El paro no para en Cañasgordas, municipio del occidente antioqueño, donde sus campesinos dicen que no se oponen al desarrollo, pero desafortunadamente cuentan que este llega para los bolsillos de los privados (Cass, Integra o Valorar S.A.), de pronto para el sector público y nada para quienes toda su vida cultivaron y trabajaron la tierra que heredaron de sus ancestros, porque hoy están siendo expropiados o afectados por el depósito de material de la obra del Túnel del Toyo en veredas como Insor o Buenos Aires.
“A nosotros nos expropiaron hace dos años, el 2 de octubre salió una orden que se cumplía el dos de noviembre de 2020 y no nos han pagado el dinero, somos afectados por esta mega obra. No estuvimos de acuerdo con el término de la negociación porque no nos están pagando mil metros; hay muchas irregularidades”, asegura el campesino Cristian Sierra.
A él le pagaron el metro cuadrado a $39.000, siendo un predio suburbano, a mil metros del casco urbano. Hubo predios que pagaron desde 960 pesos el metro cuadrado hasta $51.000. Asimismo, Sierra cuenta que si va a comprar un predio con la plata que le están ofreciendo no le alcanzaría. Les están pagando una casa a campesinos a 38 millones de pesos, mientras que una casa de interés social en Cañas Gordas, está a 58 millones por la caja de compensación de Comfama. Aunque han tocado las puertas de la Gobernación de Antioquia, la Defensoría del Pueblo y en la Procuraduría, nadie ha sido capaz de ayudarlos.
La obra tiene que adquirir predios desde el año 2017 y viene ese proceso con la fase de preconstrucción, que es donde empieza a realizar la gestión predial. Es zona rural y hay una condición de informalidad en títulos de propiedad en muchos predios, algunos campesinos no tienen títulos, entonces el consorcio se ha aprovechado de esa condición para pagar unos montos menores por el hecho de que la gente no tenga un título formal.
A esta situación se suma el paro porque las veredas aledañas como Insor y Buenos Aires marchan porque a ellos les están acomodando el material de la obra y se entraron a la vereda a tirarlo sin haber realizado mejoramiento de vías y los campesinos, que no tienen que ver con la vía, son los que más están llevando del arrume. Tres años tuvieron para planificar y esta es la hora que apenas les ofrecen $500 por metro cuadrado, para ponerles los escombros de la obra.
“Estas vías no están pavimentadas y no están hechas para estas volquetas que comenzaron a trabajar por aquí, estamos exigiendo que se cumpla el plan de manejo ambiental. Ellos tienen el plan escrito, pero no se ha implementado. Han prometido proyectos productivos y a dos años no hay el primero y un colegio grande para estudiantes de muchas veredas, además hacen voladuras a cualquier hora del día, hay piedras que han dañado techos y ventanas. Yo vivo en la vereda Insor y trabajan hasta las dos de la mañana y uno no podía dormir por el ruido; siempre hay que poner quejas para que medio le bajen”, cuenta Juan David Muñoz, habitante de la vereda Insor.
Antes de iniciar el proyecto socializaron con la comunidad, dentro de ello se requerían unos requisitos para depósito de tierras que no se han efectuado. Con esto ya han hecho dos paros solicitando: pavimentación, no expropiación, pago justo, obras de contraprestaciones a las comunidades, alegando que todo queda escrito en el papel, pero no pasa nada. Adicionalmente, la gente de estas veredas está totalmente embotellada y sin un solo día de descanso por estos trabajos.
“A la familia Santamaría Arango, en la vereda Insor, las Farc les secuestró dos hijos hace más de una década, cuando operaba el 34 frente de esta guerrilla. Uno fue el exjugador de Nacional, Luis Carlos Santamaría; la familia pagó rescate y luego secuestraron al hermano Jaime Santamaría. Después volvieron a intentar secuestrar otra vez a Luis Carlos, pero este al no dejarse llevar, lo asesinaron”, cuenta un habitante de la vereda, quien prefiere omitir su identidad por seguridad.
Después esta familia se tuvo que desplazar, hay exiliados en otros países y ahora llega el Estado a realizar otra revictimización con complicidad de las entidades a hacerles una expropiación.
“Nosotros no nos oponemos a la obra del Túnel del Toyo, esta comunidad de Insor está a 5 km del portal del túnel y no pasa la vía siquiera por ahí, y es la comunidad más afectada porque pasan 20 volquetas trabajando desde las seis de la mañana hasta las nueve de la noche”, cuenta este habitante.
Por su parte, Gloria Santamaría expresa que: “Nos están expropiando indebidamente, a la familia Guzmán y a la familia Santamaría. Es un proceso indebido porque el consorcio Antioquia al mar sacó unas licencias sin el permiso de los dueños, en el mejor predio donde ellos quisieron depositar el material; quieren utilizar nuestros predios como escombreras”.
Ante las quejas de la comunidad y a la afectación ambiental, quisimos escuchar la versión de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia, pero al contarles sobre lo que acontecía con esta población jamás nos volvieron a responder.
