Ver por televisión a los honorables congresistas durmiendo o, peor aún, observar a dos o tres trabajando, mientras el resto de sillas están vacías —como ocurrió cuando escuchaban a las víctimas del conflicto— me causa indignación, casi repulsión. Por eso, mis ansias para que su salario se vea realmente representado con su labor eran infinitas. Quería que los llamaran a lista —porque les pagan por sesión— y que les obligaran realmente a rendir cuentas de su gestión, y dado que nunca jamás iban a “autorregularse” apoyé la consulta anticorrupción con gran entusiasmo. Considero a Claudia López como uno de los dirigentes más capacitados en la política colombiana.
No obstante, al leer con detalle el contenido de la pregunta que pretende disminuir el salario a los congresistas, me sentí parcialmente defraudado. El texto es el siguiente:
1. ¿Aprueba usted reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 salarios mínimos legales vigentes (SMMLV), fijando un tope de 25 SMLMV como máxima remuneración mensual de los congresistas y altos funcionarios del Estado señalados en el artículo 197 de la Constitución Política?
Que a los congresistas se les reduzca el sueldo de 40 a 25 salarios mínimos legales vigentes es un sueño para todos, hasta ahí perfecto. No obstante, la pregunta incluye en ese tope a los altos funcionarios señalados en el artículo 197 de la Constitución, que son básicamente ministros, directores de departamento administrativo, magistrados, contralor, fiscal, registrador, generales, entre otros.
25 salarios mínimos hoy en día son aproximadamente $19.500.000, es un salario nada despreciable, no obstante, es inferior a lo que devengan los cargos directivos en grandes empresas o multinacionales, quienes ganan entre $20 y $40 millones; y la responsabilidad es mucho mayor en el sector público. Quien alguna vez ha desempeñado un cargo público sabe perfectamente que se expone a investigaciones—justificadas e injustificadas— de la Personería, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía y todas las “ías” de nuestro país, incluso 5 o 10 años después de haber entregado el cargo.
Ahora bien, lo realmente preocupante es que los salarios de la mayoría de funcionarios públicos y rangos militares dependen de la llamada “escala salarial”, es decir, dependen directamente de lo que devengan los altos funcionarios o generales.
Así las cosas, pese a la buena voluntad —y sin duda buena fe— de los promotores de la consulta, hay consecuencias negativas muy graves para el país:
Primero, una “fuga de cerebros” masiva de los funcionarios mejor calificados del sector público hacia el sector privado. Es una circunstancia apenas obvia, en el sector privado devengarían mejor o igual, y la responsabilidad patrimonial y disciplinaria es muchísimo menor.
Segundo, la disminución considerable en el rendimiento de las entidades estatales. Seamos honestos, si con funcionarios calificados las entidades estatales funcionan como funcionan, no me quiero imaginar cómo funcionarían con personas poco cualificadas al mando.
Tercero, una reducción de salarios sin precedentes a todo nivel en las entidades públicas, incluidas las fuerzas militares y policía. Como mencioné, los salarios dependen del salario de los altos funcionarios, así por ejemplo, el salario de un juez —quien gana el 34.9% del 70% de un magistrado— quedaría ganando $4.700.000 menos retenciones, prestaciones y aportes, aproximadamente ganaría algo más de 3 millones. Eso el juez, sus dependientes —profesionales también— terminarían ganando algo más del mínimo, igualmente los subtenientes, tenientes y capitanes, lo cual considero sin ninguna duda injusto.
Cuarto, reducción de la moral en la fuerza pública. Para nadie es un secreto que ser militar o policía conlleva un riesgo inmenso a nivel personal, sin duda mucho mayor que cualquier otra profesión, además de sacrificios familiares por traslados, etc., creo que no es el momento adecuado ni un mensaje positivo para los oficiales de todas las fuerzas.
Reducir los salarios a los congresistas –que actualmente ganan más que los generales, magistrados, fiscal, procurador, etc. —era lo que yo y muchos colombianos deseábamos, pero de ahí a reducir el salario a la mayoría de funcionarios públicos —por el efecto de la escala salarial— hay una gran diferencia, siento que van a terminar pagando justos por pecadores y, dicho sea de paso, el monto del salario en nada se relaciona con la corrupción, quien es corrupto lo será ganando 40 o 2 millones de pesos, basta no más con prender el televisor. Donde realmente hay que combatir la corrupción no es en los salarios, en mi opinión, es aumentando las penas al máximo posible y disminuyendo todo tipo de beneficios de los que gozan los corruptos.
Por las anteriores razones creo que el miquito del artículo 197 de la primera pregunta resultará más perjudicial que beneficioso. Concluyo afirmando que con el resto del articulado de la consulta estoy totalmente de acuerdo.
