El empresario Germán Efromovich, propietario de Avianca, decidió desde hace cerca de diez años incursionar en los negocios agroindustriales. La palma africana, que se utiliza para producir etanol, y la piña para exportación fueron los dos cultivos escogidos; el primero en el sur del Cesar y el segundo en el Quindío. Para las nuevas inversiones conformó una nueva sociedad: La Dolce Vista.
Después de un estudio de títulos que le dio la tranquilidad necesaria adquirió en el 2009 5.833 hectáreas que conforman la Hacienda Bellacruz, de propiedad de la familia Marulanda, oriunda de Pereira. Una tierra que ha estado en el corazón del conflicto colombiano. Parte de la tierra había sido invadida por campesinos que aseguraban que se trataban de terrenos baldíos y adquiridos irregularmente por los Marulanda. En 1996, los campesinos fueron desplazados a sangre y fuego por el Frente Héctor Julio Peinado de las Auc al mando de ‘Juancho Prada’. La justicia relacionó a la familia Marulanda con esta acción, al punto que Francisco Alberto Marulanda, hermano del exministro de Agricultura y ex embajador en el gobierno Samper, Carlos Arturo, fue condenado en primera instancia a 18 años de prisión por su relación con los paramilitares de la zona.
Cuando Efromovich compró la hacienda, la rebautizó con el nombre de ‘La Gloria’ para desarrollar el megaproyecto agrícola. El globo de la propiedad incluyó los siete lotes con una extensión de 1.500 hectáreas que los Marulanda nunca pudieron acreditar por ser de origen baldío y que fueron ocupados por los campesinos, que desde 1989, las están reclamando. Casi que treinta años después la Corte Constitucional les dio la razón.
En mayo de 2016 la Corte Constitucional resolvió una tutela interpuesta por la Asociación Colombiana Horizonte de Población Desplazada, Asocol, en la que reclamaban los terrenos baldíos para que le fueran entregados a las familias campesinas. Sin embargo, el propietario Efromovich no ha cumplido la orden ni el Estado, a través de la Agencia Nacional de Tierras, lo ha obligado a hacerlo ni ha entrado a recuperar los lotes.
Por eso en octubre del año pasado los 120 campesinos decidieron actuar. Entraron en la hacienda y pacíficamente se tomaron parte de la extensión cultivada en palma africana. El hecho sucedió al mismo tiempo que Germán Efromovich se enfrentaba al paro de pilotos que duró más de 50 días. “No entendemos cómo es que la Corte Constitucional le da unas órdenes al Estado, pero el Estado dice que obedece a Efromovich”, dijo en su momento con indignación Fredy Antonio Rodríguez, presidente de la Asocol, cuando la policía intentó sacarlos de los predios.
Efromovich dio la pelea desde el momento en que conoció el fallo de la Corte Constitucional y aseguró que en el momento en que compró la hacienda, el Estado le dio un documento en el que le confirmaba que la tierra no tenía ningún problema. Sin embargo, los campesinos de Asocol han seguido actuando judicialmente. “Esta es una lucha justa”, dijo uno de los campesinos. “Lo que queremos es tierra para vivir y trabajar. Llevamos años tratando de demostrarle al gobierno que tenemos la razón. Buscamos los títulos que estaban extraviados por nuestros medios. Tenemos pilas de papeles y de carpetas que hemos aportado como pruebas. No queremos desplazar a nadie. No tenemos nada en contra de la empresa. Queremos que nos den la unidad agrícola familiar”.
El pasado diciembre un Juez de Bucaramanga volvió a fallar a su favor y le ordenó al empresario acatar el fallo de la Corte. Le dio como plazo perentorio el mes de junio para retornarle las 1.500 hectáreas que le deberán ser tituladas a 64 familias.
Al empresario le pesa duro la entrega de tierras sembradas por su empresa la Dolce Vista. La inversión supera los $ 15.000 millones. En la audiencia de Bucaramanga, su defensa le propuso entregar a los campesinos la misma extensión pero localizada en otro lugar del departamento, que el empresario se comprometería a adquirir. La juez no aceptó y ordenó la devolución de los terrenos de origen baldío.
Los planes de Efromovich con este cultivo eran ambiciosos. Planeaba construir en los próximos años una plata procesadora de palma y una refinería para producir biodiesel, proyecto que tendría un valor aproximado de USD $ 160 millones.
Sin embargo, el malestar de los campesinos no es con el empresario, sino con el Estado que desde el 20 de abril de 1994 confirmó la existencia de los terrenos baldíos, conocidos como Los Bajos, Caño Negro, San Simón, Venecia, Potosí, María Isidra y San Miguel y no hizo nada.
La otra gran responsable es la Agencia Nacional de Tierras, que deberá iniciar el proceso de recuperación del predio cultivado en palma para escriturárselo a las 64 familias. Ahora la Fiscalía decidió declarar crimen de lesa humanidad el desplazamiento y las muertes que rodean la hacienda para que los hechos no prescriban. Paso a paso, los campesinos van recuperando sus tierras.
*Este artículo fue publicada originalmente el 14 de enero de 2018
