En Medellín se sacrificaría el patrimonio de 1.287 familias para construir el metro de la 80. En la comisión accidental 045, celebrada el 24 de enero de 2023, la administración municipal confirmó que la obra se realizará bajo el marco jurídico de la ley 388 del 97, que avala la expropiación por vía administrativa si la gente no acepta el precio que le imponga la Lonja de Medellín.
Ante la situación que viven los moradores, expresaron su inconformidad por lo que viene sucediendo. Según Ana María Sierra, directora de Gestión Predial, la cifra de 1287 predios puede disminuir o incrementar, pero por ahora esas sería la cantidad establecida.
Héctor Álvarez, habitante de Belén La Gloria, aseveró: “Toda la parte técnica que nos explica la EDU está muy bien, pero no sé si alguno de ustedes ha vivido el desplazamiento forzado, como finaliza la presentación la alcaldía, implica eso. No estamos de acuerdo en que haya progreso, lo tiene que haber, pero la política pública de protección a moradores se queda cortica. Eso era como cuando llegaba el actor armado a la finca y le preguntaba cuánto valía la finca, y le ofrecía un precio irrisorio para que se fuera; porque si no estás de acuerdo, le pagan por lo que diga catastro”.
En su caso, por ejemplo, ni siquiera lo han visitado ni le han confirmado si es compra parcial o total. Están perjudicando a los propietarios y a los arrendatarios, como a él que tiene un local comercial.
Dentro del modelo neoliberal y eurocentrista planteado por la Alcaldía de Medellín, en la que compara sus obras públicas con obras en Nueva York, como en el caso del tranvía, ahora le da juego a firmas como China Railway Construction Company (Crrc) y Mota-Engil Portugal.
Mota-Engil es la empresa cuestionada por el incumplimiento en la construcción de colegios en 2016. Mota Engil, vinculada al caso de Odebrecht, solo entregó 17 colegios de un total de 248 instituciones que tenía que construir durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
“Ahora habían mencionado que desde el 2011 estaba planeada la obra y nosotros apenas nos venimos a dar cuenta en el 2022, eso es una falta de respeto con el ciudadano colombiano que está pagando impuesto. Mi papá escuchó, en 2016, que iban a construir un tranvía, hizo un préstamo toda su vida para conseguir su casa, y en 2022 comenzó la depresión que terminó con su muerte a sus 70 años. ¿Por qué no hicieron la socialización en 2012?”, se preguntó ante al auditorio Migdonia Higuita, habitante de Belén.
Aunque la parte técnica esté clara, la cifra del proyecto ronde por unos 3,5 billones de pesos y se sepa que la EDU (Empresa de Desarrollo Urbano; más conocida como la Empresa de Desplazamiento Urbano) es la que realizará la gestión predial, todavía muchos habitantes de Belén no saben a ciencia cierta qué va a pasar con su patrimonio, como tampoco se sabe cuánta será la valorización que deberán pagar los moradores de la comuna 16 (Belén).
Las preocupaciones rondan como en el caso de Ángela María Castaño, habitante de Belén, pues hizo el proceso en notaría para que le reconocieran dos habitaciones que construyó, mientras que la EDU cuestionaba la notaría por haber aprobado ese suceso, que va en contravía de los intereses económicos de los privados; porque, según esta manera de actuar, la intención es que entre menos paguen por el valor de las casas mayor rentabilidad tendrán las empresas que obtuvieron la licitación como únicos oferentes.
