La maniobra jurídica del gobierno de Juan Manuel Santos con Electricaribe el 14 de marzo de 2017 cogió a los españoles de Gas Natural Fenosa (hoy Naturgy), dueños de la empresa mal parados. Acostumbrados al mal servicio en la costa atlántico a pesar de las constantes quejas de los usuarios no pensaron que la Superintendencia de Servicios Públicos de Colombia podría intervenirlos y luego ordenar la liquidación para abrirle el camino a una nueva alternativa.
Reaccionaron pronto y duro. Electricaribe era uno de los proyectos que la gigante Gas Natural Fenosa tenía en América Latina. La intempestiva intervención del gobierno Santos ocasionó la reacción de los directivos que muy pronto anunciaron una millonaria demanda ante tribunales de arbitraje internacionales. El recurso jurídico fue presentado el 15 de junio de 2017 ante el tribunal de justicia internacional de La Haya y fue tomada por el Tribunal de Arbitramento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi).
La defensa por Colombia la asumió la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, entonces liderada por quien fuera el secretario de la Presidencia de Santos y exsuperintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez y ahora el seguimiento del caso está en manos del nuevo director de la Agencia, Camilo Gómez. El presidente de Electricaribe del momento Francisco Reynés pretende una indemnización por 1.500 millones de euros que justifica con el argumento fue intervenida por el gobierno sin justa causa y que las condiciones para la prestación del servicio en la costa caribe eran muy desfavorables. El millonario pleito completa ya tres años.
Fue en diciembre del 2019 la última vez que las partes se vieron las caras ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones-Ciadi, institución del Banco Mundial ubicada en Washington en donde el gobierno de Iván Duque anunció una contrademanda por USD 500 millones al considerar que la única responsable de la catástrofe de Electricaribe era la propia empresa que había puesto en riesgo el servicio eléctrico en la zona Caribe por la falta de inversiones en la infraestructura que se fue deteriorando y volviendo insuficiente frente a la demanda de los consumidores.
El músculo de Naturgy es potente. En Europa, su portafolio se enfoca en la comercialización y distribución de gas y electricidad en 10 países que les representa ingresos superiores a los 23 mil millones de euros, pero su sello está puesto en países de todos los continentes. En América, cuenta con sociedades y filiales en once países. En África son 6 países que tienen inversiones de Naturgy, mientras en Asía y Oceanía son 4 países que incluyen potencias como India, Australia y Japón.
Su defensa jurídica también es sólida. Sus argumentos siempre han sido los mismos: los incumplimientos en los pagos del servicio por parte de los usuarios y el robo de energía y fraude –usuarios enganchados a la luz ilegalmente- volvieron inviable la empresa, con lo cual no había condiciones para invertir en un mejoramiento de la infraestructura. Los españoles responsabilizan al gobierno por no haber intervenido de manera drástica para, con mayores controles ponerle freno al fraude y sancionar más drásticamente la morosidad.
Una última actuación del gobierno Duque en febrero de este año podría terminar dándole la razón a las quejas de los españoles. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) de Colombia aprobó una norma dirigida precisamente a combatir la morosidad.
Este cambio regulatorio le da la razón a varios de los argumentos que esgrimía Naturgy en su día para reclamar ayuda estatal en la gestión de Electricaribe incluso a través de mecanismos punitivos para poder cortar el suministro de energía a los edificios públicos y con ella forzar los pagos morosos. Entre la morosidad y el fraude, la empresa española Gas Natural Fenosa, calculaba unas pérdidas acumuladas de 1.250 millones de euros.
El Ciadi estudia los argumentos de ambas partes para emitir un laudo antes de fin de año.
