En una manifestación Hugo Chávez señaló con el dedo a Manuel Rosales, le dijo corrupto, golpista y paramilitar en Maracaibo, la capital del Zulia, el estado en donde el dirigente de Acción Democrática gobernaba. Era marzo del 2008 y la contienda entre los dos máximos aspirantes a la Presidencia de Venezuela ardía. A Chávez no le hacían falta razones para acusar a su contendor. El estado venezolano le había dado, en los ocho años de su mandato, 39 millones de dólares para obras que deberían realizarse en el Zulia. Las obras no se ejecutaron y después de investigar sus bienes descubrieron que había 68 millones de dólares por los que el gobernador no podía explicar su procedencia. El tribunal 19 de Caracas, en el 2009, llamó a indagatoria a Rosales pero el ya ex candidato presidencial, lejos de presentarse a declarar, huyó al Perú a donde le dieron asilo por razones humanitarias. Golpista le decían por haber respaldado el 12 de abril del 2002 el gobierno de 48 horas de Pedro Carmona cuando se convirtió en el único gobernador en respaldar al presidente diciendo que “Hay que darle el respaldo desde el Zulia a la junta del gobierno y a su presidente Pedro Carmona Estanca, porque en este momento son nuestros conductores, nuestros lideres”. Además exhortó al resto de dirigentes regionales a apoyar a Carmona amenazando al que no lo hiciera con sacarlo de Venezuela por traidor. Los rumores de su paramilitarismo habían surgido a raíz de la detención, en el 2006, de Geovanny Velásquez, paramilitar colombiano que, en declaraciones a Al Jazeera, aseveró que había recibido de parte de la gobernación del Zulia 25 millones de dólares para matar a Chávez. Las armas y los hombres habían sido traídos desde Colombia.
Desde su huida al Perú Rosales no pisaba tierra venezolana hasta el día de ayer. Mientras que para la oposición el regreso de Rosales era un acto de heroísmo, para el oficialismo la única razón del retorno era buscar la desestabilización política de cara a las elecciones regionales de diciembre. Cuando el miércoles pasado Rosales colgó en su cuenta de twitter una foto de él con el pasaje que lo llevaría de Aruba a Caracas acompañado por seis congresistas opositores, Luisa Ortega, fiscal general venezolana, advirtió que el político sería arrestado inmediatamente pisara el aeropuerto La Chinita en el Zulia.
Rosales, lejos de amedrentarse con la amenaza, siguió con el plan que se había trazado. Una vez hubiera llegado a Venezuela intentaría llegar a la calle 72 en donde se dirigiría en un mitin a sus seguidores que en ese estado se cuentan por miles. “Viva El Zulia, Viva Venezuela” gritó el político una vez se abrió la puerta del avión. Muy pocas veces el nombre de su estado y de Venezuela estuvo en una sola oración mientras fue gobernador. Al contrario, en varios discurso dejó ver sus intenciones separatistas. Sus allegados cuentan que Rosales sueña con un gran país petrolero que incluya no sólo al Zulia sino al Norte de Santander colombiano.
Ahora, preso, espera aumentar su caudal político. Si quiere tener alguna oportunidad en las elecciones del 2019 Rosales debe arriesgarse a tomar decisiones extremas. La amenaza que alguna vez hizo Chávez de borrarlo del mapa político parece haberse cumplido. En los seis años de exilio los venezolanos recuerdan más bien poco a este hombre que supo ser también alcalde de Maracaibo. Allí, en el corazón del petróleo americano, Rosales se convirtió en un férreo opositor de la revolución. Desde el chavismo lo acusaban de ser un empleado más de las petroleras norteamericanas que desangraron, durante el siglo pasado, el lago de Maracaibo. Esperaba volver allí para emprender la lucha hasta el 6 de diciembre, día en que se disputen las elecciones regionales.
El clima de tensión en Venezuela crece con las horas. Mientras tanto Rosales deberá afrontar lo inevitable: demostrar, ante la justicia chavista, la limpieza de los 89 millones de dólares que componen su fortuna.