En junio de 2023 el presidente Gustavo Petro sancionó una Ley que busca proteger a los cuidadores de personas en situación de discapacidad. Proyecto que había sido aprobado en cuarto debate en el Senado de la República un mes atrás y que fue liderado por la representante a la Cámara bogotana de Cambio Radical, Ángela Sánchez. Algunos de los beneficios que obtuvieron los cuidadores después de esto fueron una mayor flexibilidad horaria en sus trabajos, la garantía de acceder a tratamientos de salud mental y física en sus EPS y facilidades tanto para emprender como para ingresar a cursos del SENA.
Sin embargo, aún con esta Ley en vigencia, la situación de los cuidadores en el país sigue siendo difícil habiendo una gran cantidad de ellos en el país sin ningún tipo de remuneración e incluso presentándose casos en los que los propios cuidadores también padecen de enfermedades que limitan su capacidad para llevar a cabo las actividades de la vida cotidiana.
Prueba de ello son las muchas tutelas que se presentan diariamente en las que cuidadores denuncian que a ellos o a las personas que tienen a su cargo se les están violando derechos fundamentales. Justamente, cuatro de esas tutelas fueron revisadas por la Corte Constitucional, lo que llevó a este organismo a jalarle las orejas al Ministerio de Salud.
La Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional revisó cuatro casos diferentes en los que se denunciaba que se había negado el acceso a tratamientos, que no se había enviado un cuidador externo o que no habían recibido entrenamiento para hacerlo correctamente. Ante esto y con el magistrado Antonio José Lizarazo como sustanciador, la entidad expidió una sentencia en la que le hace varias solicitudes a la cartera dirigida por Guillermo Jaramillo, la cual desde la Ley 2297 del 2023 estaba obligada a tener un registro para identificar a cuidadores o asistentes personales de personas con discapacidad.
¿Qué dijo la Corte?
Uno de los puntos incluidos en la sentencia consiste en los familiares de las personas que requieren un cuidador puedan ser contratados por las EPS para suministrar ese servicio de manera remunerada, recibiendo además un entrenamiento adecuado para ello con el fin de que no tengan que sacrificar ni su tiempo ni sus recursos económicos. El Ministerio de Salud tendrá que diseñar e implementar políticas publicas que cumplan este cometido.
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