Álvaro Uribe está emulando a López Michelsen de quien se decía que cada vez que hablaba ponía a pensar al país. Pues Uribe cada vez que habla pone a pelear al país. Esta semana, porque sus intervenciones son semanales, se sacó de la manga como jugador de póker un as con todos los ingredientes para generar polémica. Llegó con un proyecto de ley para “revestir” de facultades extraordinarias al presidente Duque con el fin de que por una vez y de manera extraordinaria incremente el salario mínimo.
Tiró su as al centro de la mesa en actitud arrogante y retadora: ¿A ver, muchachos, quien es tan guapo de oponerse? Jugada maestra, pero populista y peligrosa a la que hay que oponerse por varias razones.
La primera es porque no se requieren facultades para hacer lo que ya se puede hacer. Cada año el gobierno convoca una la mesa de concertación donde empresarios y sindicatos hacen sus propuestas para el incremento de salario mínimo que regirá a partir del 1º de enero del año siguiente. Cuando esa concertación no se da, el gobierno, como buen árbitro, fija por decreto el salario mínimo. Esto es lo que ha ocurrido en los últimos años. Es decir: el gobierno ya tiene facultades para fijar el salario y lo puede hacer, inclusive por encima de las peticiones de la mesa.
Estamos a tres meses de la reunión de sindicatos y empresarios. Un proyecto de ley necesita por lo menos ese mismo tiempo para ser aprobado. Esto quiere decir que, cuando entre en vigencia, ya el gobierno podría haber fijado el nuevo salario y las facultades le permitirían hacer otro incremento. ¿Pero para qué otro cuando acaban de aprobar uno?
Estamos a tres meses de la concertación del mínimo
entre gobierno, sindicatos y empresarios.
Un proyecto de ley necesita por lo menos ese mismo tiempo para ser aprobado
Esta es la segunda razón por la que habría que oponerse al incremento extraordinario y por una sola vez, porque introduciría un desorden injustificado a la política macroeconómica que en Colombia se viene manejando con rigor y sensatez a pesar de los cambios de gobierno. Aquí hace rato se derrotó la inflación, se controla con juicio la tasa de cambio, se tienen frenadas las tasas de interés e intermediación, se cumple con la deuda y mantenemos calificaciones económicas relativamente buenas. Nuestro gran problema es la inequidad y esa no se resuelve como propone Uribe.
Sin ser economista he aprendido que las medidas populistas, y este proyecto de Ley lo es, traen sobresaltos grandes a la economía. No se puede mover una ficha de la economía sin que se afecten otras. Con un incremento extraordinario del salario mínimo, introducido digamos a mediados del año entrante, podrían resultar afectados el empleo formal y la inflación.
Dicen que la idea del Uribe es compensar los desequilibrios que generaría la reforma tributaria en la que se busca bajar impuestos a las empresas y aumentar el número de contribuyentes, es decir poner a pagar impuesto a quienes hoy no lo hacen. Esto significa que se le da garrote al burro y se le muestra una zanahoria para que avance. El mínimo, que ya sabemos resulta siendo siempre un mínimo, ahora parecería “máximo” porque podría ser inclusive superior al 10 %. Es decir, aumentan para después cobrar en más impuestos. Buena idea, bonita zanahoria, pero nada eficaz en la reducción de la inequidad que seguiría igualita. Se les rebaja a los más ricos y serían entonces más ricos todavía y se le aumentaría el salario a los afortunados que tienen empleo formal pero para que paguen más impuestos y seguirían igual de pobres.
No creo en las medidas populistas, de derecha o de izquierda. Pero seguramente los políticos de izquierda y derecha no se atreverán a irse contra este proyecto para no ser tachados de “enemigos del pueblo”. Mentiras, enemigos del pueblo son los que irresponsablemente juegan con falsas ilusiones, después de que por años han favorecido solamente a la riqueza. Pregunten cómo está la economía de países que han adoptado esas medidas populistas como Venezuela, Brasil o Ecuador.
Eso sí al que le va a ir muy bien es a Uribe. Ya nadie recuerda su llamado a indagatoria ante la Corte Suprema.
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