En la madrugada del 16 de octubre de 2002, la IV Brigada del Ejército entró a la Comuna 13 de Medellín cercándola desde abajo y abriéndole paso a 1.200 hombres de la Policía, Fiscalía y DAS. La operación estaba planeada milimétricamente con el objetivo de acabar con las milicias urbanas de la guerrilla: los Comandos Armados del Pueblo (Cap), el Eln y las Farc, quienes habían logrado asentarse en los 23 barrios de la comuna desde 1999. Álvaro Uribe Vélez, que se había posesionado como Presidente dos meses atrás, viajó a la capital paisa con su ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, para presidir el Consejo de Seguridad, desde donde ultimó y dirigió la intervención: la Operación Orión era una realidad.
Uribe, Ramírez, el general Mario Montoya, quien fue comandante de la Brigada del Ejército entre 2001 y 2003 y hoy pidió cupo en la JEP por los falsos positivos; Leonardo Gallego, entonces comandante de la Policía de Medellín hoy investigado por Orión y la operación Mariscal; y el alcalde Luis Pérez, hoy gobernador de Antioquia, se reunieron para ultimar los detalles de la operación militar más grande en una ciudad que también sería el broche de cierre de una serie de 5 intervenciones en los últimos seis meses: Otoño, Contrafuego, Mariscal, Potestad y Antorcha.
A pesar de que ya existían varias denuncias por desaparecidos, detenidos y muertos que habían dejado las operaciones anteriores, con la Orión, el presidente Uribe quiso ponerse al frente de un nuevo operativo y coordinar todos los detalles. A la cabeza estaba la primera mujer ministra de Defensa en la historia del país, por quien se la jugó Uribe para manejar su política de seguridad democrática.
Y mientras los militares cercaban las entradas de la comuna, por la parte de arriba entre los barrios las Independencias I, II y III; y El Salado, Don Berna y cientos de paramilitares más del Bloque Cacique Nutibara también se escurrían entre callejones y potreros para tomar el control de la zona. El 16 de octubre, por lo menos 88 personas fueron asesinadas, otras 300 desaparecidas y 350 personas detenidas ilegalmente. Una máquina de guerra se unió con las Fuerzas Militares para expulsar a los guerrilleros, y al mismo tiempo le pusieron una lápida a todo aquel que fuera sospechoso.
El Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por el asesinato de Ana Teresa Yarce y el desplazamiento María del Socorro Mosquera, Mery del Socorro Naranjo, Luz Dary Ospina y Miryam Eugenia Rúa, quienes fueron amenazadas por los paramilitares después de que mataron y desaparecieron a sus familiares. El caso, que se demoró 12 años en resolverse, determinó que efectivamente el Bloque de las AUC y las Fuerzas Armadas trabajaron en conjunto para tomar el control de la Comuna 13. El Tribunal de Justicia y Paz también retomó el testimonio de Don Berna, quien aseguro que “la comuna era el único sector que el Bloque Cacique Nutibara no había podido controlar antes”. Durante cuatro días las fuerzas militares y los paramilitares se tomaron los 23 barrios de la Comuna 13. Y aunque en el mes siguiente los allanamientos continuaron y cada día había un nuevo desaparecido, hoy todavía no se ha podido esclarecer con total claridad qué fue lo que pasó en Medellín.
La entonces Ministra de defensa Marta Lucía Ramírez, pidió desde el primer momento la intervención de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, pero esa decisión no frenó los abusos por parte de algunos uniformados en cooperación con los paras del Bloque Cacique Nutibara. Junto a Don Berna, varios jóvenes de la comuna patrullaron con pasamontañas, como lo determinó el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, para señalar e identificar a quienes consideraban milicianos o colaboradores de las guerrillas.
Marta Lucía Ramírez conoció los detalles de la planificación de la Operación militar, la implementación estuvo a cargo de los dos comandantes Montoya y Gallego, quienes están investigados por los desmanes de las acciones de uniformados. Como ministra de Defensa tuvo que poner la cara a los cuestionamientos de sectores de la opinión pública y de organizaciones defensoras de derechos humanos, incluidas las Naciones Unidas, en un caso que llegó a los estrados judiciales internacionales.
Seis meses después, el 5 de mayo de 2003, vivió uno de los días más amargos de su vida: en un rescate fallido habían sido asesinados por las Farc el gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y su consejero de paz, el exministro de defensa Gilberto Echeverri. La ministra se encontraba con el presidente Uribe en la inauguración del Batallón de Alta Montaña en los Farallones de Cali, cuando recibieron la aterradora noticia. Viajaron de inmediato a Antioquia, Uribe presidió una rueda de prensa en el aeropuerto José María Córdoba de Rionegro y luego el dramático funeral en la ciudad de Medellín cuando miles de personas despidieron a su gobernador y el querido consejero de paz.