Lo peor que le puede pasar a una institución educativa sin importar su nivel de formación es que sus estudiantes vayan a recibir clases con el miedo de ser atracados o en el peor de los casos, asesinados.
La Universidad del Magdalena está ubicada estratégicamente en un perímetro de la ciudad de Santa Marta donde pulula la delincuencia para cometer sus fechorías y con facilidad escabullirse en los barrios colindantes, al parecer los únicos que no se han dado cuenta son las autoridades, tanto militares como civiles que esperan a que asesinen a un estudiante para realizar consejo de seguridad y multiplicar la presencia de uniformados.
Y no es que el título de inseguridad suene alarmista, sino que los estudiantes no son escuchados y mucho menos apoyados en sus iniciativas para garantizar por el sector la libre locomoción. Y cuando muere un solo estudiante en manos de la criminalidad es un fracaso total hacia todas las medidas de seguridad que se establecen. Cuando en la zona el miedo acecha y el celular se convierte en la prenda de mayor valor que la vida y, los padres conviven con la zozobra aquella de las malas noticias cada vez que uno de sus hijos sale para la U, es aterrador.
Cuando en la vía principal, entrada a la universidad, existen los bares sin ningún control y se convierten en imán para la misma delincuencia es cuando se registran índices de violencia, maltrato, droga e inseguridad. ¿Por qué no se han concertado medidas entre las autoridades distritales, representantes de los bares y directivos de las universidades, para bajarle un poco a estos rumbeaderos?
Que aunque muchos dirán que no tienen culpa estos establecimientos de la ola de inseguridad ya que son los mismos estudiantes los que salen de un aula a la cantidad, suena muy contradictorio en el enfoque mismo de la instrucción ya que no van de la mano con el estimulo del alcohol, el uso de maquinitas y juegos de azar.
Según el Manual de Convivencia Ciudadana en el parágrafo de Artículo 95, se establece que “No se podrán colocar avisos de ninguna naturaleza induciendo al consumo de bebidas embriagantes, tabaco o sus derivados en un radio de (doscientos) 200 mts. De cualquier establecimiento educativo, deportivo y recreacional”. ¡Claro que la calle ancha de la U es una cantina abierta! Y el Ministerio de la Protección Social mediante el decreto 120 de 2010 explica que “el Código Nacional de Policía, contenido en el Decreto 1355 de 1970, establece que "los reglamentos de policía local podrán señalar zonas y fijar horarios para el funcionamiento de establecimientos donde se expendan bebidas alcohólicas" y en su artículo 113 dispone que "Por motivos de tranquilidad y salubridad públicas, los reglamentos de policía podrán prescribir limitaciones a la venta de artículos, así como señalar zonas para los establecimientos febriles y para el expendio de ciertos comestibles". Lo anterior se conjuga en un viernes por la noche.
En menos de un mes han muerto 3 estudiantes en manos de la delincuencia, aunque se puede establecer que son casos aislados en sitios diferentes de la universidad y que tal vez no se puedan interpretar como persecuciones al estudiantado como en tiempos aciagos para dicha alma máter cuando el paramilitarismo infiltraban las aulas y en las manos de Adán Rojas y sus hijos Rigoberto, Adán, José Gregorio y Camilo Rojas Mendoza, quienes conformaron el conocido ‘Clan de los Rojas’, confesaron en versión libre de Justicia y Paz ser los autores de asesinatos cometidos contra docentes y alumnos de la Universidad del Magdalena y que éstos fueron ordenados por Hernán Giraldo y Carlos Castaño y ejecutados por ellos como brazo urbano armado de la organización paramilitar en la ciudad de Santa Marta. El asunto de los homicidios no puede pasar tan relevante porque mide el grado de inseguridad que vive la ciudad ya que los estudiantes son los más vulnerables a este tipo de acciones que las autoridades miden en percepción, mientras familiares y compañeros sienten el dolor.
Tal vez ni nos demos por enterado de las circunstancias que rodearon estos crímenes, como tantos otros que levantaron gritos de rechazo, repudio y que quedan en las frías estadísticas, en las entrañas del recuerdo como: Jacinto Sauna, Silena Peña Cantillo, Estiven Ensuncho Mejía, Lina del Rosario Payares Sanjuanelo, Hugo Maduro, vicerrector Julio Otero y el decano Roque Morelli, que pagaron con su vida el precio de la intolerancia, de la falta de medidas hacia una ciudad que sufre de blasfemia y que a lo mejor esas muertes las pudimos evitar si fuéramos capaz de escuchar al otro, sus propuestas, sus intenciones, donde juntos pudiéramos combatir una delincuencia que cada día más se une y se fortalece por la debilidad de nuestra incapacidad de unión.
¿Dónde está señores del Consejo Superior, autoridades de policía y militares, Alcaldía, Personería, Defensoría del Pueblo, Concejales, Diputados y demás autoridades el tan cacareado Plan de Seguridad Universitario? . . ., y no es el del incremento de hombres en las afueras de la universidad porque si es así, seguiremos contando estudiantes asesinados. Ojalá y ya que se acerca el fin de labores y el cierre de semestre como todos los años que se realiza la “parranda cultural” este año se haga una excepción en nombre de los estudiantes caídos y se le dedique un tiempo a reflexionar sobre esta situación tan dramática, para ver si juntos pueden estructurar un plan de seguridad más acorde a la zona donde está ubicada el alma máter y las incidencias dolorosas de los últimos días. ¡La universidad pide justicia! Porque una universidad que vive con miedo les va a enseñar a sus futuros profesionales y ciudadanos el temor a reclamar y exigir sus derechos, porque se concibe la idea de que callados mantendremos la vida, aunque otros sean los que la pierdan. ¿Qué clase de ciudadanos formamos? ¿Por qué los asesinan. . ., por qué asesinan estudiantes, si son la esperanza de América Latina?
