Carlos Ramón González descansaba en su casa del exclusivo condominio Cacique Campestre, en Bucaramanga, cuando lo llamó el presidente Gustavo Petro para ofrecerle el único cargo público que él, el hombre más influyente del Partido Verde y un hábil empresario que comenzó a hacer fortuna después de la desmovilización del M-19, podría aceptar: el de director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
La llamada no debió tomarlo por sorpresa porque desde la época de la campaña, cuando González ayudó a hilvanar los hilos para que el hoy presidente fuera el mejor ubicado en el partidor del Pacto Histórico, conversan con frecuencia como lo hace un mandatario con un consejero de confianza.
Se conocen hace 42 años, cuando ambos comenzaron su militancia en una guerrilla con cimientos urbanos, aunque en zonas geográficas distintas. González, estudiante de Ingeniería química en la Universidad Industrial de Santander se unió a las células que dependían de una facción al mando del médico Carlos Toledo Plata, santandereano como él. Lo hizo al lado de su novia -que sería su primera esposa- Ada América Millares Escamilla.
González no sería un simple militante de base porque su habilidad lo acercó bien pronto a los cuadros superiores de la organización, cuyo jefe máximo, el samario Jaime Bateman Cayón, lo convirtió en estafeta y escolta principal. De hecho, fue una de las últimas personas que vio a Bateman cuando partió en un vuelo clandestino a Panamá del que nunca regresaría. La avioneta en la que su jefe viajaba se accidentó fatalmente en las selvas del Darién, como lo confirmaría en abril de 1983 el periodista Ángel Romero Bertel, jefe de redacción de El Universal de Cartagena.
En marzo de 1990 se desmovilizó con el M-19 y supo reservarse un espacio como asesor de la Asamblea Nacional Constituyente. Allí fue testigo privilegiado de la manera como tres avezados políticos, el exdesignado Álvaro Gómez Hurtado, el exprocurador Horacio Serpa Uribe y Antonio Navarro Wolff construyeron un acuerdo histórico para compartir la presidencia colegiada del organismo que le dio vida a la Constitución de 1991.
Antiguos compañeros de armas recuerdan a González como hombre silencioso, pero pragmático y calculador, rasgos de su personalidad que nunca ha abandonado.
El matrimonio con Ada América Millares terminó de manera traumática, cuando el ya conocía a su esposa actual, Luz Danna Leal. Sin embargo, su habilidad le ha permitido que las enemistades que se ha ganado no sean eternas y fue ese raro don el que le permitió abrirle espacio a su primera esposa para que, al tiempo que se forjaba como jurista, escalara alto hasta convertirse en una de las cuotas del Partido Verde en la Contraloría General de la República, donde hoy trabaja como delegada para el Medioambiente.
El punto de cocción de su poder político comenzó cuando conservó la “franquicia” de la Alianza Democrática M-19 y la utilizó para impulsar la conformación del Partido Verde, donde siempre ha sido, como bien lo han descrito las crónicas políticas, el dueño del aviso. En ninguna coyuntura ha estado ausente y es quien costura allí los acuerdos, pone y quita candidatos y fabrica coaliciones. Eso lo saben bien los líderes que han conseguido cargos de representación como la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, o el de Cali, Jorge Iván Ospina.
En el campo de los negocios se ha servido de los mismos atributos, pero le ha agregado un pragmatismo que lo impulsa a conseguir lo que quiere al precio que le toque pagar. Pero allí, pese al bajo perfil que se esfuerza en mantener, no ha pasado del todo desapercibido porque su nombre no solo ha figurado en registros mercantiles, sino también en expedientes judiciales.
Sus primeras actividades tuvieron un ropaje filantrópico, como el caso de la organización Sor Teresa de Calcuta que nació para administrar comedores populares mediante contratos con gobiernos legales. A finales de los 90 surgió una mancha de ilegalidad cuando en los registros de los beneficiarios de los programas aparecieron nombres de personas inexistentes o ya fallecidas.
El mismo perfil ha tenido su Fundación Milagroz, eje de funcionamientos de clínicas creadas para la atención de pacientes con VIH, algunas de ellas instaladas en el sector bogotano de Teusaquillo. Salvo dos de sus viejos amigos, Emiro Arias y Carlas Parra, nadie le reclamó abiertamente por las condiciones ventajosas que ha impuesto en sus negocios, entre ellos un proyecto inmobiliario en Bucaramanga.
Nadie tampoco se ha preguntado sobre el origen de su fortuna, que hace siete años era rastreada el exterior y particularmente en España, según documentos que reposaban entonces en la Unidad de Información y Análisis Financiera, un cuerpo de inteligencia que depende del Ministerio de Hacienda. Tan pronto como se posesionó en el actual cargo él presentó su declaración de renta y llenó el formato de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades para ejercerlo.
Le han venido mejor los cargos de liderazgo oculto y eficaz, que aquellos de representación popular. Después de asesorar el proceso constituyente logró una curul en la Cámara de Representantes, pero su gestión no le permitió aspirar a un segundo período y prefirió irse al concejo de Bucaramanga.
El director del Sena, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, la llevó al cargo de directora de Empleo, Trabajo y Emprendimiento. Si es verdad que el gobierno usará la mermelada para restañar las heridas dejadas por el desplome de su coalición en pleno debate de la reforma a la salud, su presencia allí puede resultar estratégica.
La única vez que se le vio ofendido a González fue un día en que alguien lo llamó “agiotista” porque de la diversificación de sus negocios hacen parte las actividades de prestamista y rentista de capital. Cuando reclama respeto sus interlocutores, sobre todos los aspirantes políticos, se lo conceden porque en los libros del Consejo Electoral sus sociedades aparecen como aportante de varias campañas.
Esa habilidad y ese pragmatismo, que para algunos lo llevarían a ejercer, sin reatos de conciencia, el más puro lentejismo, parecen ser una de las mejores garantías con las que cuenta Petro para sacar adelante sus reformas en el Congreso. Por eso el presidente delegó en él, su viejo amigo en tiempos de guerra y de la paz, una amplia franja de poder desde la Casa de Nariño.
Así como en la era de César Gaviria se hablaba de la existencia del computador de Palacio, donde eran meticulosamente registradas las cuotas burocráticas, en la Petro llega alguien con capacidad para programar una versión 3.0 del uso de la maquinaria política.
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