De pronto, la política, el mundo infantil, la cultura popular, altos ejecutivos, por mencionar solamente cuatro planos ciudadanos, parecen abrir sus ojos a una realidad que necesariamente debió haber sido advertida y denunciada mucho antes, pero que por conocidas razones —aplicables no exclusivamente a Uruguay— se vieron postergadas hasta que se hizo imposible evitar el estallido.
Son casos que varían desde el abuso sexual de menores al acoso sexual mediante la prevalencia de algún tipo de ascendencia y/o poder; pasando por prostitución de jovencitas que no llegan a los 18 años. No todas las situaciones son iguales. Pero en todas se constata la predominancia de una cultura machista que, cuando se lee la autocrítica de algunos de los involucrados, genera vergüenza ajena. Hasta la actriz uruguaya Natalia Oreiro, quien no tiene nada que ver con estas situaciones denunciadas, se ha sumado a una revisión de sus primeras publicidades que, se le crea o no, puede contribuir a acotar, si no a derrotar, una cultura de impunidad y abusos que impregna toda la sociedad con especial énfasis en algunos planos de la misma.
En 2018, se conoció que Guillermo Freijido, conocido docente de música que trabajaba en varios colegios privados e integraba el jurado en un programa con niños que emitía un canal abierto de TV, Canal 12 de Montevideo, fue procesado por atentado violento al pudor luego de ser denunciado como abusador sexual infantil. Si bien la Fiscalía solicitó 7 años de cárcel, desde mayo se le concedió arresto domiciliario.
En este 2020, se blanqueó la historia del popular intérprete de canto popular, creador de mitos de la ultraizquierda uruguaya, Daniel Viglietti (1939-1917), acusado desde su propia familia por haber abusado en la década de los sesenta de una sobrina de 10 años.
La Fundación CRYSOL de Uruguay, que agrupa a expresos políticos había instituido en 2018 el “Reconocimiento Daniel Viglietti a los Derechos Humanos (DDHH)” otorgado a quienes se hayan destacado por la defensa de esos derechos.
La Operación Océano es un juicio penal adelantado desde noviembre de 2019 por la fiscal de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género, Darviña Viera contra 32 empresarios, políticos, un exjuez, docentes, y otros profesionales de distintos rubros, con notoria diferencia de edad respecto a sus víctimas, integrantes de la mayor causa—por el número de imputados— de prostitución juvenil y abuso sexual contra menores detectada hasta hoy en Uruguay.
La desaparición de Aldana Bonsignore Regalado, de 17 años, cuyo cadáver fue hallado en el departamento de Canelones, fronterizo con Montevideo, focalizó la atención pública sobre este caso que venía siendo investigado.
Uno de los involucrados en la causa aparece en fotografías con políticos de diferentes partidos y en una de las fotografías junto a la economista Laura Raffo, candidata a la intendencia de Montevideo, opositora al Frente Amplio. Obviamente, ello fue esgrimido como arma de ataque partidario por usuarios maliciosos de las redes sociales. Un bumerán, pues lo mismo hacen sus iguales desde otras posturas partidarias, quienes también las bastardean con el caso Viglietti y con los carnavaleros denunciados en una carta anónima recientemente publicada en la cuenta de Instagram @varonescarnaval, donde suman más de 200 las denuncias realizadas por mujeres con acusaciones con nombre y apellido que refieren a casos de reiterados acosos y abusos sexuales graves que incluyen violaciones, protagonizados por directores de murgas o conjuntos de otras categorías escénicas sobre sus compañeras de agrupación carnavalera, incluidas menores.
La denuncia en el ámbito del carnaval uruguayo —no desconocido por espectadores colombianos— impactó fuertemente en el ambiente murguero, de obvia tendencia izquierdista, y generó una intervención desde la fiscalía; la suspensión del Carnaval de Promesas— concurso en el que participan menores de edad— dispuesta por el intendente montevideano de izquierda Christian Di Candía; y las explicaciones sobre sus conductas abusivas aportadas por uno de los que recibió más acusaciones, Fabricio Speranza son inconsistentes. Al igual que las ofrecidas por otros acusados: el cantante y murguista German “el alemán” Dorado, o Maximiliano Tuala.
El ámbito médico a su vez trasuntó hechos respecto a este tema que irrumpió sin máscara en la sociedad uruguaya, suponemos que para quedarse por ahora.
Primero fue una carta de decenas de mujeres estudiantes de la Facultad de Medicina de diverso grado que través del hashtag “#MeLoDijeronEnLaFmed” denunciaron ser víctimas de acoso sexual y violencia de género en la Facultad efectuados por docentes y médicos. Luego, la denuncia en agosto del 2020 de la cirujana Marianna Carbón que trabajaba en el Hospital Maciel de Ciudad Vieja de la capital uruguaya. Carbón, además de revelar el acoso sexual sufrido años antes por un colega de apellido G. —según su testimonio durante una guardia médica el profesional se le introducía en su lecho de descanso—, también le atribuyó responsabilidad por omisión al director del centro hospitalario, Álvaro Villar, quien, además, es uno de los tres candidatos a la Intendencia de Montevideo apoyados por diferentes tendencias del Frente Amplio. Villar argumentó en entrevistas periodísticas que él nunca tuvo conocimiento cabal de los hechos relatados por la cirujana. Sin embargo, el periodista Ignacio Álvarez dio a conocer un acta del 2 de mayo de 2016 del sumario con el testimonio de Carbón ante la Unidad de Asuntos Legales del Hospital Maciel por el cual Villar no podía no saber de qué se trataba la denuncia de Carbón. El candidato frenteamplista —hijo del primer candidato a la intendencia montevideana en 1971, el también médico Hugo Villar— negó conocer ese sumario. No obstante, realizó una genérica autocrítica pública en el programa periodístico 7Día de Teledoce de Uruguay. Sostuvo que “lo que ocurre con el acoso sexual en el ambiente medico nos interpela a todos y hoy nos muestra que debemos tomar otras medias”.
No lo mencionó Villar, pero en esas declaraciones subyacía por lo menos otro cruel episodio ocurrido en 2002 en la ciudad de Colonia, donde también los protagonistas fueron cirujanos del Hospital Maciel. En esa oportunidad que llegó a la justicia penal uruguaya, una cirujana denunció a tres colegas suyos —el mismo G.; B. y un tercero— por haber sido víctima de una violación cuando ella estaba en estado de embriaguez. El delito fue filmado y circuló entre algunos varones vinculados a las personas intervinientes en el delito; a lo que se sumó una caricatura dibujada en la puerta del cuarto de guardia del Maciel que identificaba a la víctima, por lo que la defensa de la médica denunciante incluyó en su escrito acusatorio el delito de difamación. Luego de las actuaciones judiciales, ante la ausencia de pruebas, fue desestimado el delito de violación.
Naturalmente que un Estado de derecho como el uruguayo cuenta con los mecanismos pertinentes para que los acusados ejerzan su derecho a la defensa. En el caso de Freijido, su patrocinante, el penalista uruguayo Juan Fagúndez, había declarado en 2018 que quienes acusaban a su defendido “se basaron en mentiras o en cosas que nunca sucedieron".
En la denuncia contra Vilgietti, los lentes ideológicos jugaron su naipe y la Fundación Mario Benedetti emitió un comunicado en el que expresó su repudio a lo que consideró una “campaña de difamación” contra el cantautor uruguayo “para destruir la imagen de Daniel Viglietti, quien fue, en vida, un colaborador cercano tanto a Mario Benedetti, como miembro del Consejo de esta Fundación”. Sin embargo, Cedar, hermano de Viglietti, así como el cantante Tabaré Rivero, ratificaron las denuncias contra el cantor fallecido: “Hace instantes me llamó vía teléfono una gran amiga (que es casi de mi edad), a la que le tengo muchísima, pero muchísima confianza y me aseguró que ella, cuando era niña, también vivió una experiencia muy desagradable con Daniel Viglietti”, escribió Rivero.
En la Operación Océano, la penalista Cecilia Salom, defensora del ex iputado colorado Nicolás Ortiz —respaldada por otros prestigiosos penalistas defensores de otros tantos encausados en el juicio por abuso y prostitución de menores—, planteó un reparo contra la fiscal actuante por declaraciones formuladas a la prensa.
Ante la divulgación de los abusos cometidos por los carnavaleros, ocho de los mencionados realizaron denuncias “por difamación” ante el departamento de Delitos Informáticos de la Policía Nacional uruguaya.
El inicio masivo de este #YoTambién uruguayo generó reacciones institucionales oficiales y privadas.
La Fiscalía General de la Nación habilitó una línea telefónica de la Unidad de Víctimas y Testigos ante las centenas de denuncias radicadas en la cuenta de Instagram Varones Carnaval, por parte de mujeres que aseguran haber sido acosadas y abusadas por actores del Carnaval. El fiscal de Corte, Jorge Díaz, informó que el número es el 091 507 531 y que es una línea atendida por técnicos de la institución para recibir información sobre estos casos.
En esa misma línea el Sindicato Único de Carnavaleras y Carnavaleros del Uruguay abrió una línea para asesorar a las víctimas de acoso y abuso sexual.
Ante las varias denuncias que jóvenes realizaron en redes sociales en los últimos días con el hashtag #MeLoDijeronEnElLiceo, que cuentan experiencias de acoso, abuso y violencia por parte de docentes contra estudiantes en centros de educación media, la Federación Nacional de Profesores de Secundaria (Fenapes) emitió un comunicado repudiando “todo acto de acoso, abuso, violencia y opresión cometida por docentes”.
El miércoles 26 de agosto de 2020, un grupo de “mujeres hartas del machismo en el ambiente del rock” crearon una cuenta en Twitter denominada: “Varones del rock” para que dejen sus testimonios anónimos contra el abuso y acoso en el ámbito del rock nacional. En pocas horas se constataron decenas de denuncias y miles de seguidores.
Naciones Unidas de Uruguay emitió un comunicado el viernes 28 de agosto del 2020 en el que manifiesta seguir con “extrema preocupación la ola de cientos de denuncias por diversas formas de violencia de género hacia mujeres, adolescentes y niñas surgidas en los últimos días que involucran a numerosos ámbitos de la sociedad uruguaya”.
La explotación infantil no es “algo nuevo” ha dicho el presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación sexual comercial y no comercial de la Niñez y la Adolescencia, Luis Purtscher, quien afirma que las cifras oficiales no reflejan para nada la realidad porque muchos casos no se denuncian: “Uruguay viene presentando una media de 300 casos al año, un número que va creciendo cada año de 50 a 60 casos”.
Educar es prevenir para entender y sanar el abuso sexual. La educación desarma esa “cultura que nos enseña a callar y les enseña a abusar”, como escribe la periodista mexicana Lydia Cacho. Historiadores y creadores del derecho penal, adscriptos a su propia noción de masculinidad patriarcal —dice Cacho— han perpetuado los valores de la violencia de género y contra la infancia. La nueva normalidad de la que tanto se habla y escribe por estos días, deberá incorporar en la sociedad uruguaya esta nueva noción de no impunidad, de denuncia, de judicialización del abuso sexual.
