El programa de gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, que deberá ser base del Plan Nacional de Desarrollo, tiene en su centro una agenda ambiental de avanzada en la que destaca la propuesta de una transición energética desde el desescalamiento gradual de la dependencia de los combustibles fósiles. En esta discusión, el tema del gas ha sido el más controversial. En buena parte de las intervenciones del presidente y la ministra de Ambiente, el posicionamiento frente al nocivo papel de este combustible fósil en la crisis climática, ha sido claro. Ante Naciones Unidas en el “Foro de Resiliencia y la Carrera hacia el Cero”, al referirse a la urgencia de “resolver el desastre climático” enfrentándose al lobby de la industria fósil, Petro aseveró: “y es que Europa occidental fue incapaz en los tiempos que tenía de liberarse e independizarse del gas. Y el gas es un combustible fósil así la resolución de la Unión Europea diga que ahora es un combustible limpio. Eso no hace que no sea un emisor de gases de efecto invernadero”. Frente al mismo tema, la ministra Susana Muhamad declaró: “El gas natural no detiene el cambio climático. Hay que escuchar más a la ciencia y menos a los intereses económicos”.
Sin embargo, uno de los puntos fundamentales del documento publicado por el Ministerio de Minas y Energía como marco de lo que sería la hoja de ruta de la transición, habla del gas como “articulador” de esta, con características “de impacto ambiental menores a los otros hidrocarburos”. Además, dentro de los llamados programas estratégicos, se menciona como punto 3 el “Gas natural para la transición energética justa en Colombia”, acorde con los anuncios de nuevas reservas de gas en aguas del Caribe en los pozos Uchuva-1 y Gorgon 2, y en Córdoba con los pozos Brujo 1 y Mágico 1. La narrativa del “gas para la transición”, que parece colarse en algunos espacios del gobierno impulsada desde la Asociación Colombiana del Petróleo y Naturgas, contrasta con la postura de la conservadora Agencia Internacional de Energía, consejera sobre política energética de la OCDE. En su último informe “World Energy Outlook 2022” reafirma su conclusión de 2021 cuando establecía que no superar los 1,5°C solo es posible "sin nuevos campos de petróleo y gas natural”, dejando claro que las perspectivas del gas se deterioran en todos los escenarios analizados ante la actual crisis energética; evidencias económicas contra la expansión del gas, además de las climáticas.
En línea con el llamado a escuchar a la ciencia y no a los gremios petroleros de la ministra Muhamad, el informe citado establece que las emisiones asociadas al uso de carbón, petróleo y de gas a nivel global en 2021 fueron 15.1, 10.8 y 7.5 Gt CO2 respectivamente, con un aumento con respecto a las de 2010 de 10% para carbón, 1% para petróleo y 23% para el gas. Para la misma agencia, de los 135 millones de toneladas de metano (principal componente del gas, con un potencial de calentamiento 86 veces mayor al CO2 en un horizonte de 20 años) que se fugan al año a la atmósfera, 39 millones de toneladas corresponden al proceso de extracción de gas, lo que implica 3,3 Gt CO2 adicionales. Estas cifras deben dejar claro que el gas, lejos de ser un combustible “limpio”, contamina tanto como el carbón y el petróleo y la intensificación de su uso nos llevaría a hacer aún más devastadores los efectos de la crisis climática. Por eso, como detalla en la revista Nature un grupo científico del University College London, incluso el 59% de las reservas de gas probadas a 2018, deberían dejarse enterradas.
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Mientras las renovables se hacen más competitivas, los campos de gas, gasoductos y terminales de gas licuado operarán a tasas más bajas y precios más bajos, reduciendo o anulando los rendimientos de la inversión
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La transición energética fuera de las fósiles, incluyendo el gas, encuentra pleno respaldo no solo en la ciencia climática: también en la económica. Análisis del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD por sus siglas en inglés), muestran que hay dinero disponible para la transición, pero es imperativo que los gobiernos habiliten entornos para redirigir los flujos de capital, tanto públicos como privados, en esta dirección. Este giro no es solo deseable si no el más responsable desde la perspectiva fiscal. El desarrollo de nuevos campos de gas, y en gran medida los de costa afuera (offshore) con dificultades técnicas, ambientales y costos adicionales, son inversiones extremadamente riesgosas. De acuerdo al mismo reporte con la descarbonización global, la infraestructura de gas sufrirá amortizaciones, devaluaciones o conversiones a pasivos imprevistas o prematuras donde los gobiernos tendrán que asumir las pérdidas sobre el capital invertido. A medida que las renovables se hacen aún más competitivas, los campos de gas, gasoductos y terminales de gas licuado operarán a tasas de utilización más bajas y precios más bajos, lo que reduce o anula los rendimientos de la inversión. En palabras del presidente Petro al referirse al lobby de la industria fósil y su poder para causar “una enorme irracionalidad política”: “no hagamos como el avestruz y enfoquemos el problema como toca”.
