En el último año, en Colombia se ha vuelto común hablar de mataderos, no por las campañas que develan el infierno que implican para los animales, sino por las ideas del Gobierno Nacional, en especial el Ministerio de Salud, de darle mayores beneficios a sectores de la producción animal.
Dentro de estas ideas se encuentra la posibilidad de que los municipios puedan tener sus propios mataderos, hecho que según expertos podría generar mayor informalidad, insalubridad y deficiencias y corrupción en la inspección, vigilancia y control de estos lugares.
Por otra parte, el Congreso está intentando regular el tema con medidas como la de instalar cámaras que hagan seguimiento al trato que se le da a los animales, junto a otras propuestas que están generando un debate que convoca a diversos sectores agropecuarios, de gobierno y también de bienestar animal.
Sin embargo, mientras esto se discute en el Congreso de la República, a cerca de 65 kilómetros de la Capital, en Fusagasugá, los habitantes de varios barrios están viviendo un suplicio derivado por un matadero de pollos ubicado en el barrio Rinconcito de Manila, el que no solo es un infierno para los animales que llegan para ser asesinados, sino también para los habitantes que han depositado sus ahorros e inversiones en una zona de alta valorización buscando tranquilidad y una mejor calidad de vida, sin embargo están siendo afectados por los ríos de sangre que derraman los camiones, los desagradables olores que emanan y llegan a varios barrios a la redonda y por el alto ruido que producen los camiones.
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Familias residentes del Sector Manila, Villa Lenny, Vergel, Rinconcito de Manila, Marsella y comunidad del Colegio León de Greiff, centro educativo ubicado a escasos metros del matadero, lograron una orden de suspensión definitiva de este lugar gracias a la decisión de la Inspección Tercera de Policía, por infringir el artículo 92 del numeral 12 de la ley 1801 de 2016 de acuerdo a la audiencia pública llevada a cabo el 29 de septiembre de 2023, donde dicha Inspección representó a la comunidad de la zona. Los representantes del matadero presentaron una apelación ante dicha orden.
La Inspección de Policía envió al despacho del alcalde municipal y su Secretario de Gobierno la apelación presentada por los dueños del matadero y ante la ausencia de respuesta por parte de la alcaldía, la comunidad está preocupada por la permisividad demostrada por el Gobierno Municipal y por la falta de contestación y celeridad para acatar la decisión de la autoridad administrativa.
La investigación de la comunidad evidencia que la operación del matadero no cuenta con permiso de uso del suelo, ni obedece al principio de responsabilidad social y ambiental, ya que por su mal manejo ha venido afectando a los barrios que rodean la zona residencial contaminando tanto de forma auditiva, como con malos olores y la disposición inadecuada de residuos orgánicos.
La comunidad denunció formalmente estos hechos ante la Alcaldía, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Planeación, CAR e INVIMA con la suficiente evidencia, sin embargo la denuncia inicialmente fue ignorada por la CAR y por el municipio, por lo que tuvieron que demandar el silencio administrativo ante la Procuraduría General de la Nación y ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Finalmente, la CAR respondió haciendo la apertura de los expedientes, donde se ha denunciado también la presunta contaminación a fuentes naturales hídricas, ya que el matadero está ubicado en el borde de la quebrada El Mosqueral, sumada a la afectación por contaminación auditiva y contaminación cruzada a los habitantes del sector.
La Secretaría de Ambiente y Tierras de Fusagasugá encontró varias irregularidades:
“…Ausencia de un programa de gestión y control de vertimientos, y la ausencia de una planta de tratamiento de agua residual (PTAR)…”
“…Ausencia de seguimiento y control de emisiones, regulado bajo el Decreto 1076 de 2015 para las industrias, obras, actividades o servicios en atención a las descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas, provenientes del proceso de producción, de la actividad misma, de la incineración de residuos, o de la operación de hornos o calderas, regulado también por la Resolución 909 de 2018 y el Decreto 948 de 1995 compilado en el Decreto 1076 del 2015…”
“…Manejo inadecuado de los lixiviados…”
“…Vertimientos con alta carga orgánica, no se evidencio algún tipo de tratamiento antes de su descarga al alcantarillado…”.
La comunidad de estos barrios de Fusagasugá, advierte que la Alcaldía y la Secretaría de Gobierno estarían presuntamente dilatando la resolución de la apelación que interpusieron los empresarios para evitar el cierre definitivo a dicha actividad, mientras día y noche siguen sufriendo el horror de tener un matadero dentro de su barrio residencial que viola el antiguo y actual POT.
Habitantes de Fusagasugá le hacen un llamado urgente al alcalde actual, Jairo Hortúa, para que responda oportunamente la apelación y avale el cierre definitivo del matadero ordenado por la Inspección Tercera de Policía de Fusagasugá.
