En Colombia existe la posibilidad de que los niños y niñas pasen los primeros años de su vida dentro de cárceles con sus madres privadas de la libertad. Esto se debe al artículo 153 del Código Penitenciario y Carcelario, el cual considera que en esa primera etapa la relación materno filial es determinante. El cuidado entonces de los menores no depende solo de la madre, sino también del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), quienes tienen que velar por la integridad del menor hasta que cumpla los 3 años, día después del cual dejará de estar al cuidado de su progenitora y, por tanto, saldrá del centro penitenciario.
Esta situación tiene sus contras, puesto que se han visto casos en los que las condiciones de salud de los menores en las cárceles no son las mejores. Justamente, la Corte Constitucional revisó una tutela de una madre que denunciaba que las condiciones dentro del centro penitenciario no eran las adecuadas para su hija y que pedía salir de la cárcel por su condición de madre cabeza de familia. Algo que le fue negado por el tribunal competente.
No obstante, la Sala Segunda de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, a la cual pertenece el exsecretario Jurídico de Presidencia, Vladimir Fernández, aprovechó el precedente para recordar que las autoridades están en la obligación de atender las necesidades nutricionales y de otro tipo que puedan tener los menores dentro de los centros penitenciarios, no solo en los años que permanece dentro, sino también después de que salga. Sentencia en la que el ponente fue el magistrado Juan Carlos Cortés.
¿Quién es Juan Carlos Cortés González?
El abogado rosarista llegó a la Corte Constitucional en 2020 como reemplazo de Gloria Stella Ortiz Delgado después de haber sido ternado por la Corte Suprema de Justicia y de ganarle ampliamente en la votación en el Senado a Sonia Patricia Téllez Beltrán y a Bárbara Liliana Talero. Previamente había desempeñado varios cargos en entidades como el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación o la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes. Además, se le recuerda por haber sido uno de los impulsores de la séptima papeleta que le dio paso a la Constituyente del 91. Sin embargo, su punto máximo antes de llegar a ser magistrado fue ser viceprocurador durante el paso de Fernando Carrillo.
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