La discusión no es si Colombia debía o no hacer este tratado. En últimas, es un país soberano y como tal toma las decisiones que a juicio del establecimiento son las más acertadas para su norte.
La discusión de fondo es por tanto otra y se encamina al carácter legalmente discutible del texto del tratado (en su definición de territorios) y de una forma más reciente a la decisión colombiana de abrir una oficina de innovación y capital emprendedor en plena Jerusalén, ratificada en la mañana del 10 de agosto por el presidente Duque.
Maravilloso que se quiera abrir una oficina de este tipo, la cual seguramente ya tiene toda una agenda e infraestructura definida y no será una dependencia más en el exterior, con poco alcance pero a cargo del cada vez más austero presupuesto público. Excelente idea, pero, ¿por qué justamente en Jerusalén y no en Tel Aviv como manda el derecho internacional?
El gobierno colombiano puede dar todas las justificaciones del caso. Podrá decir que no está avalando las aspiraciones territoriales ilegales de Israel (las cuales son rechazadas por la comunidad internacional y ya tienen a cuestas un proceso bien avanzado en la Corte Penal Internacional), que esta decisión solo tiene “efectos comerciales y no políticos” o cualquier otro eufemismo; pero todo el mundo sabe que la realidad es otra.
Justamente el primer ministro israelí, en su discurso durante la apertura del TLC, se apresuró a afirmar categóricamente que agradecía esta decisión colombiana de abrir una oficina de representación en lo que Netanyahu describió como “Jerusalén, capital de Israel”.
Así las cosas, no cabe duda alguna que la decisión colombiana de abrir esta oficina en una Jerusalén que Israel insiste en catalogarla como su “capital única e indivisible” es un espaldarazo a una posición de Tel Aviv, frente a la cual, la comunidad internacional (excepto Colombia) no ha escatimado ocasión en denunciar y oponerse por ilegal.
Muy mal sabor de boca deja el anuncio de la apertura de esta oficina en Jerusalén, máxime cuando Colombia tiene una muy seria tradición legalista en el plano internacional.
Estas decisiones de política exterior (que acompañan el delito de un tercero) son inoportunas en cualquier momento, pero más ahora, cuando Israel ha sorteado presiones internacionales que le llaman a renunciar a su apetito usurpador de tierras palestinas y logró un cuasi consenso internacional en contra de Tel Aviv por el pasado anuncio de anexar aún más tierra palestina en el Valle del río Jordán y otros sectores de Cisjordania.
Jugada israelí que entre otras cosas implicó un solitario silencio colombiano, poniendo una vez más a nuestro país en contravía de la comunidad internacional.
Qué interesante resultarían las cosas si Colombia comprendiera que es mejor acompañar los consensos y no ir en su contra; pero aún más si se retornara a la muy provechosa Doctrina López, norte colombiano en lo relacionado con la ocupación israelí de Palestina durante casi seis décadas, sin meter al país en discusiones controversiales ni desgastes innecesarios.
