tras conocer denuncias que llegaron a su despacho desde la Asociación de Profesores Universitarios (Aspu). Fue también él quien previnó sobre la falta de garantías para una elección transparente.
A ambos les parecía sospechoso que los requisitos fijados por el Consejo Superior de la Universidad, donde es un secreto a voces que Leal tiene la mayoría, hubiera señalado una requisitos bastante curiosos y subjetivos para los aspirantes a llegar al cargo. Uno de ellos exigía que el candidato susceptible de ser elegido tuviera una larga experiencia en el modelo de educación a distancia y que su trabajo hubiese sido calificado como “excelente” en universidades con proyección nacional.
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Las quejas sobre los requisitos, que parecían hechos a la medida de los intereses del actual rector, coincidían con sus denuncias sobre irregularidades de parte suya como la creación de sedes satélites en Miami y en Europa, que funcionaban con dineros del presupuesto nacional pero que no podían ser vigiladas por el Ministerio ni por ningún órgano de control colombiano.
El Ministro optó por cortar por lo sano y ponerle freno al proceso de elección, mientras se aclaran las dudas que venían creciendo como espuma. En la parte motivada de la resolución el Ministerio le hace ver al rector que los requisitos no tienen una base sólida en las normas y le ordena además aclararlas una por una.
Pero como el ministerio no puede actuar ni como fiscal ni como juez, sino solo desde el punto de vista administrativo, el Ministro no se ha pronunciado todavía de fondo sobre hechos relacionados con posibles maniobras de corrupción.
La determinación se frenar en seco las aspiraciones de un hombre que gobierna a su antojo hace dieciocho años a la UNAD y aspira a seguir siendo la cabeza de esa institución durante por lo menos cuatro años más, muestra que el ministro comenzó a pisar duro y que llegó a poner orden en el sector de la educación.
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