El procurador Fernando Carrillo le escribió está carta al presidente Iván Duque en donde le expresa su preocupación por la desaparición de 6 excomandantes de las FARC (aunque hay versiones de que serían ocho los comandantes que dejaron las zonas veredales: El Loco Iván, Fabián Ramírez, Romaña, Iván Márquez, El Paisa, El Zarco Aldinever, Albeiro Córdoba, Iván Ali) que residían en varias zonas del sur y oriente del país y quienes respondían por casi 1.500 guerrilleros concentrados. Esta es la carta:
Bogotá, 7 de septiembre de 2018
Doctor
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
Presidente de la República
Ciudad
Respetado señor Presidente:
Con enorme preocupación la Procuraduría General de la Nación ha recibido el comunicado de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, según el cual “en las últimas semanas seis dirigentes de cuatro Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y de un Nuevo Punto de Reagrupamiento (NPR) en el suroriente del país tomaron la decisión de dejar estos espacios y abandonar sus responsabilidades con aproximadamente 1.500 excombatientes que residen allí”.
Se trata, sin duda, de una grave alarma de la comunidad internacional sobre la fragilidad del proceso de paz y la urgente necesidad de salvaguardar lo acordado, para impedir que Colombia regrese por los senderos de la guerra. Se hace prioritario que esos dirigentes de las FARC demuestren con hechos su voluntad de “contribuir activamente a garantizar el éxito del proceso de reincorporación”, como es el mandato de los acuerdos. Es equivocada la estrategia de silencio de estos seis líderes reincorporados, que contribuye a minar la confianza nacional e internacional en la paz, por la que tantos años hemos esperado. La reconciliación es el mayor logro de una sociedad democrática que transita hacia la modernidad, el progreso, la justicia y la equidad.
Se hace urgente la acción del Estado para garantizar que quienes han creído en la paz y entregaron las armas, se mantengan dentro del proceso de reincorporación. Hay que dar garantías permanentes de que las partes cumplen los acuerdos y dejar sin asidero los cuestionamientos de quienes han faltado a su palabra y parecieran estar alejándose de lo pactado.
La Procuraduría exhorta con carácter prioritario al Gobierno Nacional para definir y presentar una ruta de cumplimiento de lo pactado para la reincorporación efectiva de los miles de excombatientes, mediante una acción social, económica y política que consolide en los territorios la reconciliación y espante los nubarrones que amenazan con devorarse lo avanzado. Las comunidades que durante más de 52 años fueron golpeadas por el conflicto armado y tienen miedo de caer nuevamente en este espiral de violencia, que puede volverse inatajable e irreversible.
En ese sentido, el Ministerio Público hace un llamado para que se avance en la implementación de las medidas acordadas en el CONPES 3931 de junio de 2018 y demás decretos correspondientes, relacionados, en particular, con los mecanismos y recursos para la estabilización y proyección económica de los ex combatientes de las FARC.
Exhortamos al Gobierno Nacional, igualmente, a tomar decisiones sobre el funcionamiento de la Comisión de Seguimiento a la Implementación y Verificación del Acuerdo Final y el Consejo Nacional de Reincorporación, CNR. En momentos de crisis debe ser fortalecida la institucionalidad, para resolver diferencias o dificultades y consolidar la reconciliación. Un Estado fuerte, actuante y coordinado impedirá que la paz se nos vaya de las manos.
En el mismo propósito, es imprescindible que se presenten muestras fehacientes por parte de los excombatientes sobre su voluntad de permanecer fieles al cumplimiento de lo acordado y evitar los mensajes de desintegración que confunden al país. Esa es la prueba de fuego del proceso.
La Procuraduría General de la Nación como vocera de la sociedad, tiene la misión de hacer seguimiento y vigilar los desarrollos de lo acordado, en especial la garantía de protección a las vidas de los excombatientes. En ese sentido, celebramos su compromiso, en el marco de la Mesa por la Vida de Apartadó, de garantizar el relanzamiento de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para que se cumpla el Plan de Acción dirigido a combatir y desmantelar a las organizaciones criminales que atentan contra los líderes sociales, autoridades étnicas y personas defensoras de derechos humanos. Sabemos de su determinación en este campo, en el cual el país espera resultados inmediatos para detener esa máquina de exterminio contra el liderazgo social en Colombia.
Del señor Presidente,
FERNANDO CARRILLO FLÓREZ
