En julio de este año, el gobierno Duque se propone presentar al Congreso la Ley que reglamenta el procedimiento de Coordinación y Concurrencia, la cual ha ido construyendo de la mano del sector minero, según les resulte conveniente a sus intereses. Esto se da después de que la Corte Constitucional le concediera el acceso a la producción de los recursos del subsuelo y les quitara a las consultas populares su poder de veto sobre estos proyectos.
De manera equivocada, desde hace unos años, Colombia ha enfocado sus estrategias de desarrollo político y económico en modelos de naturaleza extractiva. Esto es, ha apostado por la minería y la extracción de hidrocarburos como motor de desarrollo. Sin embargo, varios proyectos de esta naturaleza vieron truncadas sus aspiraciones debido a la Ley 134 de 1994 que es de naturaleza estatutaria y tiene como objetivo referirse a los “mecanismos de participación del pueblo, regula la iniciativa popular legislativa y normativa; el referendo; la consulta popular, del orden nacional, departamental, distrital, municipal y local; la revocatoria del mandato; el plebiscito y el cabildo abierto”. Se trata entonces de las herramientas de participación ciudadana que concretan el derecho a la participación democrática, al mismo tiempo que propician la actuación de los ciudadanos en la conformación, ejercicio y control del poder político.
De esta Ley, el artículo 53 se refiere a la consulta popular, e indica “La decisión tomada por el pueblo en la consulta, será obligatoria. Se entenderá que ha habido una decisión obligatoria del pueblo, cuando la pregunta que le ha sido sometida ha obtenido el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos, siempre y cuando haya participado no menos de la tercera parte de los electores que componen el respectivo censo electoral”. Apegados a esta ley, los ciudadanos de Cumaral (Meta) asistieron a las urnas el 4 de junio de 2017 para responder a la pregunta: ¿Está usted de acuerdo, ciudadano cumaraleño, con que dentro de la jurisdicción del municipio de Cumaral (Meta) se ejecuten actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria y producción de hidrocarburos? La contundencia de la respuesta negativa detuvo a la compañía Mansarovar Energy Colombia LTDA.
La compañía a su vez, resolvió entablar una acción de tutela por considerar que sus derechos habían sido vulnerados. En octubre de 2018, la Corte Constitucional falló en contra del poder de la consulta popular para detener este tipo de proyectos, argumentando que los ciudadanos no pueden desconocer la propiedad que tiene el Estado sobre el subsuelo. Esto resulta contradictorio y problemático, dado que la consulta popular, así como los otros mecanismos antes expuestos tienen como fin, no solo que los ciudadanos se pronuncien sobre aspectos que los afectan, sino que sirven para evitar que se vulneren sus derechos humanos y civiles. Si bien es cierto que el Estado es considerado legalmente como dueño del subsuelo, también es cierto que es su responsabilidad velar por el bienestar de sus ciudadanos, el cual se compromete si los recursos ambientales que los sostienen se contaminan por culpa de este tipo de actividad.
De acuerdo con el investigador Leonardo Güiza (2013) “empresas como Anglogold Ashanti Colombia S.A., Minerales Andinos de Colombia, Gran Colombia Gold, Negocios Mineros S.A., Continental Gold de Colombia y Mineros S.A, son las industrias ubicadas a lo largo del territorio nacional con mayor poder adquisitivo en la extracción de minerales, disputándose entre sí el dominio de tierras ricas no solo en minerales, sino también en biodiversidad. Las principales materias primas de exportación que se contienden estas compañías son el carbón, el oro, el platino, el níquel, las esmeraldas, entre otros” Este poder adquisitivo, que describe el investigador, bien podría comprar conciencias, ser usado para amedrentar opositores a estos proyectos y otras prácticas bien conocidas cuya finalidad no es otra que la de garantizar la explotación minera, sin consideración alguna con las comunidades o con los recursos ambientales.
Anglogold Ashanti, Minerales Andinos de Colombia, Gran Colombia Gold,
Negocios Mineros, Continental Gold de Colombia y Mineros S.A,
son las industrias con mayor poder adquisitivo en la extracción de minerales
Ahora bien, vale la pena señalar que no solo estamos ante la amenaza de la explotación minera legal a gran escala, sino también ante la ilegal, cuyo impacto negativo sobre el medio ambiente es igual de delicado. Según el investigador antes mencionado, “En cuanto a la extracción de estos recursos mineros, se aprecia un panorama con dos componentes generales: el primero, con una actividad minera Formal y de gran escala; el segundo, por una actividad minera que se desarrolla a escalas menores en Forma tradicional y artesanal, con una reconocida carencia de tecnología adecuada y definida, en muchos casos, por la informalidad y el carácter de subsistencia. Lo que la hace insegura, poco rentable, no competitiva y ambientalmente no sostenible”.
De tal manera, que el panorama ambiental en Colombia, que ya de por sí se encuentra en un estado de alarma por causa del calentamiento global y de la escasa visión y responsabilidad ambiental de empresas, gobierno y ciudadanía, con esta decisión queda muy comprometido, ya que, para estas empresas multinacionales, la prioridad es el lucro, no la naturaleza, no el agua, no la ciudadanía. Lo que representan ellos y este gobierno es un falso sentido del desarrollo cuyas implicaciones van a ser devastadoras para el país, si como ciudadanos y ciudadanas asistimos a sus prácticas con indiferencia y sin dimensionar su impacto a mediano y largo plazo en nuestro bienestar.
Estamos ante la amenaza de la explotación minera legal a gran escala – Protesta en Cumaral por sísmica para hidrocarburos
