La anterior presidenta de Corficolombiana, la exminsitra María Lorena Gutiérrez, quien es ahora la presidenta del Grupo Aval –ambas compañías de propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo- intentó sin éxito deshacerse del tramo Mulaló-Loboguerrero de la vía hacia Buenaventura que lleva más de una década sin poder arrancar.
Esta obra, otorgada bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP), buscaba la conexión de los Puertos de Buenaventura con las Zonas Industriales del Valle del Cauca, para lograr una reducción de 52 kilómetros de recorrido comparado con la ruta actual entre Yumbo - Mediacanoa - Loboguerrero. El proyecto lograba, en total, una disminución en el tiempo de viaje entre ambos lugares de una hora. Covimar denominó el proyecto “La Ruta de los vientos” pues es un corredor ambiental, turístico y cultural con terrenos cálidos y montañas majestuosas bañadas por tres importantes cuencas hidrográficas: rio Mulaló, rio Bitaco y rio Dagua.
Covimar, que pertenece a Corficolombiana, indicó que desde que fue suscrito el contrato de concesión con la ANI en enero de 2015, ha intentado llevar a cabo su construcción exclusivamente usando recursos provenientes de aportes de capital de los socios, que hoy superan ampliamente el monto mínimo establecido en el Contrato. Realizó las actividades de la Fase de Preconstrucción, incluyendo estudios y diseños, fondeos contractuales, adquisición de predios, compensaciones ambientales, gestión de redes, interventoría, supervisión, programas sociales, pagos al tribunal de arbitramento, entre otros.
El proyecto que intervenía ricos ecosistemas tuvo una continua oposición de algunas comunidades al trazado del proyecto vial definido por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), además la licencia ambiental, requerida para ejecutar el proyecto, tardó seis años en ser otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. Situaciones, que como fue reconocido por un Panel de Amigables Componedores, figura prevista en el contrato, causó significativos retrasos en la ejecución del contrato.
Covimar, decidió entonces solicitar el 12 de agosto de 2021, ante un Tribunal de Arbitramento, la terminación anticipada del Contrato. Un informe técnico realizado durante el Gobierno del Presidente Duque, el primer semestre del año 2022, donde tomaron parte la Procuraduría, la Contraloría, la ANI y Covimar, demostraron que, por la demora en el otorgamiento de los permisos necesarios, se manifestaba un desequilibrio del contrato y como consecuencia se hacía necesario el aporte de recursos adicionales por parte de la ANI. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda, ante solicitud escrita de la ANI, en el 2022, le expreso la imposibilidad de aportar estos recursos para la ejecución de la obra.
En abril de 2023 se expidió un laudo que negó la terminación anticipada del contrato, y Covimar quedó con la obligación de continuar con la obra. El Tribunal consideró que debía reestablecerse el equilibrio económico del contrato, no destruir el vinculo contractual. Ante esto, Covimar convocó un nuevo tribunal que ordenara el restablecimiento de la ecuación económica y, de no ser posible, que declarara su terminación anticipada.
Puede leer también: Sarmiento Angulo se fue a pleito para zafarse de la 4G Mulaló- Loboguerrero en la ruta a Buenaventura
Un pleito entre Corficolombiana y la ANI durante tres gobiernos y que no termina
Esta obra de 32 kilómetros, clave para poder conectar al interior del país con Buenaventura, el puerto más importante del Pacífico colombiano fue entregada en el gobierno Santos, continuó con Duque y ahora lleva dos años de Petro sin encontrar solución.
La ANI ahora con un tercer gerente desde el 5 de marzo, Oscar Javier Torres. continúa sin reconocer abiertamente la existencia de un desequilibrio económico del contrato, aún cuando en el año 2024, realizó una nueva solicitud de recursos adicionales al Ministerio de Hacienda, que fueron nuevamente negados por falta de recursos presupuestales. Ante esto, el concesionario acordó con la ANI y el Ministerio de Transporte que en el Tribunal de Arbitramento actualmente en marcha, se tratará de conciliar la terminación del contrato, para lo cual existen recursos de $ 2,2 billones disponibles en el patrimonio autónomo a cargo de la ANI, fruto de las Vigencias Futuras aportadas por la Nación.
Es a estos recursos a los que se refiere el presidente Petro: “Quiero que se investigue por qué salieron $ 270 mil millones del presupuesto de Hacienda para pagar la concesión que no existe de Mulaló-Loboguerrero en el Valle del Cauca”. Monto que parecería ser lo que Covimar reclama, pero como ha indicado, a la fecha, no ha recibido.
