El 20 de mayo de 2022, cinco días antes de la primera vuelta de la elección presidencial, el mayor general Ricardo Augusto Alarcón, director general de Antinarcóticos, recibió una carta en la que la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC) le pedía confirmar si estaba seguro o no de seguir adelante con la compra de una flotilla de aviones y helicópteros para su unidad. Su jefe en ese momento era el general Jorge Luis Vargas. No esperaron a conocer los resultados electorales que marcarían el cambio presidencial para proceder con el cuantioso negocio, aun a sabiendas que ni el Presidente saliente Iván Duque ni el candidato con mayores posibilidades de triunfo estaban en plan de comprar aviones para la policía.
En ese momento el presidente saliente Iván Duque y el entonces candidato Gustavo Petro se habían enfrascado en una polémica sobre la conveniencia del gasto, a partir de versiones según las cuales Colombia estaría interesada en comprar el lujoso avión Embraer que la Presidencia de Ecuador se negaba a usar por sus elevados costos de Mantenimiento.
“Durante lo que resta de mi gobierno no compraré un solo avión más”, aseguró Duque y lo tajante de su afirmación puso en duda el proceso de incorporación de aviones y helicópteros requeridos por la Policía para reforzar sus operaciones de erradicación de coca y combate a las mafias del narcotráfico.
Según información acopiada en un extenso informe de Auditoría de la Contraloría General de la República, el director de antinarcóticos no solo decidió seguir adelante con las compras, sino que modificó sobre la marcha el plan de adquisiciones y no reportó la información durante el proceso de empalme.
En lugar de seis aviones y helicópteros Black Hawk requeridos para el transporte de hombres y equipos, dispuso la adquisición de un avión ejecutivo fabricado por la firma brasilera Embraer, impulsado por motores Roll Royce y con capacidad para solo trece pasajeros –eso así, cómodamente sentados- que habría de Costarle al país US$12,1 millones.
Aunque las reglas vigentes le hubieran permitido hacer la compra directamente o a través del Fondo Rotativo de la Policía, Antinarcóticos decidió contratar para el negocio intermediarios que necesariamente encarecerían la operación.
Contrató al Consorcio Aeronaves PNC, conformado por RIO SUR SAS, CONSTRUCCIÓN EMPRESA Y PROYECCIONES PARA EL DESARROLLO SAS e INGEAMBICOL. “El vendedor –decía la cláusula respectiva- se obliga a vender y entregar a entera satisfacción, a la CIAC S.A. con destino a la Policía Nacional como propietario final, una aeronave LEGACY 600 aeronavegable.
Podría afirmarse que la operación pasó por encima de dos presidentes: Duque, que desautorizó más compras aviones y Petro que no fue informado, ni durante el empalme ni después de su posesión, de un negoció que terminó de cerrarse a finales del año pasado.
El avión fue ensamblado en Letonia
El 25 de junio, trece días antes de la posesión de Petro, los oficiales que supervisaban el contrato y los integrantes del Comité Técnico, viajaron a la ciudad de Riga, en Letonia, a una “visita de pre-recibo” de la nave. Hacia el 7 de agosto, día de la posesión presidencial, ya estaba autorizado el traslado al taller de pintura para el cambio de diseño exterior por los logos institucionales de la Policía Nacional de Colombia y su posterior desplazamiento hacia la ciudad de Bogotá.
La Contraloría detalla en su informe que, el 10 de octubre de 2022, la CIAC S.A. y el Consorcio Aeronaves PNC, suscribieron el Modificatorio No. 1 al Contrato de Compraventa No. GRAJU-0092022 para la adquisición de avión ejecutivo tipo jet marca Embraer Legacy 600. Las condiciones del negocio parecían complicarse.
El vendedor manifestó la imposibilidad de dar cumplimiento con la entrega de la aeronave dentro del plazo previsto en el contrato inicial y argumentó “circunstancias de fuerza mayor como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania que han dificultado la cancelación de la matrícula de la aeronave en el país de origen”.
“Frente a este argumento –advierte la Contraloría- no se observaron documentos que permitan evidenciar claramente las circunstancias de fuerza mayor esgrimidas por el proveedor”. Adicionalmente, el entrenamiento de la tripulación solo podría llevarse a cabo a partir del primero de noviembre de 2022.
Las condiciones de pago, que se harían a través de un agente fiduciario, fueron prácticamente improvisadas sobre la marcha: Un 50% del valor total del contrato como pago anticipado, por la suma de seis millones ochenta mil dólares americanos ($ USD 6.080.000) y un pago contra entrega por la suma de cinco millones ochenta mil dólares ($ USD 5.080.000), cuyo desembolso será autorizado por la CIAC S.A.
La @CGR_Colombia estableció presunto detrimento patrimonial de 12 millones de dólares por la compra de un avión tipo VIP para la Policía. La aeronave no es apta para transportar tropa y el valor pagado sería mucho más alto que el de un avión similar adquirido por la FAC. pic.twitter.com/XZ1CvLXgMd
— Contraloría General (@CGR_Colombia) February 19, 2023
La denuncia la hizo pública Luis Eduardo Parra, el contralor delegado para las Fuerzas Militares
La Contraloría no encontró coherenciaentre la adquisición de este tipo específico de aeronave y los postulados del Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública, adoptado mediante Resolución 7144 de 2018 del Ministerio de Defensa Nacional.
El documento, en el cual se basó el negocio, se denominaba “Estudio de Factibilidad Fortalecimiento y Adquisición Aeronaves para la Policía Nacional”, contemplaba originalmente que la Aviación Policial debería crecer en las siguientes aeronaves durante los años 2015 al 2030: un Helicóptero Black Hawk, Helicóptero Bell 407, Avión Cessna Caravan EX, Avión ATR 42-600, Avión King 350 Ambulancia y Avión King 350 Inteligencia. No contemplaba en absoluto la adquisición de aviones ejecutivos tipo jet marca Embraer.
De acuerdo con el ente de control fiscal, “las condiciones de negociación llevaron a que el valor final de la aeronave en pesos, calculado con la tasa de cambio proyectada para la evaluación de la propuestas ($4.100 pesos por dólar), y que equivaldría a cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta y seis millones de pesos ($49.856.000.000), excede en nueve mil ochocientos cincuenta y seis millones de pesos ($9.856.000.000), el valor unitario para la adquisición de aeronaves embraer legacy contemplado en el esquema de financiación del proyecto de inversión fortalecimiento de las misiones aéreas policiales en el territorio nacional.
Operaciones secretas y sobrecostos cubrieron de opacidad un negocio hecho a espaldas de dos presidentes.
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