Nunca se puede olvidar, que entre 1997 y 2002, los “paramilitares” en Montes de María se ensañaron contra el campesinado, extendiendo su barbarie a unas 100.000 personas que se desplazaron rompiendo su relacionamiento familiar y el tejido social; paralizaron los oficios del campo, impidieron el acceso a sus puntos de encuentro, sembraron fantasmas, miedos, causaron marginamiento y pobreza; corrompieron autoridades con dineros mal habidos.
Niños de Montes de María. Foto Pedro Luis Mogollón.
Los “paramilitares” responsables de 56 masacres registradas, mataron y abusaron sin compasión en Pichilín, La Libertad, Colosó, San Isidro y Caracolí, Capaca, Las Palmas, Macayepos, El Salado, Mampuján, Corralito, Arenas, Chengue, Chalán, Charquitas, Don Gabriel, Los Números, Orejero, Las Palmas, Bajo Grande, La Sierrita, Los Guáimaros, La Pelona, según informaciones de Justicia y Paz, la infantería de marina, organizaciones defensoras de los derechos humanos y líderes de la comunidad.
A punta de asesinatos y amenazas, destrozaron la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, línea Sincelejo; echaron por tierra el trabajo de las juntas de acción comunal, los sindicatos y las organizaciones de derechos humanos, a quienes estigmatizaron como auxiliadores de las guerrillas.
Nunca perder la memoria: ningún alcalde, ningún gobernador, ninguno de sus secretarios, ningún juez, o fiscal, ningún personero, ningún comerciante, ningún empresario, ninguna entidad del gobierno, ningún policía, ningún militar..., quienes servimos durante esos violentos años, NO podemos olvidarlo: es imborrable tan horrible destrucción.
¿Omisión?
Todos los de esa larga lista, tenemos algo que contar; verdades en blanco y negro; aciertos y desaciertos; justas explicaciones, justas ilustraciones, verdades incompletas desde todas las orillas, son muy válidas y necesarias todas las percepciones para completar las historias y pasar una página que aún no se ha podido pasar; la gente sigue acusando a las autoridades por omisión y este sentimiento se arraiga, porque luego de doce años que allí no existe conflicto armado, la gente no se siente reparada y acusa falta de verdad: hay deudas por saldar.
¿Por qué sucedió eso?
Durante los años 70 arribaron a la zona grupos de guerrillas, pero es sobre la década de los 80, cuando se consolidan: primero el EPL, luego el ELN, siguieron las Farc; todos cupieron mientras no existía suficiente institucionalidad civil, que ejerciera pleno control del territorio; estas guerrillas, constriñeron diez y siete municipios de Montes de María; robaron ganado, secuestraron, paralizaron vías, incendiaron propiedades, hostigaron, destruyeron y atacaron fincas, instalaciones privadas y públicas, perpetraron emboscadas, acciones de piratería, instalaron minas antipersonal, asesinando gente sin distinción; a su paso por decenas de veredas y corregimientos, arruinaron campesinos; acabaron su desarrollo comunitario.
Durante el fragor de las disputas por el territorio, surgieron alianzas perversas que permiten a los grupos paramilitares, fungir como fuerza de contención ante la arremetida de las guerrillas, lo que atizó los más horrendos abusos y crímenes.
Un solo ejemplo: está consignado en Justicia y Paz, que en San Onofre, Sucre, el paramilitar Marco Tulio Pérez Guzmán, alias el Oso, organizaba reinados de belleza entre estudiantes menores de edad y que obligó a algunas de las candidatas a tener relaciones íntimas con él. Una menor de 14 años fue abusada múltiples veces por este paramilitar, quien retenía a la niña, amenazándola de matar a su papá si no accedía a sus deseos. Este mismo paramilitar, imponía como castigo a las mujeres que le sirvieran como empleadas de servicio en su casa durante ocho días y a los esposos de sus víctimas, los ponía a barrer las calles del pueblo.
Mujer de Montes de María. Foto: Pedro Luis Mogollón
Por diversas circunstancias, las autoridades de la época, no pudieron evitar los hechos protagonizados por los paramilitares, quienes reconocieron en los tribunales, que la niñez, fue uno de sus blancos más sensibles; vale recordar que en los tiempos de esta barbarie, ningún sector político hizo resistencia a este tipo de delitos contra menores, para que fueran tratados con penas más fuertes.
El debate sobre los abusos sexuales cometidos durante el conflicto armado, es uno de los más sensibles del momento; el caso estudio Montes de María, merece referencia, porque allí se cometieron todo tipo de barbaries que se encuentran documentadas; aún las víctimas, basan sus relatos en la omisión de las autoridades, por NO enfrentar con determinación al paramilitarismo.
Punto aparte: NO son las instituciones como afirman quienes las desconocen, que sistemáticamente se prestaron para violar la ley; son las personas que equivocaron el camino, y por tanto, esos individuos, son quienes deben responder.
Justicia Especial para La Paz: si alguien tiene la llave que abra el candado a un mejor sistema de justicia restaurativa, que medie entre tanta barbarie, que la muestre; NO se trata de seleccionar a quién cometió el mayor salvajismo, calificar a quién fue el mayor violador, ni establecer cuál de los delitos perpetrados durante la guerra, es el campeón de la indignación; se trata de establecer por qué sucedió y que se cuente toda la verdad, sin el temor de terminar el resto de la vida tras las rejas.
Es evidente que existe desconfianza frente a la JEP; y como lo propuso el excomisionado de paz, Sergio Jaramillo, se podrían incorporar nuevos magistrados que garanticen atender el copioso volumen de casos y que brinden tranquilidad a los diversos sectores políticos que no le creen a la JEP.
El quid del asunto es contar la verdad con pelos y señales: sin verdad, no habrá paz; si agentes del Estado, si distinguidos funcionarios públicos y autoridades civiles de las regiones, NO hubieran omitido atender con prontitud la gente, para facilitarles su desarrollo social y humano, NO hubieran omitido proteger sus derechos; si No hubieran cometido graves faltas contra la ley durante el conflicto armado, el tema que hoy nos divide sería pan comido, pues la verdad solo se les exigiría a las integrantes de las Farc.
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