Obras se han inaugurado muchos años después del plazo fijado (si es que no quedan como elefantes blancos); cuando al fin son “inauguradas” aunque estén incompletas con gigantescas placas conmemorativas resaltando los nombres de los gobernantes de turno, evidencian fallas estructurales en su construcción, sin que las hayan detectado los interventores, las Contralorías, Procuradurías, Fiscalías y veedurías ciudadanas encargadas de vigilar la correcta inversión de los presupuestos y la ejecución según los diseños, calidad y costo de los materiales y tiempos fijados para sus entregas.
Obedecen a un patrón de contratación y conducta generalizada en el país desde hace décadas y aunque también tiene que ver con contratos adjudicados por el gobierno nacional, mediante la manipulación de licitaciones, se ha exacerbado después de la elección popular de alcaldes y gobernadores, cuando mafias financiadoras de campañas y grupos de parapolíticos y guerrilleros se apoderaron de algunas administraciones.
Para no hablar de la fallida reconstrucción de Mocoa, los sobrecostos en las casas de la isla de Providencia, los puentes caídos y corrugados, el túnel de la Línea o el escándalo de Odebrecht en la carretera a la costa Atlántica; en el Cauca tenemos numerosos ejemplos de este fenómeno: la demora en la primera etapa de construcción de la calle 5ª y la carrera 6ª, adjudicadas desde Bogotá a contratistas que iniciaron el Plan de Movilidad de Popayán, en la alcaldía de Francisco Fuentes; plan que todavía está en ejecución, sin que los transportadores quieran unirse para conformar una sola empresa de transporte público urbano con buses modernos; el acueducto de Mercaderes, la patria chica del exgobernador y exsenador Temístocles Ortega, que por fallas estructurales no sirvió después de invertir cerca de $8.000 millones; el megacolegio del colegio de El Plateado, corregimiento de Argelia; el hospital Regional de segundo Nivel de Santander de Quilichao, financiando con cerca de $33.000 millones del contrato Plan del Norte del Cauca, iniciado en el segundo gobierno de Santos como refuerzo al proceso de paz, y que según investigación del periódico Proclama del Cauca, fue adjudicado a un contratista con “envidiable” record de incumplimiento y manejo dudoso de presupuestos en varias regiones del país y cuyo principal atributo es ser recomendado de Dilian Francisca Toro, dirigente del partido de la “U”.
De esta lista no se escapa el nuevo acueducto regional del Norte del Cauca, tomando aguas del río Guengue, que, como también investigó Alfonso Luna, director de Proclama del Cauca y Valle, al que después de invertir cerca de $40.000 millones, siguen haciéndole adiciones presupuestales y no funciona, con el antecedente negativo en la misma región, de haber dejado botado lo construido desde 1985 en el acueducto regional, que tomando aguas no contaminadas de la cuenca media del río Palo, fue diseñado para suministrar agua potable a Puerto Tejada, Guachené, Villarrica y veredas cercanas.
Para las sanguijuelas que se acostumbraron a succionar los presupuestos de las obras públicas, no les interesa tanto que las obras cumplan su función en beneficio de las comunidades.
Más vale, las utilizan como un pretexto para jalonar multimillonarios recursos después de crear la necesidad, apoderarse de contratos mediante licitaciones manipuladas, recibir jugosos anticipos, repartirse porcentajes entre la cadena que deslecha el presupuesto, al estilo que manejó el pillado senador caldense Mario Castaño, con socios en el Cauca; y después: hacerse los locos, buscando excusas climáticas, de salud, de orden público, etc, para justificar endémicas demoras y exigir adiciones multimillonarias, mientras por debajo de cuerda, tranzan a funcionarios interventores o de organismos de control encargados de vigilar la correcta inversión y ejecución de las obras en las condiciones técnicas y plazos pactados.
Al final, cuando exprimieron la teta pública, quieren evadir responsabilidades cediendo el contrato a un tercero.
Es un círculo vicioso que ojalá logre romper el actual gobierno que llega con la consigna de hacer grandes transformaciones en la estructura del Estado y en la forma de gobernar, manejar los recursos públicas, ejecutar proyectos y obras de beneficio comunitario y productivo y poner a funcionar a la Contraloría, Procuraduría, Fiscalía y las Veedurías en la defensa de los recursos públicos y contra la corrupción institucionalizada.
