Un contrato clave por $23.580 millones fue firmado en mayo de 2014 por el Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) y el consorcio HIdrotanques, que debería servir para garantizar el servicio de agua a 20 años, en principio a 850.000 personas que habitan en el suroccidente de la ciudad y en los municipios cercanos de Soledad, Galapa y Malambo.
La obra contempló el montaje de un tanque pernado con capacidad de 25.600 metros cúbicos, el reservorio más grande de Latinoamérica a decir del alcalde barranquillero, Alejandro Char y el entonces vicepresidente de la República, German Vargas Lleras, cuando visitaron la obra en febrero de 2017, justo dos años después del inicio de unos trabajos que tenían un plazo de 10 meses.
Hidrotanques es un consorcio conformado por el contratista Carlos Vengal Pérez, el mismo que hizo las obras de canalización de la calle 84, y la firma PVC SAS (las siglas del nombre de Vengal, al revés). Hoy está en medio de líos judiciales, problemas con proveedores, disputas con la comunidad y un sinnúmero de problemas que ponen en duda que pueda cumplir con lo contratado.
Este llamado ‘megatanque’ se ha convertido en un dolor de cabeza para muchas personas, entre ellos los comerciantes del barrio 7 de abril —por donde pasan las tuberías que hasta ahora no les ha dado ningún beneficio— que decidieron en medio del desespero interponer en mayo pasado una seria queja a la Procuraduría General contra la Administración y el contratista.
El dolor de cabeza lo comparten Jaime Berdugo, director de la AMB, el alcalde Char y el contratista Vengal, así como el ministro de vivienda Johananttan Malagón quien heredó un lio que tiene comprometidos $ 12.800 millones de la cartera que dirige.
La historia
Embargos de proveedores, supuestos pagos irregulares, recibos con la sigla CVY —que puede significar “como voy yo”— hacen parte de un sainete que convirtió este megaproyecto en una verdadera torre de babel, que está bajo la lupa de los organismos de control.
En esta historia entra, como pieza clave, Luis Guzmán Chams, un prestamista que supuestamente le proporcionó al contratista Vengal $2.900 millones y luego otros $1.000 millones para capitalizar el proyecto.
A mitad de la ejecución se habrían empezado a dar movimientos, por lo menos, extraños, en los que Guzmán habría pasado a socio de facto de Vengal cuando este no pudo responder por la millonaria suma adeudada, la cual todavía no se conoce en qué fue invertida.
Al menos, esa es la versión que han entregado Vengal y su —hasta hace algunos meses— abogado Alfonso Camerano, cuando el primero fue demandado en 2017 por Guzmán Chams y buscó embargar sus cuentas y las del consorcio para recuperar su dinero.
Es aquí donde se dan serios señalamientos por pago de coimas que se verían reflejados en los supuestos comprobantes de egreso provenientes de las cuentas de Hidrotanques bajo el concepto CVY y apellidos que los vinculan con funcionarios de la AMB, que incluyen al director Berdugo, y que constan com parte de uno de los expedientes de las demandas contra el consorcio.
La defensa de Vengal ha planteado que dichos recibos, que llevaban anexos jugosos cheques, estaban a nombre del prestamista —y así es—, a quien señalan de cobrarse por derecha. Sin embargo, Guzmán continúa reclamando su capital en los estrados en medio de un engorroso proceso judicial y está a la espera de que la Fiscalía lo llame a declarar.
Lo extraño, así las cosas, siguen siendo las anotaciones de pago CVY junto con los apellidos, algo que está en manos de la justicia, que debe esclarecer las escandalosas implicaciones que suscita.
En medio de este verdadero chicharrón se conoció una declaración del abogado Camerano en la que parece acusar directamente al director de la AMB, de quien dice que él directamente le indicaba a la contadora de Hidrotanques a quien debía dirigirlos, pero que finalmente Berdugo los cobraba.
Camerano dijo estas palabras en una audiencia de febrero pasado ante el Consejo Seccional de la Judicatura, en Barranquilla, cuando Guzmán Chams lo acusó de ejercer su profesión luego de haber sido asegurado un mes antes por la justicia, por cuenta de la presunta comisión de un delito electoral en Cartagena: habría favorecido a n candidato al Concejo desde su posición como registrados ad hoc.
Más líos
Lo cierto es que han pasado cuatro años y ocho prorrogas y el tanque aun no se pone en servicio. La queja de los vecinos del tanque habla de presuntos pagos ilegales al contratista con actas parciales sin el lleno de requisitos y a las espaldas de la interventoría, ejercida por la misma AMB.
El proveedor O-tek, por otra parte, embargó al consorcio en el Juzgado 9 Civil del Circuito de Barranquilla por $1.190 millones. Esa empresa instaló el tanque, que funciona por gravedad, y proveyó las tuberías y válvulas para su correcto funcionamiento.
En una comunicación, la firma señaló que, un año después de entregar el depósito de agua, sin que haya operado un solo día, no puede hacerse responsable de su estructura, aunque expresó que, si el consorcio se pone al día, acompañará las pruebas de llenado que todavía no se realizan.
Otro personaje que aparece mencionado y a quien piden citar ante la justicia, es Héctor Amaris, a quien en un citatorio firmado por Camerano le endilgan el alias de ‘Oso Joggi’ Él ha sido director del Foro Hídrico, asesor de la Alcaldía y es amigo entrañable del alcalde Char, por vía de su esposa. El abogado pide al juez preguntarle por qué recibió $1.300 millones y luego otros $1.000 más.
Una ‘pata’ más que le sale a este caso es la solicitud de la AMB al Ministerio de Vivienda para invertir $5.000 millones de pesos adicionales, que pondría la Alcaldía de Barranquilla (la ciudad ya puso $7.200 millones y el proyecto total cuesta hasta ahora $32.000 millones) para tratar la inestabilidad del terreno, ubicado en el cerro Sevilla.
Barranquillero que se respete y que haya vivido los sobresaltos de la Avenida Circunvalar, que corre en las cercanías, sabe que las zonas de ladera en el suroccidente de la ciudad se hunden, son inestables y empeoran con la infiltración de agua lluvia. Así lo afirma hasta el Plan Departamental de Gestión de Riesgo, en el que participó el mismo Berdugo durante la gobernación de José Antonio Segebre.
Si ello ocurre con las vías y las viviendas, causa mayor preocupación un enorme tanque de agua que pesa, una vez lleno al tope de su capacidad, unas 25.000 toneladas. La cuestión es ¿por qué la preocupación por la estabilidad del terreno no ocurrió antes de la construcción?
Lo único real es que la obra no contemplaba prorrogas y lleva ocho, su atraso ya cumple cuatro años y mientras tanto una ciudad abrazada por el caudaloso río Magdalena no cubre su demanda de agua y corre el riesgo de morir de sed.
